Expertos advierten que un texto con mayores precisiones sobre la política exterior no necesariamente llevará al éxito de la misma. También alertan sobre ciertos puntos que entran en conflicto dentro de los mismos artículos.
Un abanico de conceptos modernizadores están debutando en el borrador de la nueva Constitución, y los artículos que abordan la política exterior no son ajenos a esto. El consenso es que, en lo que se refiere a política exterior, la carta magna actualmente vigente es minimalista, sencilla y básica. Pero, de aprobarse el 4 de septiembre el texto, la inclusión e igualdad de género, la justicia social y el respeto a la naturaleza -entre otros- pasarán a ser compromisos de Chile en el ámbito de las relaciones internacionales.
Daniela Sepúlveda Soto, cofundadora de la Red Nueva Política Exterior, destaca la expansión de los principios. Afirma que los clásicos se mantuvieron, pero resalta que se incluyeron otros nuevos, como la autonomía política.
La experta resalta particularmente que “la política exterior tendrá que adaptarse a un nuevo marco general que establece la protección del medio ambiente como una obligación irrenunciable del Estado chileno”, lo que implica que la misma “tendrá que ponerse a disposición de los desafíos de un nuevo modelo de desarrollo verde, sostenible y respetuoso de la biodiversidad”.
La abogada Paz Zárate se declara favorable a muchos de los conceptos incluidos en los principios orientadores de la política exterior, pero, a su juicio, deberían estar incluidos en programas de gobierno o leyes. Considera que es “una falla que se repite” en este ámbito y en el borrador en general.
De hecho, explica que “no hay una correlación, y menos causalidad, entre un desarrollo extenso del tema en un texto constitucional y una política exterior efectiva”, citando los casos de Reino Unido, Francia y Estados Unidos.
El exdirector general adjunto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Alejandro Jara, plantea que hay conflictos dentro de los mismos artículos y ejemplifica con la no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados. El abogado se declara a favor de la idea, pero plantea la pregunta de qué pasa con China, cuando en el mismo inciso se compromete la promoción y respeto de la democracia, y el reconocimiento y la protección de los derechos humanos.
Hernán Salinas, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la UC (Ceiuc), coincide. Además, critica que se hable de instancias de resolución de controversias preferentemente permanentes, ya que los tribunales arbitrales son “por esencia ad hoc, no permanentes”. Acusa que al hablar de tribunales permanentes, imparciales e independientes “hay una gran desconfianza sobre ellos”.
Sobre el mismo artículo, Zárate afirma que la reforma respecto a la modernización del Estado “debe ser coherente”, y si bien entiende “la búsqueda por mayor transparencia y accountability”, advierte que “no considera el hecho que revelar posiciones durante una negociación en curso, o dar a conocer herramientas de presión, puede debilitar al país versus las contrapartes en estos procesos”.
América Latina como área prioritaria en un contexto internacional dinámico
El grupo coincide -salvo Sepúlveda- en que declarar la región como zona prioritaria es problemático. Zárate hace una analogía entre la Constitución y una casa, y dice que “tiene que estar hecha para resistir todo por varias décadas”. Pero, plantea que esto ocurre en un escenario mundial cambiante, y pone como ejemplo lo que ha provocado la guerra en Ucrania.
Afirma que no se puede descartar que a futuro haya “un colapso democrático de varios países en América Latina”, y plantea la pregunta de qué ocurriría, dado que la Constitución ordena dar prioridad a la región.
También recuerda que el actual comercio interregional es bajo -menos del 20%- y afirma que “ese tipo de cosas no se pueden forzar con un texto constitucional”. Enfatiza que una cosa es estar de acuerdo con que es “muy importante una muy buena vinculación con América Latina”, y otra es hacer que el comercio sea más fluido, “cuando por ejemplo, la integración física y los corredores oceánicos no se han creado por distintos problemas políticos o económicos”.
Salinas coincide, y dice que no le “hace ruido” hacer política exterior desde Latinoamérica. Lo que critica es descartar la acción internacional “en otras áreas que pueden ser en algún momento prioritarias”, y agrega que “es una decisión más política que para un texto constitucional”
Jara plantea que se produce una antítesis con el multilateralismo que se declara como principio, porque la priorización de América Latina sería regionalismo. A su juicio, esto “es más bien una visión romántica que una visión geopolítica”, y recuerda que “estamos en América Latina, pero también estamos en el Pacífico, en la Antártica”.
Para Jaime Abedrapo, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, este punto es un cambio en el diseño o estrategia de inserción internacional, desde la perspectiva política y económica. “Su implementación u orientación significan incerteza respecto hacia las políticas en concreto”, dice, y cree que “puede generar desviación de comercio”.