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Cooperación jurídica internacional: desafíos ante el COVID-19

El COVID-19 es un fenómeno que ni nosotros ni nuestros padres vivieron, dadas sus implicancias y nefastos efectos en las variadas dimensiones de la vida; cambio de paradigma irrefutable en el statu quo que desborda su esencia sanitaria.

Por años, y como es sabido, la Política Exterior se vio como un compartimento estanco de la Cancillería y una materia de poco interés público, ante su aparente poca utilidad práctica. ¿Qué esperanza quedaba entonces para una valoración pública de un espacio de cooperación técnica y sectorial como el jurídico?

Más allá de lo dicho, si una lección ya ha dejado la pandemia, es que el sector justicia y los múltiples agentes involucrados, son uno de los ejes desde los cuales la Administración Pública debe asegurar uno de los deberes fundamentales del Estado: la Justicia.

Solo pensemos en como los Tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y los diversos servicios dependientes y relacionados con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han debido sumarse en aportar a la mitigación de la pandemia, mediante el empleo de medios digitales y, a la vez, permitiendo una normal y apropiada entrega a la ciudadanía del bien público acceso a la justicia, con las acciones inherentes al supra valor involucrado en aquel concepto.

En ese escenario, el diálogo multilateral ha cobrado especial relevancia, particularmente con países cuyas realidades en política de servicios a la población; política criminal; y, en definitiva, idiosincrasia, son similares a las nuestras. Qué duda cabe, un problema global como el COVID-19 requiere respuestas de la misma naturaleza y un actuar coordinado que se nutra de aciertos y errores en jurisdicciones y políticas públicas foráneas.

En el caso particular de Chile, tanto el diálogo Norte-Sur al alero del Sistema Interamericano como la cooperación de los países iberoamericanos, han confluido en diversas instancias de diálogo de autoridades y técnicos, para lograr mitigar en parte los efectos negativos del virus con mejores políticas públicas en el sector justicia y, a la vez, coadyuvar a la tarea fundamental de carácter sanitario en cuyo empeño se encuentran la mayor parte de los Estados del mundo.

Es decir, hoy se pone a prueba la verdadera utilidad de la dimensión internacional, en que a veces una acción a miles de kilómetros adoptada en un tema puntual evita un daño mayor, sea otorgando mejores estándares en materia de Derechos Humanos en, por ejemplo, escenarios de excepción constitucional o en materias más pedestres como vías de optimización a la atención de público en los servicios vinculados al sector justicia, con el consecuente alto impacto y demanda  ciudadana.

Siglas como COMJIB, REMJA, CEJA, BID, ILANUD y otras, antes de carácter “críptico” de a poco muestran su utilidad práctica. Solo a modo de ejemplo, COMJIB, Organismo internacional que agrupa a 22 Estados con sus correspondientes Ministros o autoridades análogas en Justicia, ya ha impulsado un plan de trabajo técnico y foros multilaterales virtuales que han mostrado que aún en crisis, las nuevas tecnologías permiten verdaderas cumbres internacionales a costo cero (sin viajes o protocolos tradicionales, que solo dañan los erarios nacionales, y con una inmediatez –la virtualidad- ad hoc a una crisis de esta naturaleza).

Hoy queda en evidencia entonces que, la Responsabilidad de Cooperar, uno de los ejes de nuestra Política Exterior, sí es posible y necesaria en tiempos de pandemia, superando las limitaciones asociadas a aquello, y que, más aún, el escenario de crítico actual puede resultar un catalizador del empleo de nuevas tecnologías que disminuyan la “tramitología procesal internacional” (por ejemplo, digitalizando absolutamente los exhortos o cartas rogatorias) o efectuando más reuniones y foros por plataformas virtuales que permitan la reducción del gasto público.

Es cierto, que la Política Exterior de Chile no pasa por la cooperación jurídica internacional, pero también es una verdad irrefutable que un bien tan esencial, como la Justicia, requiere nutrirse de las experiencias internacionales y dar sentido y valor tangible de su existencia a la población.

Por otro lado, también los tiempos presentes constituyen la “prueba de fuego” para muchos Organismos y procedimientos formales que simplemente ya no responden a los desafíos de una  verdadera “post post modernidad” en materia internacional y que, tal vez,  ponga en jaque algunos aspectos de la globalización. Con todo, como toda crisis es una señera oportunidad de robustecer otros aspectos, como la cooperación sectorial, en una comunidad internacional con problemas comunes y muchas veces con soluciones replicables y de mejor resultado al tener un diseño mancomunado.

Los tiempos difíciles permiten fortalecer las instituciones e instituciones sólidas generan un mejor futuro.