Madrid, octubre 2014
(Especial Infolatam/Marisa Valcárcel) México es con diferencia el país que cuenta con mayor población indígena en la región latinoamericana, aunque Bolivia alberga el mayor porcentaje de población étnica. Ambos países disponen también del mayor número de programas y políticas públicas destinados a esta población, según el ranking de Infolatam, elaborado con datos de la CEPAL a los que ha tenido acceso Infolatam. Chile y Perú contabilizan el mayor número de conflictos mineros.
Así se desprende del informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL), “Los pueblos indígenas en América Latina: avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”, cuya síntesis fue presentada en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI), celebrada en Nueva York el pasado mes de septiembre.
Infolatam ha tenido acceso al informe completo, aún no publicado, y con sus datos detallados ha podido elaborar diferentes rankings.
En América Latina, como se examina en este estudio (también en su síntesis), existen más de 800 pueblos indígenas, con una población cercana a los 45 millones (que supone alrededor del 8% de la población total), que se caracteriza por su amplia diversidad demográfica, social, territorial y política, desde pueblos en aislamiento voluntario hasta su presencia en grandes asentamientos urbanos.
Como se puede ver en el gráfico, los datos arrojan una gran heterogeneidad entre los países latinoamericanos.
En México, pese a que la población indígena signifique poco más del 15% de la población total, vive la mayor población indígena de la región, en términos absolutos: cerca de 17 millones de personas.
Le sigue Perú, con poco más de 7 millones, Bolivia (6,2), Guatemala (5,8), Chile (1,8), Colombia (1,5), así como Ecuador, Argentina y Brasil, cuya población indígena se sitúa alrededor del millón de personas.
Y al final de la lista se ubica El Salvador, con poco más de 14 mil habitantes, precedido por Uruguay, Costa Rica y Paraguay, cuyas poblaciones indígenas rondan las 100 mil personas.
En cuanto a los porcentajes de población indígena por países, en dos de ellos, Bolivia y Guatemala, los indígenas rondan casi la mitad de la población aunque, en Bolivia, superan el 60%. En tanto que en El Salvador y Brasil, la población étnica no supera el medio punto porcentual.
Así las cosas, cabe preguntarse cuál es la situación de esta población en términos de reconocimiento de sus derechos, bienestar y respeto de sus identidades.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Si bien la situación de los indígenas en la región, como demuestra el reciente informe de la CEPAL en diversos indicadores, ha experimentado, a diferentes velocidades y con rasgos heterogéneos según los países, significativos progresos en su desarrollo económico y social, todavía hay muchos indígenas con pies descalzos, estómagos vacíos, sin escuelas, sin centros de salud, sin trabajo, sin tierras, sin techo digno y con limitada esperanza de vida.
Sumando el número de programas y políticas públicas destinadas a la educación y a la salud de la población indígena, resumidas en el documento de la CEPAL, podemos observar que encabezan el listado México, Bolivia, Brasil y Ecuador. Es llamativo que el mayor número de programas y políticas se refieren a la educación y la lengua, mientras que en materia de salud, el monto de éstas se reduce significativamente.
En el ámbito educativo, las políticas y programas se orientan mayoritariamente a la educación primaria y secundaria. Si se considera el ámbito de la educación superior y la formación de especialistas en educación intercultural —uno de los mayores déficits que se observan en la región—, solo en 11 países existen programas de formación superior en esta materia. Bolivia es de los pocos países que cuenta con varios programas de educación superior y es el país en el cual se puede observar una mayor presencia de la temática de la educación intercultural en el conjunto del sistema educativo y en las políticas públicas.
Con respecto al derecho a la salud, en la región se ha promovido el enfoque de salud intercultural con el fin de que los servicios de salud resulten accesibles a los pueblos indígenas. La mayoría de los países de la región ha desarrollado legislaciones que presentan diferentes enfoques, énfasis y particularidades que van desde el reconocimiento del derecho a la salud como bien individual, mencionando a los pueblos indígenas como grupos prioritarios, hasta algunas que reconocen y promueven los derechos colectivos y las medicinas tradicionales. Sin embargo también existen planes que incluyen, de manera integral, los asuntos de salud junto con el territorio, la educación y la cultura, la economía y la producción, el desarrollo institucional, la organización y resolución de conflictos.
