Opinión

Paraguay: Peña cae por Ueno, pero la crisis del poder apenas comienza

Santiago Peña perdió la presidencia cuando quienes sostenían su gobierno decidieron acompañar su destitución. Este viernes 6 de noviembre, los 44 senadores presentes votaron por condenarlo por mal desempeño de sus funciones en medio del escándalo de Ueno Bank. La unanimidad mostró la magnitud de su aislamiento: el oficialismo había pasado de proteger al mandatario a respaldar su salida. Paraguay tiene una sucesión constitucional encaminada. Todavía debe demostrar que tiene instituciones capaces de esclarecer la crisis que la precipitó.

La caída de Peña encierra una lección sobre la diferencia entre ocupar la presidencia y disponer del poder necesario para ejercerla. Su perfil de economista, tecnócrata y su promesa de modernización resultaron insuficientes frente a una crisis que comprometió la confianza pública y destruyó su respaldo político. La solvencia técnica que se atribuye a un gobernante debe medirse también por su capacidad para prevenir conflictos de intereses, preservar la independencia de los controles y responder por las decisiones de su administración.

El desenlace obliga, además, a mirar hacia Horacio Cartes. ABC Color informó que el ex presidente de Paraguay y actual presidente del Partido Colorado se reunió con el vicepresidente Pedro Alliana para planificar la sucesión y respaldó el juicio político contra Peña. La secuencia permite una interpretación política: ante el costo creciente de sostener al mandatario, la conducción partidaria optó por preservar la continuidad del oficialismo mediante su reemplazo.

Esa maniobra puede contener una emergencia, pero tiene un límite evidente. Los ciudadanos necesitan saber qué ocurrió con su dinero y quiénes permitieron que ocurriera. La destitución será insuficiente si termina concentrando toda la responsabilidad política en Peña y clausurando las preguntas sobre las autoridades, los organismos de supervisión y las decisiones que rodearon el crecimiento y la caída de Ueno.

El comportamiento del Congreso ilustra esa tensión. El 5 de noviembre, la Cámara de Diputados rechazó, por 48 votos contra 30, promover el juicio político contra Alliana. Al día siguiente, Peña fue destituido por unanimidad de los senadores presentes. Las decisiones preservaron la línea sucesoria, pero también plantean una exigencia: explicar con pruebas y criterios consistentes por qué se atribuyen responsabilidades a unos funcionarios y se descartan respecto de otros.

Sería impropio convertir las acusaciones contra Alliana en una condena anticipada. Sería igualmente impropio considerar su acceso a la presidencia una absolución. El senador opositor Rafael Filizzola cuestionó precisamente la continuidad del equipo político que había acompañado a Peña y reclamó investigar la actuación de los órganos de control. Son señalamientos que requieren esclarecimiento independiente, sin que la conveniencia de estabilizar al nuevo gobierno determine el alcance de las pesquisas.

También debe examinarse el procedimiento utilizado para remover al presidente. Según El País, la defensa denunció un tiempo materialmente insuficiente para estudiar la acusación y preparar su respuesta. La gravedad del escándalo y la indignación ciudadana no eliminan esa cuestión. Un juicio político necesita garantías efectivas, incluso cuando existe una mayoría abrumadora favorable a la destitución.

El recuerdo de Fernando Lugo en 2012 vuelve inevitablemente al debate. Las circunstancias son distintas, pero la pregunta institucional conserva su vigencia: ¿qué condiciones debe cumplir un procedimiento para que el control parlamentario del Ejecutivo sea compatible con el derecho de defensa? La legitimidad democrática exige tanto rendición de cuentas como reglas que impidan ejercerla arbitrariamente. Paraguay pareciera preferir los juicios políticos exprés.

¿Qué sigue ahora? En el plano constitucional, la respuesta es clara. El artículo 234 dispone que el vicepresidente asuma la presidencia vacante hasta completar el período. Alliana deberá, por tanto, concluir el mandato que termina en agosto de 2028. Como la vacancia de la vicepresidencia ocurre durante los dos últimos años del período, corresponde al Congreso designar, por mayoría absoluta de sus miembros, a quien ocupe ese cargo. No se activa automáticamente una elección presidencial anticipada.

