Atribuyen a "paranoia parlamentaria" la negativa a recibirlas formalmente y acusan incremento del lobby informal o de pasillo, del que no queda registro público. Jorge Soto
Un Congreso "blindado".
Así definen algunos lobistas y gestores de interés la actitud que están adoptando distintos parlamentarios cuando se les solicita una audiencia vía Ley de Lobby, la normativa que exige a las autoridades dar a conocer tales encuentros, además de los donativos que reciban y los viajes que realicen, como mecanismo para transparentar la actividad pública.
Y es que, con dos años de implementación -dicen-, se ha disparado el número de solicitudes de audiencia con congresistas que resultan rechazadas. Parte de la responsabilidad, estiman, la tiene el impacto público de los casos Penta, SQM y Corpesca: tras su estallido, existiría una verdadera "paranoia parlamentaria" ante la idea de ver publicadas en la prensa reuniones en que pudieren aparecer vinculados con empresas o grupos de interés.
Promedio por diputado: 11,4 audiencias al año
En rigor, no existe -pues la ley no lo exige- un registro de los rechazos, pero los números que maneja el Consejo para la Transparencia -encargado de publicar las reuniones formalmente realizadas, a través de la plataforma Info Lobby- son en sí reveladores: entre 2014 y 2015 se registraron en la Cámara de Diputados 1.375 audiencias. Esto significa que en aquel período de aproximadamente un año, los 120 diputados atendieron un promedio de 11,4 audiencias cada uno. A 2016, en tanto, el número sube a 2.689, confirmando una constante de algo más de 1.300 por año. Las cifras, según estiman los conocedores del mundo legislativo y su funcionamiento, no parecen coherentes ni con la cantidad de materias abordadas por los congresistas ni con la naturaleza del trabajo parlamentario. Por eso, muchos se preguntan: ¿a quién están escuchando los políticos?
Mayores rechazos son en el Congreso
Moisés Valenzuela, gerente de Asuntos Públicos de la consultora Imaginaccion, señala que "después de la exigencia de la Ley de Lobby, empezó a pasar que muchos parlamentarios a los que les solicitamos audiencias nos dicen: 'no, yo no recibo lobistas, empresas ni gestores'. Eso ha aumentado muchísimo. Sobre todo en el Congreso".
Valenzuela, quien antes de llegar a la empresa de Enrique Correa fue secretario nacional de la DC, asegura que antes de 2014 las reuniones con diputados y senadores eran analizadas "en su mérito", en contraste a lo que pasaría hoy, donde pocas pasan el filtro.
Felipe del Solar, de Extend -fundada por Pilar y María de la Luz Velasco-, matiza y dice que "hay un grupo reducido de autoridades que tiene como política rechazar cualquier contacto con las personas inscritas en el registro (de lobistas), lo que es válido, pero es la excepción".
A su vez, el director de Asuntos Públicos de Azerta, Miguel Flores -subsecretario de Desarrollo Regional en el gobierno de Sebastián Piñera-, afirma que "quien más está al debe es el Congreso", pues allí los tiempos de respuesta a las solicitudes no son los óptimos: en una oportunidad, Flores recibió la negativa de un senador para reunirse un año después de haberlo solicitado. "A nivel del Congreso, muchos parlamentarios rechazan estas audiencias sin una justificación clara. En cambio, a nivel del gobierno central, son escasos los rechazos", agrega.
Flores hace notar otro fenómeno: "Si se compara la cantidad de audiencias en las que participan agencias de lobby o lobistas versus las organizaciones que se definen como gestoras de intereses particulares (la diferencia es que las primeras son remuneradas por hacer lobby para terceros), se aprecia que en la mayoría de las audiencias participan gestores, cámaras profesionales, estudios de abogados y consultoras, pero ninguno se define como lobista".
