El miércoles 26 de agosto se cumplieron seis meses de la detección en Brasil del primer caso confirmado de coronavirus en América Latina.
Si bien continúa habiendo un alto grado de incertidumbre, existe certeza de que la pandemia está produciendo la peor crisis sanitaria, económica, social y humanitaria de la región en un siglo.
El avance incesante de la transmisión del virus junto con los rebrotes en Europa y Asia genera el temor de una segunda ola de contagios a escala mundial.
Según datos globales de la Universidad Johns Hopkins, al 26 de agosto, ya eran 24 millones las personas infectadas, aproximadamente, y unas 830.000 las fallecidas.
Las cifras también crecen rápidamente en nuestro continente, que se ha consolidado como el epicentro mundial del virus, con dos focos principales: EE. UU. y Brasil.
Las respuestas de los mandatarios de la región a la covid-19 son diversas, como también variados son los resultados.
Uruguay es el caso más exitoso, gracias a “una combinación de instituciones sólidas, una estrategia de gobierno flexible y una consistente cultura cívica”.
América Latina es la región con el mayor número de contagios (casi 7 millones) y con la mayor cantidad de muertes (265.000). Con solo el 8 % de la población mundial, concentra el 43 % de las nuevas infecciones y el 52 % de las muertes diarias por covid-19 a escala global. Es, asimismo, la región con el mayor número y duración de confinamientos del mundo.
Brasil, con 3,7 millones de personas contagiadas y 118.000 fallecidas, ocupa el segundo lugar en el mundo y el primero en la región. México, con 60.000 muertos, se ubica en la tercera posición y en la segunda, respectivamente.
Otros tres Estados latinoamericanos, Perú, Colombia y Chile, están entre los primeros diez lugares del orbe en relación con el número de contagios.
Las noticias son igualmente dramáticas en el terreno económico y social. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una contracción económica del 9,4 %, la más grande de todas las regiones, solo superada por Europa occidental, y que la salida será más lenta de lo esperado.
Las consecuencias en materia de desarrollo humano serán devastadoras: fuerte crecimiento de la pobreza (45 millones de nuevos pobres) y de la desigualdad, elevada destrucción del empleo (44 millones de desempleados) y un aumento significativo de la informalidad (54 %).
Democracia bajo amenaza. Si a finales del 2019 las democracias latinoamericanas evidenciaban signos de fatiga, insatisfacción y turbulencia, la pandemia tuvo un efecto doble. Por un lado, puso en pausa, por ahora, la mayoría de las protestas sociales y, por el otro, agregó nuevas amenazas y desafíos.
El comportamiento de los gobiernos en este ámbito también es y continúa siendo diverso. Mientras algunos enfrentan la pandemia con apego a la Constitución, otros la utilizan como arma política, manipulando datos, violando leyes y debilitando la división de poderes.
Varios países introdujeron medidas extraordinarias para confinar a la población sin las garantías necesarias y concentraron poder en el ejecutivo, en detrimento de los necesarios controles del legislativo y del judicial.
En otros casos, observamos un debilitamiento del Estado de derecho y de los órganos de control que, entre otros efectos negativos, facilitó nuevos hechos de corrupción.
También en ciertos países se produjo un aumento de la polarización, un incremento de la represión, un deterioro de los derechos humanos, restricciones indebidas a la libertad de expresión, ataques ilegales a los adversarios políticos y una reducción de los espacios de la sociedad civil.
Otra tendencia preocupante es el uso creciente e indebido de las fuerzas armadas para tareas de orden público.
Si bien de momento ninguna de las democracias latinoamericanas sufre una regresión autoritaria, un número significativo de países afrontan tensiones políticas que afectan en distintos grados la calidad de esta.
En un segundo grupo, hemos visto un fortalecimiento de los rasgos híbridos de ciertos regímenes: Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y Guatemala. Y, en un tercero, las autoridades aprovecharon la covid-19 para profundizar el autoritarismo y la represión: Venezuela, Nicaragua y Cuba.
La pandemia tuvo asimismo un efecto disruptivo en la agenda electoral de la región. Casi la totalidad de los procesos electorales debieron ser reprogramados, poniendo en cuarentena el pleno ejercicio de los derechos políticos.
Como observamos, existen razones para preocuparnos por este contexto extremadamente complejo, pero no para caer en un pesimismo paralizante.
Ad portas de un nuevo superciclo electoral en la región, hay que evitar un agravamiento peligroso de la polarización, la llegada de nuevos líderes populistas, un incremento del autoritarismo y el regreso de protestas violentas que pongan en jaque la gobernabilidad y produzcan una fuerte erosión, o incluso una regresión democrática.
Para sortear estos peligros, las respuestas, además de estar a la altura y tener rigurosidad técnica, deben tener viabilidad política y legitimidad ciudadana.
Nuevo consenso regional. Sin desconocer la gravedad de la coyuntura que la región enfrenta, debemos ver esta crisis como una oportunidad para sentar las bases de un nuevo consenso regional cuyos objetivos sean:
1) Un nuevo contrato social cuyo foco esté en la reducción de la desigualdad, en educación y salud de buena calidad, en el fomento de la creación de empleo formal y en poner en marcha un sistema de protección social.
2) Recuperar el crecimiento basado en la diversificación productiva y exportadora, apuntalado por un manejo macroeconómico responsable y una política de desarrollo productivo, con prioridad en la tecnología, innovación y desarrollo (para insertarnos estratégicamente en la cuarta revolución industrial), así como sistemas tributarios progresivos y lucha frontal contra la corrupción y evasión fiscal.
3) Repensar el modelo de desarrollo, teniendo como norte la Agenda 2030 de la ONU y el cambio climático.
4) Fortalecer la integración regional.
5) avanzar hacia una democracia de nueva generación, inclusiva, resiliente y de mejor calidad.
Esta es la agenda que la región necesita con urgencia para evitar otra década perdida en lo económico, un devastador retroceso en desarrollo humano y un grave retroceso democrático. No hay tiempo que perder.
Fuente: La Nación