Pese a todo, como sostiene Marcos Matías Alonso, el exmiembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, "la capacidad de respuesta institucional y el diseño de la política pública para los pueblos indígenas nos llevan al tema del presupuesto público". Para Alonso, los presupuestos nacionales reflejan las prioridades gubernamentales sobre los diversos sectores sociales de cada país y expresan relaciones de poder y el grado de exclusión en cada una de las naciones. "En América Latina, solo México, Chile y Ecuador disponen de información financiera referente a la política pública para pueblos indígenas. En la mayoría de los países es complicado determinar el monto del presupuesto público asignado a los pueblos indígenas. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que son montos ínfimos", afirma el investigador.
Según un estudio comparativo de Ángela Meentzen, titulado: "Políticas Públicas para los Pueblos Indígenas en América Latina" y publicado por la Fundación Konrad en 2007, "México es el único país del estudio que cuenta con políticas públicas para los pueblos indígenas, dignas de ese nombre...".
BRECHAS INDÍGENAS
El informe de la CEPAL, también recoge las brechas existentes en diversas materias de la población indígena con respecto al resto de población. Y es este campo, el documento carece de datos de todos los países, por lo que resulta imposible determinar qué países presentan mayores brechas sociales.
A lo largo del tiempo se ha considerado a la mortalidad infantil como un buen indicador de desarrollo, de manera que las diferencias observadas en este indicador entre regiones o grupos sociales representan una expresión de inequidad social. Los datos de la CEPAL muestran que la mortalidad infantil indígena continúa siendo sistemáticamente más elevada que la no indígena y que dista de alcanzar la meta de igualdad. Las mayores desigualdades se presentan en Panamá y Perú, donde la mortalidad infantil indígena triplica a la no indígena, y en Bolivia, donde es más del doble.
En cuanto a la brecha educativa, la CEPAL asegura que las niñas y los niños indígenas de 6 a 11 años entran actualmente más temprano al sistema educativo, permanecen más tiempo y finalizan con mayor frecuencia los ciclos escolares. En general, en todos los países estudiados más del 80% de la población indígena de ese rango de edad asiste a la escuela. Sin embargo, las brechas por condición étnica son amplias, y sólo en los casos de Nicaragua y Uruguay son menos marcadas. Por otra parte, el grupo más rezagado en términos de escolarización es el de los jóvenes de 18 a 22 años, con bajos porcentajes de asistencia a instituciones educativas, que no superan el 40% en ningún país de la región.
Respecto a la brecha digital y teniendo en cuenta que la igualdad en el acceso a Internet se considera hoy como parte del disfrute del derecho humano a la libertad de expresión, la CEPAL señala que la región presenta una importante heterogeneidad y desigualdad en este ámbito, tanto a nivel global, como dentro de los propios países. Tomando como indicador, los hogares conectados a Internet, la población indígena se encuentra porcentualmente más desconectada de Internet que el promedio total de los países analizados. El mayor cociente entre el porcentaje de acceso de hogares no indígenas y el porcentaje de acceso de hogares indígenas se da en Panamá, Perú, Ecuador y Venezuela.
CONFLICTOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
Los conflictos locales relacionados con el control y el uso del territorio y los recursos naturales se han convertido en un fenómeno frecuente en todas las regiones del mundo, incluyendo América Latina. Según la CEPAL, estos conflictos a menudo se generan y desarrollan en contextos de exclusión política, discriminación social y marginalización económica. Al mismo tiempo, cuando la tierra se convierte en motivo de disputa, los conflictos violentos generan toda una serie de impactos y limitaciones en el desarrollo humano y el empoderamiento de los pueblos indígenas.
En la actualidad, existe toda una espiral de conflictos ambientales, sociales y étnicos en torno a las industrias extractivas situadas en territorios indígenas o sus cercanías, debido a la irrupción y el auge de las actividades mineras y de explotación de hidrocarburos en la región.
Según recoge el Observatorio de Conflictos mineros de América Latina (OCMAL), el país que registra mayor número de disputas son Chile y Perú con un total de 35 cada uno, muy seguidos por México (34), además de Argentina (26) y Brasil (20). Con tal sólo un conflicto, Paraguay y Uruguay son los países de la región que menos conflictos presentan.
Fuente: INFOLATAM