La pregunta que debemos responder no es si el narcotráfico se ha expandido en nuestro país. Tampoco si acaso el narcotráfico controla poblaciones completas en zonas urbanas y semirrurales de Chile. Esas preguntas se han encargado de contestarlas diversos estudios -entre ellos, uno recientemente publicado por CIPER-, mostrándonos que el control poblacional del narcotráfico se ha extendido y profundizado con fuerza en las últimas dos décadas en nuestro país.
De modo que resulta más oportuno preguntarnos, ¿llegamos tarde a abordar este problema? Es difícil saberlo, pero sí sabemos que revertir el narcotráfico es una tarea de largo aliento, de más tropiezos que de éxitos. Requiere acrecentar la inteligencia policial especializada en el seguimiento de hebras que, en la mayoría de los casos, surgen más allá de nuestras fronteras. Exige concentrar esfuerzos de las decenas de instituciones que desarrollan tareas en esta materia para que, cediendo “cuotas de poder”, se pongan a disposición de un objetivo mayor.
Estas, que son solo algunas de las miles de tareas que el combate del narcotráfico demanda, son difíciles y de largo alcance. Pero serán derechamente imposibles de llevar a cabo si el narcotráfico logra permear nuestro sistema político e institucional. La trama policial de San Ramón, que se nos ha ido revelando por capítulos cual serie de Netflix (incluyendo la interceptación de uno de los concejales imputados huyendo a Canadá), se ha encargado de mostrarnos que narcotráfico y política son una combinación letal para la democracia.
Por supuesto que todavía no llegamos a los niveles de países como México y Colombia, donde esta realidad ha costado la vida de miles de personas y un verdadero infierno para sus ciudadanos. Pero cuidado, porque la única frontera que nos separa de esas realidades es la institucionalidad. Cuando esa frontera se debilita, luego fácilmente se traspasa; después la frontera se diluye y finalmente se hace indistinguible. Es entonces cuando se desatan las fuerzas internas más destructivas que haya conocido la historia de las civilizaciones.
Supimos que en las elecciones territoriales celebradas en México hace poco más de una semana, fueron 32 los candidatos, y más de 80 personas en total, las asesinadas por razones políticas durante este proceso. Ese día en Tijuana arrojaron dos cabezas humanas en un local de votación.
En Chile el candidato Gustavo Toro vio de cerca las balas y mucho más cerca las amenazas con pistolas. La comuna de San Ramón no es Tijuana, pero la voluntad popular fue coaccionada durante las llamadas mega elecciones de mayo. Así lo constató esta semana el Tricel (Tribunal Electoral), que ordenó repetir las elecciones para alcalde y concejales en 65 mesas. ¡Gran fallo para la democracia en Chile!
Fuente: La Tercera