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Trabajadores desplazados, ¿un nuevo desafío para una Europa más abierta?

El 16 de diciembre de 1996, una directriz Europea creó el estado del “Trabajador Desplazado”, que daba la posibilidad al empleador de enviar a un trabajador a desarrollar funciones temporales en un país de la Unión Europea. Sin embargo, varios informes han revelado irregularidades e injusticias en este acuerdo.

La revisión de esa directriz, es urgente e indispensable en una unión que tiene que apuntar a una armonización. Esa legislación, aparece gracias a una excepción a la regla del “Derecho internacional privado”, la cual señala que el contrato de trabajo se tiene que respetar en acuerdo a la Ley del país de trabajo (Lex loci laboris). Esta excepción se desarrolló durante el 2010, especialmente en las grandes empresas de construcción civil y obras públicas, que apuntan principalmente a obreros. Esto creo una nueva forma de dumping social.

La comisión europea, hizo una proposición en marzo del 2016 que apunta a revisar la famosa directriz 96/71/CE. En agosto del 2017, el presidente francés Emmanuel Macron, tocó nuevamente ese tema ya que, según él es el mantenimiento de la Unión Europea. Cada año, el nombre del trabajador “desplazado”, siguió creciendo generando disfunciones entre los países, como por ejemplo: Plétora de Fraude, el uso de mano de obra mal remunerada y la creación de empresas falsas. En el 2016, varios ministros de trabajo propusieron en una columna informativa, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, una remuneración igual a la de los trabajadores del país de acogida desde el primer día del “desplazado”, y una lucha contra las empresas que se aprovechan de estos obreros.

A pesar que la revisión de esa directriz es urgente e indispensable, varias personas se oponen a su revisión, debido a que los países de origen tienen temor de que estos obreros no vuelvan a ser contratados por empresas de su país, y también porque esto podría llevar a una baja del PIB.

La UUEE, debe buscar una solución a este problema que apunte al bienestar de todos. La Meta, es lograr una mejor protección para esos obreros y reducir el dumping social, que tiene por consecuencia crear un dumping empresarial. Lo ideal sería que cualquier trabajador sea remunerado, y que reciba la misma protección social que reciben los trabajadores nacionales. El carácter temporal del “desplazado” debe ser respetado para que los trabajadores sean afiliados a la
seguridad social, del país en el cual desarrollan sus funciones laborales. Una cédula especial para esos trabajadores, permitiría facilitar los controles y simplificar los procedimientos administrativos.

Queremos más cooperación entre los Estados, con una puesta en común de los datos, para luchar contra los fraudes y evitar la competencia injusta. Los gobiernos nacionales, incluso cuando se reúnen a nivel Europeo, deben cumplir las expectativas de la sociedad civil organizada.

Una idea ambiciosa, sería la de cambiar la percepción de la Unión por parte de los ciudadanos, llevando a que dejen de pensar que la Unión es responsable de la regresión y estancamiento de las condiciones laborales y de vida, para así lograr que la Unión sea percibida como una organización efectiva de progreso económico, social y ambiental para todos.