Una dura pugna entre adherentes y detractores al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) surgió debido al impacto que tendría el convenio comercial en el ámbito de la solución de controversias entre estados firmantes del pacto.
Mientras adherentes al tratado internacional afirman que sus normas no afectan la soberanía de los países integrantes, los detractores aseguran que la implementación del TPP sí conlleva un menoscabo.
En su texto, el pacto permite que las partes puedan resolver sus discrepancias a través de la cooperación entre ellas y mediante métodos de consulta. Además, el tratado contiene mecanismos alternativos de solución de controversias, como los buenos oficios, la mediación o la conciliación.
El director de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de la Cancillería, Andrés Rebolledo, aclara enfáticamente que "el TPP no crea un tribunal nuevo ni tampoco institucionalidad nueva para resolver controversias con inversionistas extranjeros. Lo que hace es incorporar la posibilidad de que un empresario extranjero presente un caso contra un Estado en tribunales domésticos o en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial".
Cuando no es posible arreglar las diferencias a través de las vías alternativas, el TPP contempla la resolución de conflictos mediante paneles encargados de zanjar las disputas. Pueden recaer en tres temas: cuando los países miembros tienen dudas acerca de la interpretación y aplicación del tratado; cuando existe un incumplimiento de una norma del pacto, y cuando algún país integrante tiene una medida vigente que pueda ser contraria al TPP.
Estos paneles estarán integrados por tres expertos en comercio internacional y materias objeto de la controversia. Cada parte tiene derecho a elegir a un integrante, mientras que el otro -que por regla general no puede ser connacional de ninguno de los estados en conflicto- lo deben decidir de común acuerdo las partes, y de no alcanzarse, será elegido por los miembros del panel.
El subdirector del Centro de Estudios Internacionales UC y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Jorge Sahd, asegura que "el TPP no afecta la soberanía de los países, porque todos los tratados comerciales -sean bilaterales o multilaterales- establecen mecanismos de solución de controversias. Eso no significa, en ninguna medida, que los países ponen en riesgo su soberanía" .
Libre elección
Sahd explica qué puede ocurrir en la situación eventual de que entre países firmantes del TPP se suscite una controversia respecto de materias reguladas tanto por este tratado como también contenidas en un acuerdo de libre comercio suscrito previamente entre ellos. En este caso, "el Estado reclamante puede elegir el foro en el cual puede resolver la disputa, ya sea a través de este grupo especial del TPP, o bien a través de los métodos de solución acordados en el tratado bilateral".
Rebolledo pone énfasis en que "contar con un sistema de solución de controversias adecuado resulta fundamental para ofrecer seguridades y garantías a las partes en cualquier acuerdo comercial. Esto permite resolver las diferencias que surjan cuando una de ellas adopta una medida que la otra considera transgresora de las disposiciones del acuerdo o que constituya un incumplimiento de las obligaciones contraídas".
En la vereda contraria, el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, quien ya adelantó que se opondrá a este tratado en la Cámara Alta, asevera que "el mayor riesgo para nuestra soberanía es la creación de un tribunal supranacional para resolver controversias con las trasnacionales". Agrega que "cuando estas se sientan perjudicadas por la normativa medioambiental, laboral o económica que determine el Congreso, podrán demandar al Estado de Chile en una corte especialmente creada, la que estará por sobre los poderes del Estado y del gobierno de turno".
Menos demandas
Una disminución en los conflictos entre estados podría generar este acuerdo comercial. Según explica Rebolledo, una innovación interesante se refiere a "establecer una protección cuyo objetivo es reducir los riesgos de demandas. La cláusula preserva el derecho de los estados a regular en consecución de objetivos legítimos de política pública. Entonces, el Estado podrá dictar leyes para exigir que las inversiones se realicen tomando en cuenta inquietudes en materia de salud, medioambientales u otros objetivos regulatorios".
Chile tiene 25 acuerdos con 64 economías de diversas regiones. En 25 años que el país negocia tratados de libre comercio en el marco de su política de apertura hacia el exterior, nunca ha sido demandado por un inversionista extranjero en el marco de un tratado de libre comercio. Rebolledo explica que el TPP, incluso, "otorga más libertad a los gobiernos para hacer sus políticas públicas de acuerdo a sus intereses nacionales. Es decir, nada en el acuerdo impide que se implementen cambios tributarios, laborales, ambientales, etc.".
El Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) fue suscrito el pasado 4 de febrero por 12 países, entre ellos Chile, que suman el 40% de la producción de bienes y servicios del mundo. Su objetivo es eliminar o reducir los aranceles en el intercambio de bienes entre sus miembros para potenciar el libre comercio.
Fuente: El Mercurio