En la actualidad, el estudio, la reflexión y la generación de propuestas en materia de transparencia y probidad emergen como centrales para la protección de las democracias a nivel mundial.
La puesta en jaque a la confianza ciudadana en las instituciones en los últimos años, ha generado un impacto profundo en el sistema social y evidenció la necesidad de poner la integridad como un elemento central de un conjunto de principios y acciones que sustenten la protección y estabilidad de los sistemas democráticos.
A diez años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y de la creación del Consejo para la Transparencia (CPLT), hemos trabajado en promover y cooperar con la construcción e institucionalización de
una cultura de la transparencia en Chile y hemos estado en los temas e instancias en que la ciudadanía ha demandado nuestra presencia como actor institucional.
La columna vertebral en este trabajo es garantizar el derecho de las personas a acceder a la información pública en poder de los órganos de la Administración del Estado, pero también hemos ido impulsando y materializando una serie de otros esfuerzos que consideramos sustanciales para fomentar la confianza en la función pública.
Así hemos propuesto paquetes de recomendaciones que persiguen avances normativos importantes en diversos ámbitos vinculados a la probidad e integridad, junto con el desarrollo de herramientas que, puestas al servicio de la ciudadanía, se están transformando en componentes
esenciales de estrategias orientadas al fortalecimiento del sistema.
En materia legislativa, estamos avanzando en una nutrida agenda en la que destacan los aportes del CPLT en el proyecto de Ley de Integridad Pública, la Ley N°21.121 que modifica el Código Penal en lo relativo a delitos de cohecho, aumentando las penas, tipifica los delitos de
corrupción entre particulares y de administración desleal, el proyecto sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados, el que moderniza la gestión de Carabineros, la Ley de Protección de Datos
Personales y el proyecto de Ley que modifica la Ley de Transparencia, entre otros.
Estas son algunas muestras concretas de los progresos que como sociedad hemos sido capaces de impulsar, resultado de un trabajo proactivo mediante el cual nuestra institucionalidad se está haciendo cargo de
una serie de elementos que han contribuido a la profundización de la crisis de confianza que estamos enfrentando desde hace algunos años.
Todas estas acciones persiguen un fin común: profundizar la transparencia, mejorar en materia de probidad e integridad y, con ello, aportar en la construcción de una mejor democracia.
En el documento de trabajo que tienen en sus manos, podrán conocer detalles de lo que fue una de las iniciativas de nuestro trabajo como Consejo en materia de creación de espacios de debate y análisis de cuerpos normativos cuya aplicación incide de manera directa en el ejercicio de la función pública. En este caso en particular de la Ley que regula el Lobby para continuar avanzando en la línea de elevar los estándares de transparencia y abrir a la ciudadanía espacios en los que la opacidad colabora con el aumento de la percepción negativa de las personas. Esto no solo sobre una actividad totalmente lícita sino también respecto del proceso de toma de decisión de nuestras autoridades.
A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley N°20.730, y motivados principalmente por generar instancias de debate público que permitan avanzar en la modernización de la normativa vigente —la llamada “Ley del Lobby 2.0”—, organizamos conjuntamente con el Centro de Estudios Internacionales (CEIUC) de la Universidad Católica nuestro seminario “Perfeccionamientos a la Ley del Lobby”.
En el desempeño de un rol incidente, convocante y republicano, congregamos a algunos de los expertos más destacados en materia de Lobby de Europa y Estados Unidos, lobbistas, autoridades e instituciones del Estado, académicos y sociedad civil.
Fuimos protagonistas de una instancia de intercambio sumamente valiosa, en la que pudimos conocer distintas opiniones y debatir sincera y abiertamente sobre lo que queremos que sea en el futuro nuestra Ley del Lobby. Fomentar el diálogo sobre una actividad lícita y necesaria es de suma relevancia, por cuanto permite entregar a ciertos actores clave para el sistema democrático y otras autoridades, información
técnica valiosa para el proceso de toma de decisión.
Como Consejo consideramos que la normativa actualmente vigente ha permitido abordar desafíos sustantivos en la materia, a partir del fortalecimiento de la integridad y la promoción de la confianza en las instituciones. Esta ley posibilitó el establecimiento de un mecanismo
que cumple con transparentar ciertos ámbitos específicos de la actividad del lobby, imponiendo mayoritariamente obligaciones y cargas en las autoridades públicas.
Sin embargo, la Ley N° 20.730 no considera ninguna obligación que recaiga sobre quienes ejercen la actividad de lobby o de gestión de intereses, poniendo todos los deberes sobre las autoridades consideradas
sujetos pasivos de lobby, debiendo estos, principalmente, informar sobre sus acciones de manera de poder ponerlas en el ojo público, mediante el registro de las audiencias de lobby que otorguen, de los viajes
realizados y de los donativos recibidos.
