Gobierno revisa aportes a la ONU: Cuánto gastamos en organismos y misiones de paz
Más de US$ 56 millones ha desembolsado Chile este 2018 en entidades internacionales.
Después de trece años de participar en la misión de la ONU en Haití, más de 12 mil militares chilenos dejaron ese país en abril de 2017. Sin embargo, Chile mantiene allí a tres oficiales policiales, dos PDI y un carabinero, en una misión de apoyo a la justicia (Minujusth) para la cual aportó este año casi 130 mil dólares a su financiamiento.
Ese gasto forma parte de los más de 56 millones de dólares que nuestro país ha desembolsado este 2018 en pagos a organismos multilaterales, que se desglosan en un total de 206 cuotas, según un informe oficial que la cancillería hizo llegar el mes pasado a la Cámara de Diputados. La cifra equivale a 38 mil millones de pesos y, a modo de comparación, el Sename aumentó en $31 mil millones su presupuesto para el año venidero (que en total es de $355 mil millones).
Casi un quinto de los pagos a la ONU es el aporte de US$ 9,6 millones al presupuesto regular de la entidad, y otros US$ 14,5 millones para una docena de operaciones de paz al amparo de la ONU, siete de ellas en África.
La polémica provocada por la decisión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera de no suscribir el pacto migratorio de la ONU, además de no adherir al acuerdo medioambiental de Escazú en septiembre, motivó acusaciones de la oposición de que se estaba abandonando el multilateralismo y el carácter de Estado de nuestra política exterior.
En ese marco, citando un documento interno de la cancillería, El Mercurio informó que se están reevaluando los pactos, acuerdos y negociaciones de nuestro país en organismos multilaterales, lo que incluye las contribuciones al presupuesto regular de Naciones Unidas y de sus operaciones de mantenimiento de la paz.
“Chile legítimamente puede evaluar sus aportes y rol en los organismos internacionales, sin que eso signifique renunciar a sus principios de política exterior. El compromiso con el multilateralismo se hace en base a las capacidades y realidades de cada estado, que debe examinar los efectos de cada compromiso internacional que suscribe, sea vinculante o no”, señala Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la UC.
Sahd explica que es la asamblea general de la ONU la que resuelve la suma total para financiar los gastos del presupuesto ordinario, los tribunales internacionales y las operaciones de paz, a partir de las recomendaciones que hace la Comisión de Cuotas. China, Japón, Alemania y Francia aportan alrededor de la mitad del presupuesto de la organización y América Latina alrededor del 8%.
El excanciller Heraldo Muñoz, que fue embajador en la ONU entre 2003 y 2010, precisa que los aportes a las misiones de paz no son voluntarios y que dependen de criterios estándares para todos los países. “Si un país quiere postular como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para influir tiene que pagar sus contribuciones a las operaciones de paz. El monto depende de un coeficiente: Chile tiene una cuota que representa el 0,1197 del presupuesto global, junto a países pequeños como Antigua y Barbuda, Lituania y Croacia. El aporte varía si aumenta o se reduce el PIB. Por cierto muy debajo de lo que nos correspondería”, señala Muñoz.
Sin embargo, Sahd recalca que la crisis de credibilidad que sacude a las instituciones en los países también alcanza a los organismos internacionales. “El ‘cheque en blanco' a los organismos internacionales se está acabando, porque hay un cuestionamiento creciente a su rol en el orden mundial, no sólo de la ONU, sino también organismos como la OMC, que está perdiendo relevancia en la solución de conflictos comerciales internacionales”, puntualiza.
Hoy desempeñan roles destacados en la ONU chilenos como Michelle Bachelet en la OACDH; Claudio Grossman en la Comisión de Derecho Internacional; Eduardo Vío en la Corte Interamericana de DD.HH.; Antonia Urrejola en la Comisión Interamericana de DD.HH.; Gonzalo Yáñez en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental; Soledad Cisternas como enviada especial sobre discapacidad; y Patricia Arias en el Subcomité para la Prevención de la Tortura.
Fuente: La Segunda