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Director del CEIUC expone sobre desafíos de la transparencia en conferencia internacional

El pasado 20 de octubre, el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica (CEIUC), Jorge Sahd, participó como expositor en el webinar “Mejores prácticas en Transparencia y Probidad” organizado por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá.

La charla, moderada por Carlos Barsallo, presidente de Transparencia Internacional Panamá, abordó cuáles son las claves para una agenda de integridad pública en América Latina donde el director del CEIUC, hizo un análisis sobre la percepción de corrupción en Panamá y cómo se sitúa en el contexto regional.

Asimismo, y en relación a las cifras “cuando hacemos un doble click, vemos que, de manera alarmante a nivel de gobiernos centrales, es decir, presidentes, primeros ministros, oficiales de gobierno y el Poder Legislativo han pasado a liderar lo que es la percepción de corrupción por institución. Sobre un 45% de opinión desfavorable se concentra en estos ámbitos”, señaló Sahd.

El director del CEIUC añadió que en el sector privado también hay un alto nivel de desconfianza: “Cerca del 50% de los casos de corrupción están en la industria de la construcción y de ingeniería (13%), en la industria de la salud (24%) que también ha estado bajo la lupa durante la pandemia, y en el sector extractivo (13%)”, puntualizó.

Sobre las claves para enfrentar los altos niveles de desconfianza y avanzar hacia una agenda de integridad pública, el profesor Sahd mencionó los siguientes aspectos: importante rol del liderazgo presidencial, apoyo político transversal y política de consensos, consejo anticorrupción, rol del Congreso Nacional y Poder Judicial, seguimiento y monitoreo de los organismos autónomos, sociedad civil y medios de comunicación, entre otros.

En cuanto a la prevención de la corrupción, existen medidas y buenas prácticas fundamentales, tales como: fortalecimiento de los municipios, perfeccionamiento a la Alta Dirección Pública (atención al mérito), reformas a los sistemas de concesiones, eficiente sistema de denuncias anticorrupción, financiamiento de la política transparente, regulación de los conflictos de interés y robustecer la confianza en los mercados (mediante gobiernos corporativos e institucionalidad de entes reguladores y fiscalizadores).