A lo largo de la última década, la corrupción en América Latina se ha transformado en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, a raíz de diversos escándalos en la región tanto en al ámbito público como privado. De acuerdo a Transparencia Internacional, más del 60% de las personas encuestadas percibió que los niveles de corrupción aumentaron durante el 2017 y un 50% estimó que los gobiernos no adoptaron las suficientes medidas para hacerse cargo de esta problemática.
Chile no ha estado ajeno a este fenómeno. Luego de sucesivos escándalos relacionados con el financiamiento de campañas políticas, en abril de 2015 el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet impulsó la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política (“APT” o “Agenda”), compuesta por 18 medidas legislativas y 14 iniciativas administrativas destinadas a establecer un nuevo marco regulatorio para mejorar la calidad de la política y el ejercicio de la actividad pública. La APT incorporó iniciativas tendientes, además, a dotar de mayor transparencia la relación entre el sector público y privado, como el financiamiento de la actividad política y las nuevas reglas en el ámbito electoral.
El propósito del presente estudio es identificar las variables críticas de economía política que incidieron en el proceso de gestación, diseño e implementación de la Agenda. A través de un análisis cualitativo mediante entrevista a actores relevantes del proceso, el presente documento identifica diez hallazgos que intentan explicar qué factores fueron determinantes para introducir y avanzar en un nuevo marco de integridad pública y privada. Estos hallazgos se relacionan con la relevancia del liderazgo presidencial, el apoyo político transversal y las capacidades mínimas que debe contar el Estado y sus organimos para la adecuada implementación de las iniciativas, entre otros.
Utilizando criterios en torno a los cuales abordar el análisis, como son el rol desempeñado por los distintos actores, las interacciones durante el proceso, los factores que dieron viabilidad política a la APT y la sostenibilidad en el tiempo de este tipo de reformas, el documento deja de manifiesto cuáles fueron los elementos facilitadores y lo nudos críticos en la formulación e implementación de la Agenda de Probidad y Transparencia.
Del mismo modo, el estudio hace referencia a reformas de administraciones anteriores, como punto de referencia para los esfuerzos actuales y base de comparación en cuanto a la extensión y profundidad de las agendas. A modo de ilustrar los hallazgos identificados en el estudio, se analiza en particular la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses como una de las medidas emblemáticas de la APT, dando cuenta de su discusión legislativa y alcance.
Finalmente, el presente trabajo plantea algunas reflexiones hacia el futuro, en términos de darle continuidad a iniciativas de transparencia y probidad, más allá que surjan como respuesta a crisis políticas derivadas de actos de corrupción.
Esperamos que este documento contribuya a la construcción de procesos similares como caso de estudio en otros países de la región, en sus propios esfuerzos de desarrollar agendas anticorrupción que permitan ir recuperando los niveles de confianza y legitimidad de las instituciones. Asimismo, el estudio pretende colaborar en los esfuerzos de Chile de cara a la consolidación de las reformas iniciadas y al desarrollo de nuevas iniciativas que sigan abonando a la solidez institucional del país.