La Convención Constitucional chilena, que redactará la nueva Carta Fundamental a partir del próximo mes, estará marcada por la diversidad y por la poca influencia que tendrán los partidos tradicionales, de las grandes coaliciones. Con cerca de un 90% de las mesas escrutadas a nivel nacional, los independientes habrían conseguido 30 de los 155 puestos en el órgano constituyente, lo que nadie esperaba. La derecha oficialista del presidente Sebastián Piñera ha sufrido una fuerte derrota. Aunque fue de la mano del Partido Republicano, de extrema derecha, no alcanza el tercio de la convención, necesaria para poder negociar las normas de la nueva Constitución: habría logrado solo 39 escaños, según el escrutinio, y necesita al menos 52. El centroizquierda unido en la lista Apruebo —que aglutina a buena parte de la Concertación, que gobernó Chile entre 1990 y 2010—, habría obtenido 25 puestos, incluso por debajo de la lista también de izquierda Apruebo Dignidad, que conforman los comunistas y el Frente Amplio, que se queda con 28 puestos en la convención.
En Chile se desarrollaron este fin de semana elecciones constituyentes, de gobernadores regionales y las municipales (de alcaldes y concejales). Pero el voto en las constituyentes era el de mayor importancia por sus implicaciones en el destino del país: los 155 miembros de la convención tendrán en sus manos la redacción de la nueva Carta Fundamental, que reemplazará a la vigente. Nacida en 1980, en la dictadura de Augusto Pinochet, tiene una cincuentena de reformas, en su mayoría de finales del régimen militar y del Gobierno de Ricardo Lagos (2005). Cuando el estallido social puso entre las cuerdas la democracia chilena en octubre de 2019, la clase política ofreció el camino constituyente como la única vía para canalizar las demandas sociales institucionalmente.
La Convención Constituyente será diversa, por lo que se prevé que será complejo sellar acuerdos. Las estimaciones de las semanas previas indicaban que los independientes lograrían entre ocho y 16 escaños, dadas las dificultades para lograr cupos en un sistema que privilegiaba las listas dentro de los partidos. Dadas las dificultades, muchos candidatos sin militancia optaron por presentarse con el respaldo de diferentes colectivos, por lo que la cantidad de convencionales (miembros de la Convención Constituyente) que no le rindan cuentas a los partidos y a las coaliciones grandes podría ser incluso mayor.
“La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje, tanto al Gobierno como a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con sus demandas y anhelos”, ha dicho el presidente Sebastián Piñera, desde La Moneda, arropado por su Gabinete. La derecha ha sufrido una herida profunda. No solo no alcanzó el tercio de la convención, lo que la deja en una situación imposible, sino que perdió municipios importantes, como Maipú, Estación Central y Viña del Mar. El Partido Comunista, en tanto, le ha arrebatado la alcaldía de Santiago, la de mayor simbolismo.
Las elecciones se han desarrollado impecablemente, como ya es tradición en el país sudamericano. Unos 14,9 millones de ciudadanos han sido convocados para elegir a los 155 redactores de la nueva Constitución, que conformarán un órgano paritario entre hombres y mujeres y con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. Los electores han debido escoger, además, a los gobernadores regionales y a las autoridades municipales (alcaldes y concejales). Ha sido una votación compleja, con cuatro votos y una gran cantidad de postulantes. Es la primera vez, además, que un país de Latinoamérica programa dos jornadas de sufragios por la pandemia de covid-19, lo que ha cambiado los hábitos de los electores, acostumbrados a votar solo en domingo. El sábado las urnas quedaron al resguardo de las Fuerzas Armadas y del Servicio Electoral (Servel), sin que se registraran incidentes.
El cambio de la Constitución fue la respuesta de la clase política a la ciudadanía en medio de las revueltas de 2019, por lo que una baja concurrencia a las urnas implicaría poca adhesión de la gente en esa salida institucional. De acuerdo a las proyecciones, habría votado en torno al 40% del padrón conformado por 14,9 millones de personas. Por un parte, se trata de un contexto adverso: en medio de una pandemia con 37.617 casos activos, una crisis económica que dificulta incluso el pago del transporte público para concurrir a locales que muchas veces quedan lejos de los domicilios, la postergación de esta elección (que estaba programada originalmente para abril) y la dificultad propia de un proceso con cuatro votaciones simultáneas.
La participación inquieta a las autoridades y expertos, sobre todo con miras a la legitimidad del proceso constituyente, que reordenará a Chile. Se trata de la elección de mayor importancia en la historia reciente de Chile. Hubo una oferta de candidatos como nunca antes. En un contexto de baja legitimidad de los partidos políticos, un 68% de los candidatos a la convención no militan en ninguna colectividad. El porcentaje de vacunados, en tanto, no tiene comparación en Latinoamérica. Hasta el viernes, 9.006.139 personas habían sido vacunadas con la primera dosis y 7.457.662 con las dos dosis, es decir, un 49,1% de la población objetivo. Desde este lunes se retoma la inmunización de los mayores de treinta años sanos.
“Más allá de los resultados, lo importante es que haya un buen nivel de participación, idealmente no inferior al 51% [similar el referéndum de octubre], con una buena distribución geográfica, según niveles socioeconómicos”, opina Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, una organización intergubernamental que ha analizado la realización de las elecciones en contexto de pandemia. Para Zovatto, esta meta “no parece nada fácil”. “Ojalá se logre para darle una buena base de legitimidad al proceso constituyente, porque la Constitución debe incluir a todas y todos”, asegura el politólogo, que estima que “Chile debe considerar seriamente y con urgencia reimplantar el voto obligatorio”.
Con el sufragio voluntario que se implementó en 2012, la participación cayó desde el 87% en 1989 hasta un mínimo histórico del 36% en las penúltimas municipales de 2016. En el referéndum constitucional de octubre pasado, donde el 80% de la gente optó por cambiar la Constitución vigente, la participación llegó al 50,91%. Pese a la importancia del referéndum de hace siete meses, la mitad de los electores optó entonces por no concurrir a sufragar. En términos generales, sin embargo, Zovatto destaca que Chile llevó adelante “una innovación exitosa en América Latina con la doble jornada electoral consecutiva”.
Uno de los aspectos que preocupa a esta hora en Chile es que la participación nuevamente es más baja en los municipios pobres y populares. En La Pintana, en el sur de la capital, el sábado hubo una participación de un 13,69%. En Vitacura, uno de los más ricos, llegó al 41,31%. Si el camino constituyente no convoca a los vulnerables de Chile, resultaría muy complejo que una nueva Constitución sea la base del nuevo pacto social que necesita el país latinoamericano.
Con la Convención Constituyente que comenzará sus funciones en junio, Chile se redefinirá en asuntos fundamentales. El órgano discutirá su régimen político y sistema de Gobierno, porque existe algún consenso en que el presidencialismo a la chilena —exacerbado— mostró deficiencias con las revueltas de octubre de 2019. Se debatirá sobre la descentralización y regionalización, en un Estado unitario y fuertemente centralizado en la capital, como el chileno. Los 155 constituyentes deberán acordar diferentes asuntos relativos a los pueblos originarios, como su reconocimiento expreso en la Constitución o la plurinacionalidad. Es un tema central, dado los históricos problemas de relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno que tienen a la región de la Araucanía en una escalada de violencia. El órgano constituyente discutirá el modelo de desarrollo económico, el destino de instituciones como el Tribunal Constitucional, el modelo del Estado –los derechos económicos y sociales son debates calientes– y asuntos especialmente sensibles para los mercados, como la autonomía del Banco Central.
Fuente: El País