Como un mono porfiado, la Convención Constitucional vuelve a la carga con una mala idea en política comercial. La propuesta de la comisión de Medio Ambiente señala textual: “Las relaciones comerciales de nuestro país con la comunidad internacional responderán a los intereses de los pueblos de Chile, los derechos de la Naturaleza, y la crisis ecológica global, estableciendo como prioridad el fortalecimiento de los mercados locales y territoriales del Estado Plurinacional, en segundo lugar, el intercambio con los países vecinos y de la región latinoamericana, y en tercer lugar con el resto del mundo”.
Más allá de la obviedad de que las relaciones comerciales deben responder a los intereses del país y considerar el cuidado del medio ambiente -ambos cubiertos por distintos instrumentos bilaterales y multilaterales-, esta propuesta refundacional viene plagada de equivocaciones.
Primero, propone imponer constitucionalmente un orden de prioridad en las relaciones comerciales, como si éstas sólo dependieran de apuntar con el dedo los países a priorizar, sin considerar variables básicas como las ventajas comparativas, tamaño del mercado, estabilidad política y zonas de mayor potencial.
Es cierto que el comercio intrarregional latinoamericano es bajo (menos del 20%), pero la solución no pasa por forzarlo en un texto constitucional. Más bien, pasa por integrarse de mejor manera a las cadenas globales de valor, generar bloques como la Alianza del Pacífico que faciliten el flujo intra-países, identificar áreas de mayor complementariedad como la industria de servicios y avanzar en reformas internas que den mayor coherencia a las regulaciones, mejoren el capital humano y reduzcan la corrupción e inestabilidad política en las instituciones. Esa es un agenda mucho más profunda y compleja que una mera imposición constitucional.
La idea de la Convención es mala, además, porque revela un sesgo unilateralista y un proteccionismo encubierto. Cuando propone priorizar el fortalecimiento de los mercados locales y territoriales, ¿significa que en la práctica la industria local tendrá subsidios que distorsionarán el mercado y que irán en contra de normas básicas de la Organización Mundial de Comercio? ¿Esta priorización sería en desmedro de los socios internacionales, con quienes tenemos obligaciones acordadas en los tratados internacionales? Los constituyentes desconocen que el comercio moderno comparte una parte local y otra internacional, donde cerca del 80% funciona a través de grandes cadenas globales de suministro.
Finalmente, la propuesta es una pésima idea para nuestra estrategia de inserción internacional. En 30 años, las exportaciones con Asia pasaron de un 28% a un 58%, mientras las de América Latina se mantuvieron en un 13%, según cifras oficiales. Bajo la priorización propuesta, el llamado “resto del mundo”, es decir, el 85% de nuestras exportaciones, pasaría al último lugar de las prioridades. No resiste ningún análisis. En vez de hacer experimentos voluntaristas a través de la Convención, la política comercial debe mirar aquellas zonas de mayor potencial de desarrollo, donde el Asia-Pacífico lleva la delantera.
Chile debe profundizar su exitosa senda de los últimos 30 años, no refundarla. Las fracasadas fórmulas proteccionistas hacia la industria local y la forzada integración latinoamericana impuesta por una Constitución no son el camino.
Fuente: Diario Financiero