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No permitamos que Ortega consolide su dictadura

El régimen autoritario de Daniel Ortega llevará a cabo este domingo una farsa electoral mediante la cual obtendrá su cuarto mandato consecutivo y continuará avanzando con su proyecto de consolidar una dictadura familiar para perpetuarse en el poder indefinidamente. Se trata de un proceso electoral viciado, que tiene lugar en un contexto político de fuerte represión, con todos los espacios de oposición democráticos cerrados, carente de las garantías básicas de integridad electoral y sin la presencia de observadores internacionales confiables. Estamos ante unas “elecciones” sin legitimidad ni credibilidad, cuyos resultados deben ser desconocidos dentro y fuera de Nicaragua.

Una elección amañada

Desde el fin de la dictadura somocista (1979) y hasta 1990 la democracia nicaragüense fue incipiente. Los tres gobiernos que sucedieron a Ortega después de su derrota en febrero de 1990 – Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños – no lograron consolidar una democracia estable y de calidad. Y, a partir del regreso al poder de Ortega en 2007, la situación se fue deteriorando gradualmente hasta el estallido social de abril de 2018, oportunidad en que el régimen reaccionó con ferocidad, provocando graves violaciones a los derechos humanos y el asesinato de 328 manifestantes; crímenes que siguen impunes.

Desde entonces, todo ha sido cuesta abajo. A medida que se acercaba la fecha de las elecciones, la dictadura de Ortega-Murillo fue intensificado la ofensiva autoritaria, deteniendo ilegalmente a 39 líderes de diversos sectores, incluidos los siete aspirantes presidenciales de oposición y cancelándoles la personería a los tres principales partidos de oposición. A lo anterior debemos sumarle numerosas medidas arbitrarias en contra de la oposición, adoptadas por un Consejo Supremo Electoral que está bajo control absoluto del oficialismo.

La situación en materia de derechos humanos es igualmente dramática, con recurrentes actos de violencia y acoso contra defensores de derechos humanos, ataques a la libertad de expresión, asociación y manifestación, todo ello agravado por un Estado policial, la falta de independencia del Poder Judicial y los altos niveles de impunidad estructural.

¿Qué hacer después de la farsa electoral del 7 de noviembre?

La responsabilidad principal en la lucha por la recuperación de la democracia recae en los actores nacionales quienes deben lograr un mínimo de convergencia y unidad de acción frente a la dictadura que seguramente tratará, post-elecciones, de manipularlos y dividirlos. Sin embargo, dado los brutales niveles de represión, el papel de la comunidad internacional es igualmente crítico.

Estados Unidos, Europa, Canadá y los países latinoamericanos deben denunciar esta farsa electoral, desconocer sus resultados y trabajar, de manera coordinada, con los sectores democráticos nicaragüenses para aumentar la presión sobre el régimen, exigir la inmediata liberación de todos los presos políticos, la plena vigencia de los derechos humanos y la urgente reapertura del proceso de negociación para buscar una salida negociada que incluya repetir las elecciones en condiciones de competencia y transparencia y con la presencia de observación electoral internacional calificada. Si Ortega no cede, debe haber una nueva ronda de sanciones individuales, acompañada del congelamiento de los préstamos de los organismos financieros internacionales y un mayor aislamiento del régimen, incluida la suspensión de Nicaragua de la OEA vía la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Llegó el momento de enfrentar con determinación a la dictadura de Ortega-Murillo aumentando al máximo el costo de su permanencia en el poder y poner fin a la impunidad. La responsabilidad de los países latinoamericanos es mayúscula. Deben dejar de lado sus diferencias y actuar coordinadamente y con firmeza. No se trata de ser de izquierda o de derecha, sino de estar del lado de la democracia o convertirse en cómplices activos o pasivos de una dictadura que por su ferocidad y rasgos orwellianos es inédita en América Latina desde que en 1978 inició la Tercera Ola democrática. Hay mucho en juego, no solo Nicaragua sino en toda la región.

Fuente: El Mercurio