¿Es posible, en el corto plazo, crear más y mejor institucionalidad para prevenir corrupción? ¡Sí, se puede! Jorge Sadh y Cristián Valenzuela, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, identifican en su estudio “La economía política de la Agenda de Probidad y Transparencia de Chile” qué factores hicieron posible el desarrollo de una ambiciosa agenda de probidad y transparencia que tuvo lugar en Chile entre 2015 y 2017.
“La Agenda no sólo buscó hacerse cargo de las deficiencias y problemáticas que evidenciaron las denuncias sobre casos de corrupción, sino además aprovechar la oportunidad para incluir otras materias y avanzar en temas que durante mucho tiempo estuvieron pendientes.”
En los últimos dos años, Chile aprovechó una crisis para volverla una oportunidad para continuar cimentando las bases democráticas e institucionales que le caracterizan. A fines de 2014 salieron a la luz pública una serie de casos de corrupción que evidenciaron espacios de mejora para prevenir la corrupción y promover la transparencia. De hecho, la percepción de corrupción en el sector público aumentó en 6 puntos entre 2014 y 2017 según datos del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. A la vez, la corrupción pasó de ser el problema número 12 en la Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos de julio 2014 al número 4 en julio 2017.
Un Consejo Asesor de la transparencia
Para atender esta crisis, el gobierno de Chile creó en 2015 el “Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción ”que, en un plazo récord de 45 días, elaboró un diagnóstico y presentó un conjunto de propuestas para “dar un impulso a la agenda anticorrupción, mejorando regulaciones, fortaleciendo y adecuando capacidades institucionales, y revisando el funcionamiento de áreas esenciales de la administración pública”. Estas propuestas fueron la base para la “Agenda de Probidad y Transparencia” que el gobierno anunciaría poco después. Esta agenda sistematizaba el compromiso del gobierno con un conjunto de más de 30 medidas legales y administrativas que tenían como finalidad el perfeccionamiento de las leyes para prevenir la corrupción y dar primacía a la transparencia en la relación entre política y negocios; robustecer la observancia de los principios de probidad y transparencia en las interacciones entre sector público y sector privado; y promover conductas afines a estos principios en la ciudadanía.