¿Cuáles son las lecciones que el caso Odebrecht deja a América Latina?
– En primer lugar, la corrupción es el principal desafío a enfrentar en Latinoamérica. El caso de Odebrecht ha tenido un alcance inédito en la región afectando a más de diez países e implicando al alto nivel político como son presidentes y vicepresidentes. Aún no sabemos cuáles son las consecuencias definitivas del caso porque siguen las investigaciones, pero lo que sí sabemos es que hoy en día en América Latina no hay vuelta atrás. Hoy día tenemos una sociedad que conoce más hechos de corrupción que en el pasado y que no tolera prácticas que en pasado eran aceptadas. Eso lo vemos lo que ocurrió en Guatemala con la manifestación ciudadana con el caso La Línea, la reacción frente a Panama Papers, la condena frente a los casos de financiamiento irregular de la política o de soborno a funcionarios del Estado.
¿Es un avance para combatir la corrupción?
– Para que el combate a la corrupción sea efectivo se requiere de una agenda para establecer reglas del juego para la política y negocios. Creo que hay elementos que son fundamentales: primero, que todo esfuerzo de combate a la corrupción debe ser un compromiso del alto nivel político y allí el liderazgo presidencial es fundamental. Lo segundo, es que los esfuerzos anticorrupción deben ser una política de Estado, lo que significa que debe tener un apoyo transversal de la clase política. Los países que han avanzado en materia de probidad, transparencia y buen gobierno son los que lo asumen como una política de Estado y eso se vio en Chile con el último esfuerzo. Otro factor importante es que todas estas medidas son reacciones a escándalos y crisis, y es una tarea para la sociedad de que estas agendas sean permanentes en la política y negocios.
¿Cómo lograr una relación de lo público y lo privado sin esos riesgos?
– La tarea es cómo le damos transparencia a una relación necesaria y conveniente como lo es la relación público-privada. El Estado necesita de la opinión de los diferentes grupos de interés para lograr mejores políticas públicas, y el sector privado requiere comprender de mejor manera la función pública, pero eso requiere de un marco legal que le dé transparencia, y allí lo que hacen algunos países como Chile, es regular el lobby y la gestión de intereses, y esa puede ser una prioridad en la agenda pública de Guatemala. La palabra lobby tiene una connotación negativa, pero no debe significar el tráfico de influencia.
¿Más regulación garantiza menos corrupción?
– Las leyes tienen que facilitar la actuación del sector público y privado, y tienen que ser realistas, es decir que funcionen. Y en las regulaciones de las relaciones público-privadas o el lobby se tiene que poner el foco en la transparencia, es decir cómo se reportan o informan las actividades, gestiones y oficios que realizan las empresas ante el sector público y que sean conocidas por la ciudadanía.
¿Cuál es el escenario para un país que continúe con prácticas opacas?
– En el mediano plazo los países que no se tomen en serio la lucha contra la corrupción van a ser países menos atractivos para la inversión extrajera, para la generación de nuevos negocios y por lo tanto serán países que verán comprometido su desarrollo y la creación de empleos.
La lucha contra la corrupción tiene dos partes. Primero establecer cuáles son las políticas públicas y las leyes para acompañarla de una institucionalidad que las haga cumplir y por otra parte de cómo se sanciona penalmente y no dejar impune esas actuaciones. Ambas partes son necesarias, yo no puede tener solo un foco penal si no se acompaña de reglas de juego pro transparencia.
Fuente: El Periódico de Guatemala