De acuerdo a Naciones Unidas, cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.[1]
Es por este motivo que la corrupción socava el desarrollo humano. Desvía los recursos públicos destinados a la prestación de servicios esenciales, aumenta la desigualdad y obstaculiza el desarrollo económico nacional y local al distorsionar los mercados de bienes y servicios. Corroe el estado de derecho y destruye la confianza pública en los gobiernos y líderes.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) es el primer instrumento jurídicamente vinculante contra la corrupción. Al 12 de julio de 2017, la UNCAC tiene 182 Estados Partes.
Chile es también un miembro de esta Convención, y a lo largo de los años ha adoptado diversas políticas públicas para atacar el fenómeno de la corrupción, tal como se expondrá en el presente documento de trabajo.