Ex autoridades corren con ventaja
En el mundo de las agencias de lobby dicen que en el Congreso son otros los actores con mayor poder de acceso a los rincones de la corporación. Se trata de ex autoridades ministeriales y ex parlamentarios que, por su pasado laboral, entran a los comités de partidos, comisiones, y salones de ambas cámaras para celebrar reuniones que no quedan bajo el registro de la ley.
"De gente que perteneció al Congreso y que hoy se dedica a hacer lobby está lleno, son de todos los colores", reconoce un diputado, quien -en off the record - revela que otra "práctica habitual" es la invitación a cenas en donde "estará un conocido" o "se tocará un determinado tema".
La cultura del "pasillismo" en los salones del Congreso, tanto en Santiago como en Valparaíso, es una práctica que reconocen los legisladores. En donde, sin una credencial, existen personeros que conocen a administrativos o que en algunos casos entran invitados por otro parlamentario.
La ex candidata presidencial Sara Larraín es directora ejecutiva de Chile Sustentable. Varios senadores y diputados consultados dicen que es habitual verla en las comisiones de Energía del Congreso. Consultada al respecto, dice que desde que comenzó a regir la ley, "el equipo de Chile Sustentable se registró en la plataforma (...) a nosotros nos tocan todos los casos: algunos políticos nos dicen que vayamos a las comisiones, otros responden de inmediato y otros no responden nunca".
Sobre el lobby practicado en las comisiones, Larraín dice que "uno siempre saluda a los parlamentarios. Si llegan antes, uno pregunta cómo va la cosa. En general, nosotros tenemos una relación bastante cercana con los parlamentarios de todos los colores".
El ex diputado UDI Felipe Salaberry también ha tenido que viajar a Valparaíso por su nuevo trabajo. Cuenta que, tras perder la reelección en 2013, tuvo tres meses para reinventarse. "Me pregunté qué es lo que sé hacer y, dada mi expertise laboral, formé Anticípate Consultores", cuya estrategia "es anticiparse a los procesos legislativos y definir cuáles son los temas que van a influir en la gestión laboral y de recursos humanos de una empresa o gremio".
Salaberry dice desconocer la práctica de lobby informal que denuncian las grandes agencias. Para el miembro de la comisión política de la UDI, existe un respeto "por la actividad de los parlamentarios, por lo que sería una irresponsabilidad abordarlos de manera impropia".
La empresa de Salaberry está inscrita en el registro bajo la razón social "F&S Consultores", pero no existen datos en el Consejo para la Transparencia de audiencias celebradas bajo esa razón ni de su nombre como gestor. Larraín, en tanto, solo aparece mencionada en tres encuentros con diputados, mientras que Chile Sustentable también aparece en otros tres encuentros con autoridades del Congreso.
Andrade (PS): "No me extraña"
Respecto del lobby informal, el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), asegura que, aunque él nunca ha recibido a nadie sin que sea vía la Ley de Lobby, "si es que ocurre esta práctica informal, no me extraña en lo absoluto. Recuerdo en una sesión pasada al diputado (Fuad) Chahín, quien pidió un punto de reglamento porque, antes de comenzar, un señor se le había acercado a propósito del proyecto de nacionalización por gracia de Douglas Tompkins. Creo que es un ejemplo de lo que se está hablando".
Para el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), sus pares optan por no recibir a lobistas "porque, al hacerse pública esa información, quedan en categoría de sospecha, producto del actual ambiente de desconfianza".
Califican de "cínica" la ley
Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales UC, acaba de publicar el estudio "Lobby Law in Chile". Allí se expone que en los últimos 20 meses, cincuenta congresistas han reportado 14 o más reuniones y 70 menos de esa cifra. Hay tres casos en los que no se ha informado ninguna cita.
"Un defecto de la ley actual es que no hay registro de las audiencias rechazadas. A veces, la autoridad no explica el motivo del rechazo; entonces, cuando vemos que hay autoridades sin reuniones, no sabemos si es porque no les fue solicitado, porque no las registran o porque las rechazan".
