Más del 70% tiene una visión negativa de China en los países desarrollados, según Pew Research Center. El ascenso económico global, su política exterior asertiva y la expansión regional han hecho a China influyente, pero a la vez un país que genera desconfianza. ¿A qué China creerle, dicen muchos? A la ponderada y circunspecta en los foros multilaterales y comunicados oficiales, o la del “lobo guerrero” cuya diplomacia interviene en asuntos domésticos o amenaza comercialmente cuando sus intereses se ven afectados.
Con el anuncio de la compra de CGE por parte State Grid, este debate se trasladó a Chile. Sumado a Chilquinta, la megaestatal china superaría el 50% del mercado de distribución eléctrica, llegando a casi 4 millones de clientes chilenos, y sumándose así a la larga lista de inversiones chinas en recursos naturales, concesiones, tierras, industria vitivinícola o salmonera. No por nada, en cinco años el gigante asiático invirtió en América Latina casi diez veces más que las últimas dos décadas.
¿Qué puede hacer Chile frente a esta imparable China? ¿Debe discriminar la inversión extranjera por el solo hecho de ser empresas que dependen del poder central chino? Definitivamente, no.
Sería inconsistente respecto de muchas otras empresas estatales que han invertido y lo seguirán haciendo en sectores estratégicos chilenos, como algunos capitales europeos o árabes, y rompería el principio básico de no discriminación sobre el cual Chile se ha abierto al mundo. Tampoco nos gustaría que empresas estatales chilenas que compiten en mercados globales, como Codelco o ENAP, o nuestros fondos soberanos, fueran objeto de un trato injusto o discriminatorio. Las prácticas desleales de empresas estatales, la falta de transparencia o subsidios ocultos se combaten con reglas generales, no dirigidas a un país en particular.
¿Pasa la solución entonces por fortalecer nuestra institucionalidad de libre competencia o la regulación de sectores específicos? Siempre puede haber mejoras, pero la clave tampoco es esta. Nuestra ley de competencia regula operaciones de concentración y el mercado eléctrico establece resguardos como son las integraciones verticales. Aquí cabe esperar que la institucionalidad se aplique con decisión más allá del origen de la operación.
La discusión central es cómo Chile se protege de riesgos a su seguridad nacional frente a determinada inversión extranjera, especialmente cuando se trata de inversiones en áreas sensibles realizadas por empresas estatales, donde el riesgo de un conflicto diplomático aumenta al tratarse de relaciones Estado a Estado. Esta discusión trasciende a China y nuestra creciente dependencia comercial: se trata de resguardar nuestro interés nacional sin caer en un control político y discrecional de la inversión.
Para evitar que esta discusión degenere en un control político de la inversión, es fundamental definir qué tipo de operaciones pueden comprometer la seguridad nacional, acotar los sectores estratégicos, mirar con mayor atención cuando se trate de empresas estatales, y contar con mecanismos claros y transparentes de evaluación. Experiencias como las de Finlandia, Suecia o Nueva Zelanda sirven para ilustrar un asunto extremadamente complejo y relevante, en momentos que nuestro país debe pensar cómo atraer inversión más que dificultarla para la recuperación económica.
Chile no es un país proteccionista. Una respuesta apresurada y apasionada, para un asunto que requiere una mirada de largo plazo, puede terminar afectando justamente lo que se busca proteger: el interés nacional. Y ahí, más que la amenaza China, terminaremos hablando de la amenaza chilena.
Fuente: La Tercera