Opinión

El poder correctivo de la democracia mediante el voto

La democracia posee una virtud fundamental: permite a los ciudadanos corregir el rumbo sin recurrir a la violencia.

Mediante el voto pueden castigar una mala gestión, limitar los excesos de quienes gobiernan o impedir el regreso de fuerzas que amenazan las instituciones.

Esa posibilidad de rectificación constituye una de sus mayores fortalezas. Ningún gobernante tiene garantizada la continuidad; ninguna victoria electoral debería convertirse en una autorización para ejercer el poder sin límites.

La corrección puede tardar. Puede exigir una movilización sostenida y producirse después de un considerable deterioro institucional. Los gobiernos con vocación de permanencia procuran debilitar los controles, inclinar la competencia a su favor y presentar su continuidad como indispensable para el futuro nacional. Pero, mientras los ciudadanos conserven una posibilidad efectiva de elegir y sus votos sean contados y respetados, el poder sigue siendo reversible. Allí reside la promesa democrática.

Los casos de Hungría y Serbia deben examinarse atendiendo a sus diferencias y al alcance concreto de sus procesos políticos. Israel también exige cautela respecto de la posibilidad de traducir el descontento en una alternativa de gobierno. La cuestión común es decisiva: hasta qué punto las sociedades conservan instrumentos para someter a sus dirigentes a una competencia real y hacer efectiva la rendición de cuentas. La fortaleza aparente de un liderazgo nunca debería confundirse con un consentimiento ciudadano irrevocable.

Brasil ofrece otra dimensión de ese poder correctivo: el voto puede impedir el regreso de un proyecto cuyos antecedentes suscitan riesgos para el orden democrático. La responsabilidad de los electores comprende tanto la evaluación de quienes gobiernan como el examen de quienes aspiran a recuperar el poder. También se protege la democracia al juzgar las alternativas por su disposición a respetar sus reglas.

Ahora, Estados Unidos aporta una nueva demostración. La principal lección de la contundente derrota de los republicanos y de Donald Trump en las elecciones legislativas es que la democracia conserva capacidad de reacción en el país que acaba de celebrar los 250 años de su independencia. Los ciudadanos han utilizado las urnas para exigir cuentas y modificar la distribución del poder. Su decisión recuerda que la autoridad presidencial es temporal, está sujeta al escrutinio público y debe ejercerse dentro de límites institucionales.

Trump convirtió las elecciones de medio período en un referéndum sobre su presidencia. Aunque su nombre no figuraba en la papeleta, hizo de su liderazgo el centro de la contienda. El resultado tiene, por tanto, un significado político que difícilmente puede eludir: los electores han castigado su gestión y fortalecido a quienes deben fiscalizarla. Un presidente que reclama para sí el mérito de las victorias también debe asumir la responsabilidad de las derrotas.

La recuperación demócrata de ambas cámaras cambia las condiciones para el ejercicio del poder. Un Congreso dispuesto a investigar las decisiones del Ejecutivo, examinar sus políticas y ejercer sus atribuciones presupuestarias puede devolver sustancia a los contrapesos constitucionales. El gobierno dividido obliga a negociar, eleva el costo de los abusos y dificulta que la voluntad presidencial sustituya a la deliberación legislativa. Su valor dependerá de la responsabilidad con que se ejerzan esas facultades.

Sería prematuro concluir que el riesgo autoritario ha desaparecido. Trump conserva el veto, amplias atribuciones ejecutivas y una considerable capacidad de iniciativa política sobre todo en política exterior. Puede responder al resultado con negociación o con confrontación. Los próximos dos años pondrán a prueba su disposición a aceptar límites y la capacidad de las instituciones para hacerlos efectivos. Las urnas han modificado el equilibrio; corresponde ahora a los poderes públicos darle consecuencias.

Tampoco conviene atribuir a la democracia un mecanismo automático de reparación. El descontento necesita canales para convertirse en una alternativa y garantías para que esa alternativa pueda competir y asumir sus responsabilidades.

La capacidad correctiva del voto depende de ciudadanos que participan, oposiciones que ofrecen opciones creíbles, autoridades electorales profesionales, prensa libre y tribunales independientes. Cuando esas condiciones se erosionan, también se debilita la posibilidad de una rectificación pacífica.

Por eso, una elección democrática debe evaluarse tanto por la libertad de votar como por la eficacia del voto para producir consecuencias. Debe permitir que quienes pierden cedan el poder que corresponde, que quienes ganan ejerzan sus atribuciones y que ambos puedan volver a competir bajo reglas comunes. Una democracia se fortalece cuando incluso quienes rechazan un resultado reconocen la legitimidad del procedimiento que lo produjo.

Los demócratas afrontan ahora su propia prueba. El mandato recibido exige fiscalizar al presidente y responder a las preocupaciones ciudadanas: impulsar medidas que reduzcan el costo de vida y faciliten el acceso a la vivienda, la salud y otros servicios esenciales; frenar los graves abusos contra miles de migrantes; exigir una salida a la guerra en Irán; e investigar con rigor e independencia las denuncias de corrupción que comprometen a la Administración Trump. Su credibilidad dependerá de su capacidad para utilizar las atribuciones del Congreso y traducir la victoria electoral en resultados concretos.

La defensa institucional perderá fuerza si se desvincula de estas prioridades. Quienes llegan para corregir los abusos deben ofrecer resultados y aceptar los mismos controles que reclamaban desde la oposición. El poder correctivo de la democracia también se aplicará a ellos.

La esperanza que ofrecen las urnas es concreta: los ciudadanos conservan la capacidad de retirar su confianza, desmentir a quienes se consideran indispensables y obligar al poder a reconocer sus límites. Esa capacidad merece ser defendida precisamente porque puede perderse.

Resumiendo: Estas elecciones de medio término, convertidas en un tsunami azul, hicieron mucho más que entregar a los demócratas una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso para los próximos dos años. A 250 años de su fundación, Estados Unidos puso a prueba la capacidad de su democracia para contener los excesos del poder. Bajo una presión extraordinaria, el sistema demostró que conserva recursos para resistir y corregir el rumbo. El voto ciudadano restableció un contrapeso esencial y recordó un principio que ningún presidente debería olvidar: una victoria electoral confiere un mandato para gobernar, nunca una licencia para ejercer el poder sin límites.

Fuente: Radar Latam 360