Un incremento progresivo han experimentado las agendas de probidad y transparencia en las últimas décadas. Así lo muestra el estudio “La economía política de la Agenda de Probidad y Transparencia de Chile”, elaborado por el director del Centro de Estudios Internacionales de la UC (CEIUC), Jorge Sahd, y el investigador asociado, Cristián Valenzuela.
El informe recopiló las medidas administrativas y legislativas impulsadas desde el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000), administración que ejecutó cuatro cambios legales de este tipo. El peak lo anotó el segundo gobierno de Bachelet (“Bachelet II”), con 18 acciones legislativas y 14 medidas administrativas, total que significó un alza de 700% en los últimos 24 años.
“Todas las iniciativas chilenas en materias de transparencia y probidad fueron antecedidas por irregularidades y actos de corrupción de distinta naturaleza… Si bien dichas crisis han constituido una ventana de oportunidades para impulsar reformas…, estas materias no suelen estar en la prioridad de la agenda pública si no surgen como una respuesta a una situación de crisis política. El desafío, entonces, radica en darle continuidad a estas agendas”, plantea el informe. De hecho, la gestación de las medidas implementadas por Bachelet en la materia comenzó en abril de 2015, como respuesta a los escándalos de financiamiento irregular de la política.
El estudio CEIUC, sin embargo, no incluyó al primer gobierno de Sebastián Piñera, porque la investigación se centró en las agendas que fueron antecedidas por una comisión de expertos. Aún así en el primer mando de Piñera se aprobó la Ley del Lobby.
Fuente: La Segunda