Marcelo Drago, integrante del Consejo para la Transparencia, cataloga a la Ley de Lobby chilena como "cínica", porque solo se limita a informar reuniones celebradas y no pone el foco en las personas que hacen lobby . "En Estados Unidos, los lobistas tienen que transparentar trimestralmente todas las acciones de lobby que realizaron; sus contactos discretos, minutas, encuentros", compara. Sin embargo, admite que instalar más barreras de entrada a la actividad podría generar un "monopolio para las grandes agencias que conocemos hoy en día".
Para Moisés Valenzuela, crear un registro de lobistas obligatorio es un punto esencial que debería considerar una nueva ley. En ese sentido, Miguel Flores propone evaluar si corresponde o no hacer la distinción entre gestor de interés o lobista, mientras que Felipe del Solar aboga por poner el énfasis en la fiscalización.
Desde el Gobierno se señala que por ahora solo se avanzará en perfeccionar las plataformas que publicitan las audiencias.
JOSÉ LUIS SANTA MARÍA, PRESIDENTE DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA: "Hay quienes se benefician de las carencias que presenta la normativa"
En la visión del Consejo para la Transparencia, "es imperativo que se cree un registro único de lobistas y gestores de intereses para facilitar la solicitud de audiencias y el control de las obligaciones de la ley", explica el presidente del CPLT, José Luis Santa María.
El punto es parte de una propuesta elaborada por el Consejo, que también considera, entre otros aspectos, perfeccionar la actual definición del concepto de "interés particular" e introducir en la ley las reuniones efectuadas a través de medios tecnológicos.
En cualquier caso, Santa María destaca que la normativa vigente "permite transparentar audiencias que antes ocurrían fuera del escrutinio público. En este sentido, al ordenar informar quiénes desarrollan estas tareas, por qué medios, ante qué autoridades, en qué tiempos y qué materias se abordan, se concreta un importante avance en pos de la transparencia. Sin embargo, la legislación actual debe transitar hacia la regulación efectiva de lobistas y gestores de intereses, así como fijar reglas que permitan sancionar los incumplimientos de la ley".
-¿Existe el mercado de lobby informal en Chile?
-Más que informal, creemos que simplemente hay lobistas que se benefician de las carencias que presenta la normativa.
-Las agencias que hacen lobby denuncian que desde que comenzó a regir la ley los políticos dejaron de recibirlos por un tema de no querer publicitar con quiénes se juntan. ¿Ustedes detectan ese fenómeno? ¿Cómo se puede revertir?
-Es posible que ese fenómeno ocurra. Ahora, la norma no pretende transformarse en una instancia que sirva para cuestionar lesivamente los encuentros de líderes o políticos. En ese sentido, es necesario cambiar la percepción de que todo el lobby es malo, porque esta es también una herramienta que le permite a la ciudadanía acercarse a las autoridades y poder exigir un trato equitativo a la hora de pedir una audiencia y exponer sus puntos de vista".
-¿Cómo ha sido el comportamiento de los embajadores y personal diplomático respecto de esta ley?
-Transcurridos dos años desde que la Ley del Lobby entró en vigencia, solo uno, de los más de cuarenta representantes diplomáticos de nuestro país en el exterior, declara sus reuniones, y eso es algo que llama la atención.
-¿Qué herramientas puede ocupar el Consejo para generar un cambio cultural en las autoridades?
-Lo esencial es viralizar la idea de que una mayor transparencia fortalece la democracia y la confianza de los ciudadanos, así que lo primero es promover la idea de que esta ley es útil y debe cumplirse. Para ello, el Consejo para la Transparencia ha capacitado a organismos públicos y también a actores del mundo privado.
123.217 audiencias registra el portal InfoLobby desde la entrada en vigencia de la ley. La Municipalidad de Teno aparece como la institución con más reuniones concedidas: 3.598, superando a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo (2.707) y a la Cámara de Diputados.
FUENTE: El Mercurio