El jueves 7 de octubre se llevó a cabo el encuentro anticorrupción “Elevando el estándar de probidad entre privados” organizado por Pacto Global Chile. En dicha instancia, participó el director del Centro de Estudios Internacionales UC, Jorge Sahd. La actividad fue moderada por María Jaraquemada, oficial del programa para Chile y países del Cono Sur de IDEA Internacional y también contó con la participación de Cornelia Sonnenberg, gerente general de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria A.G.; Eugenio Merino, socio de Merino & CIA Abogados y Sebastián Gómez, jefe de la División de Conducta Empresarial Responsable de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.
Durante su exposición, Sahd abordó desde una mirada amplia un estado del arte de la actualidad de la agenda de integridad pública y privada en América Latina. De manera más específica, se abordó el contexto general en el cual la agenda de probidad y transparencia está inserta en la región, analizando el impacto de la corrupción en América Latina y cuál ha sido la evolución en materia de percepción de la sociedad e innovación pública en materia de integridad principalmente en el actual contexto de pandemia.
Al considerarlo como un aspecto tanto político como jurídico, el director del CEIUC reflexionó en torno a las claves para enfrentar los altos niveles de desconfianza y avanzar hacia una agenda de integridad tales como: el rol del liderazgo presidencial, apoyo político transversal y política de consensos, consejo anticorrupción, rol del Congreso Nacional y Poder Judicial, seguimiento y monitoreo de los organismos autónomos, sociedad civil y medios de comunicación, entre otros.
En su segunda parte, Sahd desglosó las claves de la agenda de probidad en Chile, principalmente refiriéndose a lo desarrollado desde la Agenda Anticorrupción. Por otra parte, se refirió a cómo se ha conjugado en el país una alta capacidad institucional para combatir la corrupción. Esto, sigue siendo un tema de interés y preocupación para la ciudadanía, con una baja en la valoración a la democracia y una menor confianza tanto hacia las instituciones públicas como a las empresas privadas.
En cuanto a la prevención de la corrupción, indicó que existen medidas y buenas prácticas fundamentales, tales como: fortalecimiento de los municipios, perfeccionamiento a la Alta Dirección Pública (atención al mérito), reformas a los sistemas de concesiones, eficiente sistema de denuncias anticorrupción, financiamiento de la política transparente, regulación de los conflictos de interés y robustecer la confianza en los mercados (mediante gobiernos corporativos e institucionalidad de entes reguladores y fiscalizadores).