En la instancia organizada por el CEIUC, tres instituciones clave en el desarrollo de la agenda de probidad y transparencia abordaron las medidas que se presentarán al Ejecutivo para abordar la crisis de confianza en las instituciones clave para la democracia.
En el contexto de la actual crisis política y social que atraviesa el país, tanto el Consejo para la Transparencia como organizaciones de la sociedad civil han presentado medidas que buscan mejorar la regulación en materia de corrupción, impunidad y abusos tanto en el sector público como en el privado, frente a los llamados delitos “de cuello y corbata”.
Este escenario dio cita al Punto de Encuentro “Confianza en instituciones: claves de la agenda anti-abusos”, organizado por el CEIUC y que se realizó este 5 de diciembre. El conversatorio fue moderado por el Director del CEIUC, Jorge Sahd, y contó con las intervenciones de Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia (CPL), Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, y María Jaraquemada, directora de incidencia de Espacio Público.
“Teníamos un diagnóstico de que Chile mostraba un alza en la desconfianza hace más de una década”, afirmó en primera instancia Jorge Jaraquemada. Según el titular del CPL, los actores involucrados en actos de corrupción comenzaban no a ser sistemáticos, pero sí más frecuentes. “Había en Chile una suerte de resignación frente a situaciones que la gente percibía como injustas, esa resignación se va transformando en frustración y esa frustración por muy diversos temas –salud, pensiones– confluye en un elemento común que es la desigualdad”, añadió.
Considerando la agenda social que fue lanzada por el gobierno para implementar una agenda corta para combatir la corrupción, irregularidades y faltas a la probidad, el presidente del Consejo adelantó algunas de las medidas sugeridas como es la dedicación exclusiva en el caso de la labor parlamentaria y de consejeros de organismos de la administración pública. En el caso del Parlamento vinculado al deber de abstención.
En esa misma línea, María Jaraquemada sostuvo que consideran necesario que se evalúen medidas y temas que –desde la perspectiva del centro de investigación– se mantiene por ahora en el ámbito de los anuncios que ha realizado el Ejecutivo, como aquellas que regulan relaciones de poder. Además, insistió en la necesidad de que una agenda anti abusos y anti corrupción debe incorporar como garantes a organizaciones del sector privado, de la sociedad civil y otros actores.
Por su parte, Alberto Precht entre otras materias vinculadas a la situación que vive el país, hizo un mea culpa porque al formar parte de una agenda que debía combatir la corrupción muchas veces no se presionó con la suficiente fuerza según su punto de vista. También planteó que como sociedad deben erradicarse prácticas asociadas a la idea de que “los pobres cometen delitos y los ricos cometen errores”.
“Desde el año 1994 lanzábamos más de 400 medidas en lucha contra la corrupción, hemos tenido legislaciones profundamente avanzadas en muchos ámbitos, pero claramente se produce una gran dicotomía entre lo que los expertos, jueces y la academia han entendido por prevención, limitación del abuso, y lo que la ciudadanía ha entendido como limitación del abuso”, puntualizó.