Como toda innovación disruptiva, Uber ha desafiado al Estado y las regulaciones dejándolos con poca capacidad de reacción. En poco tiempo, ha logrado que autoridades y gremios de taxistas se transformen en adversarios de los ciudadanos, quienes valoran la calidad, seguridad y precios de ese servicio, además de verlo como una nueva fuente de trabajo flexible y moderna. Cómo entender que un Estado que destina más de $650 mil millones para promover la innovación, da señales en la dirección contraria intentando prohibir una innovación surgida desde la propia necesidad de las personas.
Al introducir modelos de negocios completamente novedosos, Uber ha terminado desafiando el statu quo del Estado, cuyas regulaciones son incapaces de anticipar estas nuevas formas de hacer negocios. Algunos desconocen el hecho que las innovaciones van a mayor velocidad que el Estado y sus leyes, planteando que Uber debería adaptarse y cumplir las regulaciones existentes. Difícilmente una innovación podría surgir y prosperar si tuviera que ajustarse al marco existente, porque justamente lo que hace es crear algo nuevo no contemplado en el marco legal. Otros proponen que la solución es "emparejar la cancha", pues habría una competencia desleal dada por la inequidad en las reglas del juego en favor de Uber. El punto es que Uber juega en una cancha distinta, basada en una economía ciento por ciento digitalizada y colaborativa, como lo son también Netflix o Airbnb.
¿No será más sensato que la autoridad vea este fenómeno como una oportunidad para revisar las regulaciones existentes y promover un nuevo rayado de cancha? ¿Se han discutido las barreras de entrada que estableció la ley de 2015 al cerrar la inscripción de taxis por cinco años, obligando a los interesados actuales a pagar entre $8 y $20 millones para acceder a una patente? ¿Son legítimas las razones de los gremios de taxistas, como grupo de interés organizado e influyente, de querer limitar la entrada al servicio de transporte público, si los hechos muestran que la demanda por este tipo de servicios es mayor a la oferta existente? Partamos respondiendo estas preguntas.
Frente a la situación actual, el Estado no debería prohibir el surgimiento de estas innovaciones que están cambiando el mercado y aumentando el bienestar de los consumidores. Parece más razonable que las autoridades aprovechen este momento para actualizar sus regulaciones, remover barreras innecesarias y contribuir a un rayado de cancha acorde con los nuevos tiempos.
*El autor es profesor Derecho UC y director de Valor Público.
Fuente: Diario El Pulso