El pasado lunes se cumplió un año desde que el presidente de El Salvador decretó un régimen de excepción en el país centroamericano como medida para "luchar" contra las pandillas. La medida llegó después de un fin de semana sangriento en el que hubo 87 asesinatos.
De esta manera, el régimen de excepción se convirtió en una de las políticas estrella de Bukele para reducir la tasa de homicidios que en el 2020 alcanzaba el 19,7 por cada 100.000 habitantes, según datos del portal especializado Statista. De acuerdo a la Policía Nacional de El Salvador, actualmente la cifra de homicidios solo es de un dígito, es decir menos del punto 10.
Publicaciones de organizaciones no gubernamentales, opiniones en redes sociales, así como especialistas en políticas públicas se han referido a la medida del presidente Bukele y las conclusiones giran en torno a cuatro principios.
1. Acciones sobre decretos:
"El Estado de Excepción es una herramienta, no una varita mágica", dijo Bukele, a través de su cuenta de Twitter, horas después de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunciara un Estado de Excepción sobre las regiones de Guayas y Esmeralda, por la violencia que atravesaba su nación, a mediados de noviembre de 2022.
"Aprobar un Estado de Excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada", añadió Bukele, quien mencionó que "los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones".
El mandatario centroamericano desarrollo una estrategia denominada 'Plan Control Territorial' que consta de siete fases, de las cuales se han desarrollado cinco, de acuerdo a una nota de la Presidencia del El Salvador colgada en un página web.
La primera etapa, denominada Preparación, fue lanzada el 20 de junio de 2019, consistía en retomar el control de territorios ocupados por pandillas. La segunda etapa tuvo el nombre de Oportunidades y se enfocó en desarrollar oportunidades orientadas a mejorar la condición de vida de los jóvenes, fue lanzada el 2 de julio de 2019.
A estas dos etapas le siguieron: la Modernización, referente a mejorar las fuerzas de seguridad del Gobierno, la Incursión, que buscó recuperar más territorios ocupados por pandillas y la Extracción de Criminales, que fue lanzada el 23 de noviembre de 2022.
2. Comunicación humana:
"El nivel de confianza que tiene el pueblo salvadoreño en Bukele es altísimo", dijo la ex canciller panameña, Erika Mouynes, quien está desarrollando una investigación sobre la confianza ciudadana hacia los gobernantes latinoamericanos.
"Él tiene un estilo de comunicación que tiene el gobernante, hace que la gente conecte con su mensaje", señaló Mouynes, durante su participación en el programa En Contexto, de Eco TV.
Según la exfuncionaria, se trata de una metodología que genera confianza en su pueblo, la cual va acompañada de su "capacidad de respuesta" a los problemas que afronta la nación centroamericana.
Si se considera que El Salvador tiene 6.3 millones de habitantes y Bukele posee cinco millones de seguidores en Twitter, nos encontramos con un mandatario con gran presencia en las redes sociales, que ha llegado a utilizarla como medio para gobernar, siendo el caso más cercano el que ocurrió el tres de febrero, cuando utilizó un tuit para exigirles a tres alcaldes del departamento de Morazán que eliminaran un impuesto a los productores o serían arrestados.
3. Medida temporal
Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, explcó a nuestro medio que los Estados de Excepción "no puede convertirse en una regla general", pues suponen un debilitamiento de Estado de Derecho y limitan las libertades individuales.
"El Salvador viene asediado con tasas de criminalidad muy altas y el gobierno, con medidas efectivas y otras efectistas, ha logrado reducir la criminalidad, la pregunta es ¿hasta qué punto se puede sostener este régimen y cómo la ofensiva del presidente Bukele no pone en riesgo los principios democráticos fundamentales?", analiza Sahd.
El especialista considera que este tipo de medidas deben ir acompañadas de "un plan de normalización del Estado de Excepción", con el propósito de que no se siga quebrantando el Estado de Derecho.
4. El dilema moral
Desde la implementación de la 'guerra contra las pandillas', en la nación salvadoreña, se ha generado un debate sobre si está bien o no, suprimir las garantías fundamentales, con tal de generar seguridad.
Un informe desarrollado por Human Right Watch y el Cristosal, bajo el título ‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”, documenta que se han realizado "detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos".
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, aseguró, durante la presentación del documento, que “las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”.
A esta información hay que sumarle que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca de 90 personas han podido morir en custodia de la policía, desde que se decretó el estado de emergencia.
“En el último año, han sido detenidas 65.000 personas, y algunos de esos arrestos, incluidos niños, podrían considerarse detenciones arbitrarias, ya que descansan en investigaciones con poca base, o meramente en el aspecto físico o el contexto social de los detenidos”, comentó Marta Hurtado, portavoz de la oficina de la ONU, a EFE.
Sobre los presuntos fallecidos, Hurtado señala que "hay información muy limitada de la investigación en torno a esas muertes", pero que es algo "especialmente preocupante".
Ante los cuestionamientos sobre los derechos humanos que han sido violentados, durante los operativos, Bukele expresó en cadena nacional que aunque "nadie duda que los reos tengan derechos humanos, es necesario defender los derechos humanos de la gente honrada".
"En este país pasamos 30 siendo violados, asesinados y extorsionados y nadie dijo nada, ahora, cuando agarramos a esos delincuentes, salen voces en defensa de sus derechos. Sí, ellos tienen derechos humanos, pero son más importantes los derechos de la gente honrada", sentenció el presidente.
Fuente: La Estrella de Panamá