Mientras los latinoamericanos intentan dejar atrás un aciago 2020, lidian con una pandemia que ya ha dejado más de 550 mil muertos e intentan recuperarse de la peor recesión en un siglo, se encuentran a la vez inmersos en un nuevo súper ciclo electoral, que comenzó con los comicios presidenciales de octubre de 2020 en Bolivia y que culminará a fines de 2024. Durante este período, todos los países latinoamericanos, excepto Cuba, irán a las urnas para elegir o reelegir por voto popular directo sus presidentes y congresos.
Solo en 2021, están previstas elecciones presidenciales y congresuales en Ecuador, Perú, Nicaragua, Honduras y Chile, mientras que se esperan comicios legislativos en Argentina, El Salvador y México, y para constituyentes en Chile. Además, seis países celebrarán votaciones de corte local o regional: El Salvador, Bolivia, México, Paraguay, Chile y Venezuela.
Puesto que la región sufrió una contracción económica promedio de -8% del PIB en 2020 y de la cual emergieron 40 millones de nuevos pobres y se destruyeron millones de empleos, gobiernos altamente endeudados tendrán que dar respuesta a nuevas y mayores demandas de protección económica y social, o las protestas de fines de 2019 podrían regresar.
En este inusual contexto, el voto de castigo a los partidos oficialistas por el mal desempeño de los gobiernos durante la pandemia puede convertirse en una fuerte motivación y, de paso, abrir camino a líderes populistas, que tengan la habilidad de interpretar sensibilidades (o angustias) para traducirlas en promesas seductoras. También cabe la posibilidad del uso clientelista de la entrega de ayudas sociales o de las vacunas con el objetivo de beneficiar a los partidos en el gobierno.
Por lo tanto, la nueva etapa que se abre para América Latina, probablemente, quedará marcada por una mayor alternancia, ciclos políticos cortos, creciente necesidad de ir a segundas vueltas para definir la presidencia (donde está regulada) y alta heterogeneidad ideológica. Gobiernos sin mayorías claras y sostenidos por coaliciones volátiles serán el reflejo de sociedades polarizadas y de sistemas políticos fragmentados. Su dilema inmediato: garantizar una gobernalidad eficaz y democrática mediante la combinación de medidas sociales que mantengan en calma la “calle” con propuestas fiscales responsables.
Pero, a diferencia del pasado, habrá mayor dificultad de ser reelecto, como ya lo evidenciaron, en 2019, la derrota de Mauricio Macri y la crisis político-electoral que frustró la intención de Evo Morales de perpetuarse en el poder; tendencia que abrirá espacio a caras nuevas o a personajes de reconocida trayectoria política, pero que aún no han accedido a la presidencia, entre ellas mujeres, ya que actualmente no hay ninguna presidenta en la región.
Es cierto que cada país enfrenta coyunturas particulares, pero sin augurar resultados se puede revisar lo que está en juego en ellos.
Este 7 de febrero o, de ser necesaria una segunda vuelta, el 11 de abril, quedará definido el sucesor del presidente Lenín Moreno. La disputa está centrada entre un giro conservador liderado por Guillermo Lasso o el regreso del correísmo de la mano de Andrés Araúz.
Entre abril y junio, Perú escogerá a un nuevo mandatario en medio del bicentenario de la República, que la encontrará sumida en una crisis política por los choques entre el Ejecutivo y el Legislativo, y la corrupción. La dispersión de los apoyos en una veintena de candidatos presidenciales es una muestra de la elevada fragmentación. De momento, lidera las encuestas el joven exarquero George Forsyth.
Chile será un verdadero laboratorio electoral con elecciones municipales, regionales, legislativas y presidenciales, pero más importante aún, de constituyentes. Al alero de una reciente revuelta social, la democracia chilena renovará autoridades y las reglas del juego al mismo tiempo, lo que pone a prueba su capacidad institucional para manejar tanta incertidumbre.
Nicaragua tiene programadas elecciones generales para el 7 de noviembre, pero aún no es claro si el dictador Daniel Ortega buscará extender sus 14 años de mandato o si cederá la candidatura a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. A menos que haya una reforma electoral que ofrezca garantías reales, el proceso carecerá de los niveles mínimos de integridad electoral y terminará agravando la crisis política.
Honduras sigue sufriendo los efectos políticos del golpe de Estado de 2009 y la cuestionada reelección de Juan Orlando Hernández en 2017. Las elecciones del 28 de noviembre tendrán lugar en un clima de tensión y desconfianza.
Otros tres países (El Salvador, México y Argentina) enfrentarán elecciones legislativas de gran importancia, que además de su efecto sobre la gobernabilidad, servirán para medir el apoyo a los gobiernos de turno.
Si bien las elecciones son siempre una oportunidad para encausar las demandas por nuevos liderazgos e ideas, celebrarlas en un contexto tan complejo como el actual coloca a la región en una encrucijada estratégica: elegir líderes competentes y responsables que den respuestas oportunas, efectivas y democráticas a las demandas ciudadanas, o abrir las puertas para una nueva ola de retórica y propuestas populistas o autoritarias. Esto es lo que está en juego en este intenso y decisivo súper ciclo electoral que acaba de iniciar.
Fuente: El Mercurio