Luego de posponer las elecciones por la crisis sanitaria, Chile está listo para elegir el 15 y 16 de mayo los constituyentes que redactarán una nueva carta magna que sustituya la establecida bajo la dictadura de Augusto Pinochet en 1980.
El país llega a este punto como resultado del estallido social que inició en octubre de 2019. Poco más de cinco meses de protestas en una escena caracterizada por un cuestionamiento a la desigualdad, a los partidos políticos y el modelo neoliberal en Chile.
“El proceso constituyente fue la respuesta institucional para enfrentar la grave crisis política y social que vivió Chile a partir de octubre de 2019 y que responde a un acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas del país”, explica Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile.
Para el abogado y analista político, estas elecciones serán un observatorio para la democracia regional y mundial, con aspectos innovadores en temas de igualdad de participación. “La paridad de género (en la asamblea constituyente) es un elemento novedoso e interesante para la discusión de la nueva constitución (...), otro elemento nuevo es que de los 155 escaños, unos 17 están reservados para pueblos originarios”, subraya.
También será un desafío para las instituciones chilenas que, durante la convención constituyente se dé un escenario de “colaboración cívica”, apunta Sahd.
“Un tema clave es el clima donde va operar esta convención, donde esperamos que prime la moderación, la actitud de colaboración y amistad cívica que permita también ser resistente a presiones que puedan surgir, sobre todo de grupos más extremos e incluso actos violentos en el marco de la discusión de la constitución”, apunta Sahd.
Si bien para este fin de semana se espera una jornada electoral pacífica, las tensiones políticas surgidas tras las manifestaciones de 2019 no se han disipado, especialmente por la violencia que se desató durante las protestas.
Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, se registró más de una treintena de muertos y al menos 3 mil heridos, en medio de denuncias de abuso policial y uso excesivo de la fuerza tras la dura represión del gobierno del presidente Sebastián Piñera.
De allí que existe una expectación grande sobre cómo será la composición de la convención y los resultados que surjan de ella.
“Hay una expectativa grande porque se espera un cambio político (...) la derecha que ahora está en el gobierno tiene mucho rechazo de la población, aunque en general es con la mayoría de los partidos políticos. Todos tienen una baja aceptación entre la ciudadanía”, señala Ramón Núñez, miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
El plebiscito del pasado 25 de octubre evidenció esas ansias de transformación en Chile, donde más del 78% de los ciudadanos votaron por una nueva carta magna. Un primer paso en un proceso complejo que no necesariamente podría cumplir lo esperado por la gente, señala Núñez, quien considera que los partidos tradicionales corren con ventaja para este proceso electoral.
“El descontento que se expresó en las calles y que nos llevó a estas elecciones no tiene un liderazgo claro. Hay muchas listas de independientes, lo que ha dispersado el voto y da mayores posibilidades a que los partidos tradicionales y especialmente los de derecha, que van mucho más unidos, tengan más escaños en la constituyente”, apunta el activista.
Para Núñez, ese panorama podrían llevar a una sobrerrepresentación de fuerzas de derecha en la convención.
En su opinión, esa escena podría complicar los ajustes sobre artículos polémicos que fueron cuestionados durante las protestas, dado que se necesitan dos tercios de los votos de la convención para cambiarlos, una mayoría que quizá no podrán alcanzar los independientes o sectores más a la izquierda por la dispersión del voto.
“Conseguir que el agua sea un bien público y su desprivatización es un ejemplo de las exigencias de la gente, los grandes negocios no quieren ese cambio; igual el tomar medidas contra la inequidad. Si no se alcanzan dos tercios para algún artículo, se volverá a los artículos de la Constitución pinochetista, eso podría causar decepción y no se puede descartar posteriores protestas de la población”, dice Núñez.
De acuerdo con la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), los partidos políticos contaban con solo el 2% de la confianza de la población.
Fuente: La Estrella de Panamá