"Sin lugar a dudas la Ley del Lobby, que se promulgó en 2014, tiene el potencial de democratizar el acceso a las autoridades. Permite a un lobista, a un gestor de intereses, a una gran empresa, o a una organización de la sociedad civil, a través de un mecanismo formal, poder solicitar una reunión a una autoridad determinada", sostiene el abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y actualmente director del Centro de Estudios Internacionales, Jorge Sahd.
—Una señora Juanita, ¿puede también hacer uso de esta ley?
—Exactamente, en la medida que sea para algunos de los objetivos de la ley, que es plantear un interés determinado en un proceso de toma de decisiones de la autoridad. Por lo tanto, puede ser desde la señora Juanita hasta las grandes empresas. Es una herramienta que tiene la potencialidad para ser utilizada por organizaciones sociales, la sociedad civil, los distintos grupos de interés.
—¿Cuáles son las fortalezas de la ley?
—Una es la transparencia, antes de esta ley había un conjunto de actividades, audiencias y oficios que estaban en la completa opacidad. Obliga a la autoridad a informar las audiencias, viajes y donativos que reciben de las distintas organizaciones privadas y de la sociedad civil y esto a través de un portal, que se llama infolobby. La Ley del Lobby bien utilizada permite conocer todo el proceso de toma de decisión de una autoridad comunal, del gobierno central, del Congreso, y ver si la autoridad está dando igualdad de trato, escuchando a las distintas parte afectadas, en una decisión determinada.
—Y dentro del contexto de la OCDE, ¿cómo estamos con esta ley?
—A la OCDE le sorprende positivamente, porque Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene ley. A pesar de que tiene desafíos y mejoras pendientes, es una ley que sí funciona en términos generales. Sin embargo, está retrasada en su aplicación en el Congreso y algunas municipalidades.
—¿Por qué?
—Porque el lobby aún tiene una connotación negativa. Hay que cambiar el foco y entender que el lobby es una actividad legítima en un proceso democrático y lo que se requiere es transparencia.
—¿Qué cosas hay que mejorar?
—Hay un tema de cumplimiento. Todavía hay parlamentarios que no utilizan la ley o hay municipalidades que les ha costado aplicarla por capacidades internas. O, como dice el informe de Contraloría de septiembre, aún hay incumplimientos en términos de que no están los registros públicos, hay audiencias que no se publican o de manera incompleta, hay tardanza en el plazo legal que se les da a las autoridades, que son tres días para dar respuestas a las solicitudes. Lo segundo es que la información pública derivada de la Ley del Lobby es incompleta, porque sólo se informan las audiencias que se realizan, pero no se informan las audiencias que se rechazan. Y lo tercero es que las reuniones se realicen, pero no se informen y eso sería tremendamente perjudicial, porque no tendríamos un panorama completo de los que están participando en la toma de decisiones.
—¿Hay sanciones?
—Sí, hay sanciones económicas para la autoridad que están establecidas en la propia ley. Yo lo asocio a una necesidad de un cambio cultural, porque al haber una percepción negativa sobre la Ley del Lobby, muchas autoridades tratan de evitarla, siendo que lo que se requiere hoy, para los desafíos de la confianza pública, es que la ciudadanía conozca con quiénes se están reuniendo las distintas personas que toman decisiones. Porque hoy la confianza pública ya no es un elemento para evaluar el nivel de popularidad de un gobierno, sino que es un elemento necesario para que un gobierno sea efectivo. Sin confianza, un gobierno no es efectivo, porque esto está dentro del marco de la confianza pública.
—¿Existen los lobistas profesionales?
—Sí, existen y en buena hora que existan, hay en Chile en distintas empresas de comunicación estratégica y lobby y ellos lo realizan como una actividad legítima como en muchos países, como en Estados Unidos o en la Unión Europea. Chile ha hecho un avance al tener una rayado de cancha con esta ley.
Fuente: La Segunda