Hacer pronósticos sobre la inminente decisión de la Corte Internacional de Justicia es un ejercicio inútil. El fallo ya está redactado y nada puede cambiar su texto. Como ese fallo será sobre la materia del juicio, no significará para Chile una pérdida de soberanía. Lo dejó muy claro la Corte en su respuesta a nuestra objeción preliminar. Allí los jueces aclararon que solo se les pide juzgar si Chile tiene una obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar y, si así llegaran a decidirlo, no indicarían de manera alguna el resultado de dicha negociación. Sabemos además que, sea cual sea el resultado, Bolivia insistirá en su pretensión, ligada a su historia y además a una campaña electoral decisiva para su actual gobernante.

 

Entretanto, nos dedicamos a discutir qué actitudes se adoptarían en los distintos escenarios que se barajan. Se ha ido formando un cierto consenso en torno a la postura manifestada por el gobierno, concordante con la política de Estado proclamada a lo largo del juicio y apoyada por un amplio arco de fuerzas políticas y sociales: Chile acatará un fallo fundado en el derecho, porque es lo que se ajusta a sus principios de política exterior y a su interés nacional y porque en ningún caso significará una cesión de soberanía. Debemos mantener como nación una actitud positiva como base de nuestra conducta después del 1 de octubre. Somos un país plenamente integrado al mundo y debemos cuidar esa condición fundamental para nuestro desarrollo futuro.

 Sin embargo, no faltan quienes postulan una política aparentemente agresiva, que busca romper el consenso y transformar la política exterior de Chile. Ella se expresa a través de frases altisonantes: “hemos sido siempre derrotados en estos arbitrajes”, “debemos irnos del Pacto de Bogotá”, “debemos dejar de ser legalistas e ingenuos en nuestra política exterior”, “no podemos seguir permitiendo que en cada década un vecino pretenda un pedazo de territorio chileno”. Hay en estas posturas reminiscencias de un pasado no muy lejano, en que el país estuvo aislado ante una comunidad que rechazaba su forma de gobierno. Es una posición defensiva, que se basa en la sospecha, heredada del período autoritario, de que el mundo nos es hostil y debemos resguardarnos de él.

El riesgo de estas disidencias es que debilitan la posición de Chile en un momento crucial. Lejos de ser “duras” ellas favorecen la actitud confrontacional que ha caracterizado la posición del gobierno de Bolivia. Bien sabemos que el Presidente Morales, cualquiera que sea el contenido del fallo, buscará proclamar que lo acerca, más que nunca, a alcanzar su objetivo final. Él sabe que no obtendrá ahora ese objetivo, pero intentará aislar a Chile para forzarlo a una negociación en condiciones de debilidad. Favorecer esa conducta, provocando divisiones en nuestro país y fomentando un nacionalismo obtuso y defensivo, fortalece ese propósito.

Es legítimo plantear que, conocido el fallo, exista un análisis a fondo de sus resultados y sus consecuencias. Lo importante es que ello se haga de manera tranquila y objetiva, sin estridencias. No debemos buscar en lo favorable un pretexto para tomar revancha contra nuestro vecino, que seguirá estando ahí, nos guste o no. No debemos tomarnos de cualquier aspecto negativo, para proclamar derrota y cuestionar los principios de nuestra política exterior. Debemos actuar de manera predecible, de acuerdo a nuestros principios y evitar vuelcos que nos saquen de la tradición de paz y cooperación que acompaña nuestro desarrollo democrático.

Hemos trabajado muchos años para forjar una nación abierta y consciente de sus derechos y responsabilidades en la región y el mundo, constructora de un orden internacional y no defensiva ante él. La manera en que Chile reciba este fallo será una muestra de cuánto hemos madurado como país.

Fuente: El Libero