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Entrevista a José Miguel Vivanco en Diario Financiero

Si el presidente venezolano Nicolás Maduro sigue adelante con la Asamblea Constituyente convocada para el domingo, el gobierno "pasará a ser, ya no de hecho, sino que jurídicamente, un régimen totalitario, de corte fascista", advirtió ayer el director ejecutivo para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

"Maduro y su régimen cívico militar, por las vías de hecho, se ha convertido en una dictadura. Controla todo el poder, y todos aquellos que pueden estar en la oposición o diferir del régimen no tienen ningún amparo", aseguró Vivanco tras participar en una mesa redonda para analizar la situación de Venezuela, organizada por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Eso explica "que hoy día existan más de 450 presos políticos y 355 casos de civiles procesados ante tribunales militares", aseveró.

"La Asamblea Constituyente podrá reemplazar a la Asamblea legislativa, al Congreso, no tiene fecha de término, y va a concentrar todo el poder para hacer y deshacer", explicó.

"Por lo tanto, incidir en Venezuela y proteger a aquellos sectores más vulnerables de la crisis humanitaria, del desabastecimiento de medicinas y alimentos, y de la feroz represión que está aplicando el régimen va a ser ya mucho más difícil a partir del domingo si el gobierno logra concretar esta maniobra".

¿Cómo ha sido la actuación de Chile en este conflicto?

Chile ha mostrado una evolución positiva, especialmente a nivel de Cancillería. Es de los países que han impulsado resoluciones en la OEA, junto a Perú, México, Argentina y Brasil. Hay que reconocer que el Estado de Chile en el ámbito regional ha ido gradualmente asumiendo posiciones que son más consistentes con los valores de política exterior, como la defensa de la democracia, libertades públicas y derechos humanos.

¿Y la presidenta?

Ha sido un grave error que la presidenta (Michelle Bachelet) en una entrevista al diario La Nación de Argentina no califique al régimen de Maduro como una dictadura, o a lo menos como un régimen que rompió el orden constitucional, que es lo que han afirmado 20 países en la OEA. No tuvieron el quórum suficiente para aprobar sanciones, pero por razones derivadas del chantaje de algunas islas caribeñas. Lo más grave es que la presidenta siga insistiendo en que el problema de Venezuela es la falta de diálogo, sugiriendo que acá hay una especie de responsabilidad compartida.

Los resultados del diálogo hasta ahora han sido nulos. El diálogo promovido por el señor Rodríguez Zapatero ha aumentado el número de prisioneros políticos en seis veces, ha permitido juicios militares contra civiles y ha permitido esta Asamblea Constituyente. Insistir en esta fórmula es un error de diagnóstico. Es hora de llamar las cosas por su nombre y darle al gobierno un verdadero ultimátum.

Si el diagnóstico correcto es que esta es una dictadura que enfrenta una crisis humanitaria ¿cuál es la respuesta?

Se debería negociar con el régimen para producir una transición, un cambio. La responsabilidad primaria recae en los hombros de los gobiernos democráticos de esta región que han jurado defender colectivamente –porque esos son los compromisos que hemos asumido en la Carta Democrática- valores que son considerados sagrados para esta región y universales, como la libertad de expresión, las libertades públicas, los derechos fundamentales, el debido proceso, la independencia judicial, la alternancia en el poder y el castigo y la rendición de cuentas ante la violación de derechos humanos. Estos gobiernos deberían aproximarse al gobierno de Venezuela y decirle: señores basta, ustedes hace ya mucho tiempo han cruzado la raya y la situación es terminal. Si sigue el curso que quiere Maduro, Venezuela va directo al despeñadero.

¿Bajo el amparo de la OEA o como un acuerdo de algunos países?

La OEA cuenta con un gran secretario general, pero lamentablemente el bloqueo interno ejercido por un pequeño grupo de islas acompañadas de Haití y República Dominicana –que tienen unas relaciones muy estrechas, de orden legal y no legal con Venezuela- ha impedido una acción más decidida por parte del organismo. Si esa circunstancia no cambia, nada impide que gobiernos de esta región puedan actuar de común acuerdo.

Fuente: Diario Financiero

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