Como consignamos en esta cita del 2018, tenemos que actualizar las reglas del juego e introducir mejoras a nuestra legislación con miras a elevar los estándares en transparencia. En concreto, debemos trabajar en pro de un mayor conocimiento de los procesos de toma de decisiones, en favor del fortalecimiento de la probidad, del combate contra la corrupción, y, por ende, de una mejor democracia.
En la actualidad resulta imprescindible redoblar nuestros esfuerzos y dar el paso siguiente: regular no solo a las autoridades sino que al lobbista y a las empresas que contratan lobby, una materia que sigue
pendiente.
A nuestro juicio, se requiere regular un estándar de transparencia activa aplicable a los sujetos que desempeñan la actividad del lobby. Así también, creemos necesario avanzar en la propuesta de crear un registro público de lobbistas y gestores de intereses —administrado por el CPLT—, de manera de permitir que se conozcan a qué intereses representan y con ello facilitar un mejor y más eficaz control social de los conflictos que pueden presentarse respecto de las decisiones adoptadas por las autoridades.
Paralelamente, hemos planteado la necesidad de profundizar no solo la entrega de información oportuna y veraz a las autoridades por parte de aquellas personas que realicen actividades de lobby o de gestión de
intereses, sino también, establecer un régimen de sanciones que no se centre, como en la actualidad, en la responsabilidad administrativa que le cabe a las autoridades que no cumplen adecuadamente con los
registros de agenda pública que se regulan en la ley.
Una regulación de la actividad de lobby que ponga el foco en el ejercicio de los lobbistas y gestores de intereses particulares, debiera necesariamente analizar modalidades de cumplimiento de la legislación. El
establecimiento de sanciones especiales y la designación de un órgano de control especializado para ello, permitirá introducir mejores herramientas de monitoreo y fiscalización de la ley.
De esta manera, serán los sujetos activos los que deberán dar cumplimiento efectivo a todas sus obligaciones, en particular en cuanto al registro y a la calidad de la información que este contenga, facilitando
con ello el acceso a la información relativa al lobby y la gestión de intereses. En este sentido, de la revisión de la legislación comparada, se observa que la amenaza de una sanción penal constituye un importante método disuasorio que resulta fundamental para el cumplimiento
de la legislación de lobby.
Pero también hemos contemplado la ejecución de acciones que van más allá de propuestas para modificar el marco regulatorio. Hoy trabajamos en mejoras a partir del uso herramientas tecnológicas que permiten disponer de gran cantidad de información, facilitando el control
ciudadano. Es el caso de las dos plataformas administrados desde el Consejo para la Transparencia: Infolobby.cl e Infoprobidad.cl.
Infolobby.cl es una plataforma que centraliza y disponibiliza información sobre sobre audiencias de lobby, viajes y donativos o regalos recibidos por los sujetos pasivos definidos por la Ley N° 20.730. En 2018 y a partir de la necesidad de poner el énfasis en las necesidades de la ciudadanía, implementamos un rediseño de este sitio web como de Infoprobidad.cl.
Este proceso de perfeccionamiento impulsado durante 2018, nos permitió dar un giro en 180 grados, y poner a disposición de la sociedad civil más de un millón de registros, incluyendo información de lobbistas y gestores de intereses con valor agregado, empleando tecnologías de cruce y análisis de datos. Esto ha permitido elevar los niveles de conocimiento de las acciones de estos actores, como por ejemplo con quién se reúnen y los temas que abordan, entre otros aspectos relevantes.
En definitiva, el portal Infolobby, así como también el sitio Infoprobidad —en el que se publican las declaraciones de intereses de las autoridades—, nos han permitido poner al servicio de la transparencia un conjunto de herramientas digitales comparativas y estadística avanzada al servicio de la transparencia.
Todas estas acciones e iniciativas tienen como principal objetivo el perfeccionar nuestro sistema de integridad, avanzar en la reducción de espacios de opacidad y posibilitar un mejor manejo de conflictos de interés en el sector público, abriendo puertas a la participación y
el escrutinio ciudadano, a través de la profundización de las reglas de transparencia en nuestro país.
Nuestro propósito central es fomentar y promover el acceso a información pública, exponiendo las decisiones y acciones de los organismos del Estado al conocimiento y escrutinio ciudadano: reducir los espacios de discrecionalidad y arbitrariedad en el quehacer público y hacer partícipes a nuestros conciudadanos y conciudadanas de las decisiones y actos del poder.
Marcelo Drago
Presidente Consejo para la Transparencia