Quienes hace meses pronosticábamos que las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las Farc iban por buen camino, al parecer estábamos más cerca de la realidad que aquellos escépticos o contrarios a tan compleja negociación. Las bases para establecer una paz duradera han tenido un avance significativo.
El 15 de Diciembre se ha dado a conocer el Comunicado 64 referido al punto 5 de la Agenda, relacionado con las víctimas. El texto detalla la configuración de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que incluye la jurisdicción especial para la Paz y Compromiso sobre DD.HH. Se trata de la creación de una jurisdicción aplicable a todos. Esta fórmula evita la impunidad pero, por voluntad de ambas partes, se ha llegado a un consenso para establecer "la voluntad y capacidad para aplicar una Justicia Transicional genuina".
El entramado de acuerdos es complejo. Se logró por voluntad de las partes y tuvieron un rol protagónico representantes de las víctimas que alcanzan a 6 millones de personas. Fue básico el asumir que las violaciones de un bando no justificaban las violaciones del otro y que el principio básico del sistema al cual se llegaría, debería alcanzar a todos. Así se evitó establecer privilegios y configurar asimetrías que beneficiaran o afectaran a una u otra de las partes envueltas en un conflicto de más de cincuenta años.
Se ha dado forma a un Tribunal para la Paz integrado por magistrados de alta calificación, expertos en distintas ramas del derecho elegidos con un proceso de selección que "brinde toda la confianza a la sociedad" y cuyas sentencias no podrán ser modificadas. El mencionado tribunal actuará en el marco de una serie de pactos que establecieron condiciones consensuadas, la primera de las cuales será la dejación de las armas que comenzaría 60 días después de la firma del acuerdo final.
El sistema configura un conjunto de sanciones que establecen escalas con privación de libertad entre 15 a 20 años en régimen ordinario de cárcel, hasta otras que consideran restricción efectiva de libertades y derechos sin cárcel "para quienes reconozcan de entrada su responsabilidad, aporten verdad y realicen acciones reparadoras". Se pormenoriza en el acuerdo la tipificación de delitos donde no hay lugar para aplicar amnistía. El acuerdo es enfático en asegurar que "no se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza y que no habrá cacería de brujas".
Resulta complejo sintetizar el entramado del sistema de justicia transicional que se ha llegado a configurar. Lo que puede establecerse es que en Colombia ha primado la racionalidad. El acuerdo busca "evitar desbalances e inequidades brindando justicia para todos de manera equilibrada y equivalente"
Tan significativo avance en un tema de alta complejidad permite augurar que el fin del conflicto se avecina. Serán los colombianos quienes en fecha no lejana deberán escoger entre aceptar el acuerdo final con todas sus ventajas y renuncias o desecharlo. Sin embargo, a la fecha es posible afirmar que Colombia está dando una lección al mundo de racionalidad y búsqueda de consensos que superen una tragedia, permitiendo así construir futuro.
Fuente: La Tercera