Luego de la caída de los Talibán en 2001, la reconstrucción del país se llevó adelante a través de un gobierno provisional y una nueva Constitución que se aprobó en 2004. Esa “ingeniería institucional” enfrentaba una disyuntiva: construir un Estado centralizado que permitiera controlar todo el país, o generar un régimen abiertamente descentralizado, mucho más acorde a la realidad diversa del país, donde habría muchos interlocutores y, por lo tanto, más sujeto a procesos de consenso y diálogo que de imposición centralista. El haber elegido la primera opción - favorecer el centralismo como base de la estabilidad antes que la descentralización - fue un error cuyas consecuencias están presentes en la actualidad.