La claridad de la sucesión contrasta con la dificultad de gobernar después del colapso. Alliana necesita construir credibilidad mediante decisiones verificables: información completa sobre la situación financiera, autoridades idóneas, protección de las investigaciones y un programa transparente para atender a los afectados. Un cambio de gabinete tendrá valor si mejora la capacidad del Estado para responder y esclarecer responsabilidades.

La primera urgencia es económica y social. La cobertura del diario Última Hora muestra que el daño alcanza recursos destinados a servicios e infraestructura: la ANDE informó que quedaron retenidos unos 21 millones de dólares procedentes de préstamos para obras. Esa dimensión obliga a evaluar, además de los depósitos particulares, las consecuencias sobre inversiones, proveedores y funcionamiento de las instituciones públicas.

El nuevo gobierno debería publicar un diagnóstico verificable de los recursos comprometidos, los mecanismos de recuperación y los plazos de atención. Proteger a los pequeños depositantes y sostener los pagos esenciales exige prioridades explícitas. Cualquier intervención con recursos públicos debe explicar su costo, sus beneficiarios y los mecanismos para recuperar activos de quienes resulten responsables. La incertidumbre se reduce con información creíble y medidas ejecutables.

La segunda urgencia es judicial. Aquí conviene precisar el alcance de las noticias: el periódico ABC Color informó de tres causas vinculadas al caso Ueno, una de ellas contra Peña por presunta lesión de confianza y otras dos contra el exdirectivo Miguel Vázquez. La existencia de investigaciones no equivale a una condena ni permite dar por segura una detención del expresidente. El resultado debe depender de las pruebas y de las decisiones judiciales.

La investigación deberá reconstruir decisiones, operaciones y responsabilidades individuales. Tendrá que determinar si hubo delitos, qué controles fallaron y si existieron beneficios indebidos o protección política. Su credibilidad dependerá de que pueda avanzar sobre cualquier persona respecto de la cual aparezcan pruebas, con independencia de su posición dentro del gobierno anterior o del actual.

Para la oposición, el desafío consiste en transformar la fiscalización en una propuesta de reforma. Acompañar la continuidad constitucional puede ser responsable; sostener una vigilancia exigente sobre el nuevo Ejecutivo también lo es. Su contribución deberá medirse por la capacidad de impulsar controles sobre los fondos públicos, transparencia patrimonial y prevención de conflictos de intereses.

Hacia 2028 se abren dos posibilidades. El Partido Colorado puede intentar reconstruir su legitimidad mediante una gestión eficaz y una investigación que alcance todas las responsabilidades. También puede limitarse a reorganizar el poder y apostar a que el relevo presidencial absorba el costo del escándalo. El desenlace dependerá de las decisiones del gobierno, de la independencia judicial y de la capacidad ciudadana para mantener sus demandas.

Reflexión de cierre

El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia al caer la noche, pero el relevo dejó intacto el centro de gravedad del poder: la figura omnipresente de Horacio Cartes. La salida de Peña y el ascenso de Alliana refuerzan una lectura política: cambió el ocupante del Palacio de los López, mientras Cartes conservó su capacidad para decidir quién gobierna y bajo qué condiciones. El senador opositor Rafael Filizzola sonó la alarma: acusó al nuevo mandatario de complicidad en lo ocurrido y de responder, como su antecesor, a los intereses de su mentor y padrino político —Cartes—, aunque aceptó la sucesión para preservar la continuidad institucional.

En suma: La destitución ha cerrado el mandato de Santiago Peña. El juicio sobre el sistema que lo sostuvo permanece abierto. Paraguay necesita recuperar dinero, esclarecer responsabilidades, reconstruir controles que merezcan confianza y sobre todo fortalecer el Estado derecho y su frágil democracia. La prueba decisiva será comprobar si las instituciones pueden investigar al poder con la misma determinación con que el poder decidió abandonar a un presidente.

 

Fuente: Nexo