Miguel Schloss: "... en vez de actuar como dueño y operador de las minas, el papel emergente del Estado es el de regulador y árbitro del sector. Las inversiones y la responsabilidad de operar las minas deben situarse en el sector privado, que está mejor equipado para movilizar recursos y asumir los riesgos...".
TribunaMiércoles 16 de mayo de 2018Política minera para impacto económicoMiguel Schloss: "... en vez de actuar como dueño y operador de las minas, el papel emergente del Estado es el de regulador y árbitro del sector. Las inversiones y la responsabilidad de operar las minas deben situarse en el sector privado, que está mejor equipado para movilizar recursos y asumir los riesgos...". Enviar Opine1 Comentarioimprimir agrandar letra achicar letra El debate minero suele girar, equivocadamente, en torno al control que debe ejercer el gobierno y al cobro de tributos en el sector. Mientras, por ejemplo, Zambia exige una participación significativa del gobierno en empresas mineras y altos tributos, en Chile se ha enfatizado la generación de condiciones auspiciosas para atraer capital para extraer riqueza del subsuelo. Así se explica que si bien Chile y Zambia producían la misma cantidad de cobre en 1970, hoy producimos 67 veces más que Zambia, con consecuentes impactos macroeconómicos en ambos países.
El éxito de Chile inevitablemente genera adopción de políticas similares o mejores en otros países, mermando nuestra "ventaja comparativa". Es más, como el sector requiere mucho capital, su desarrollo tiende a depender de cuantiosas inversiones extranjeras, haciéndolo presa fácil de crecientes exigencias nacionales y competitividad internacional.
Al mismo tiempo, el tema tiene complejas aristas, ya que países dependientes de industrias extractivas tienden a tener bajos rankings de gobernabilidad, donde se concentran altos niveles de corrupción, y con ello dificultades en el manejo efectivo de ingresos fiscales generados por la minería para su reinversión en el desarrollo de los recursos humanos y físicos del país.
Nuestro desafío, por tanto, es poder operar en un mundo más globalizado, de mayores exigencias, competitividad e integración. La era de proyectos mineros enclaves ha terminado, y las actividades del sector están sujetas a una mayor fiscalización, tanto ciudadana como gubernamental.
Un esfuerzo entre la ciudadanía, empresas mineras y gobierno será imprescindible para aumentar las exigencias mutuas y un mejor uso de recursos, incluyendo el aumento de su contribución al desarrollo económico, una distribución equitativa de los beneficios, la creación de empleos en industrias derivadas, y el estímulo de nuevas inversiones en un clima competitivo.
Los países que cuentan con recursos mineros han enfrentado estos desafíos y algunos han logrado atraer inversiones tras llevar a cabo importantes reformas. Estas requieren de una readecuación del papel del Estado. En vez de actuar como dueño y operador de las minas, su papel emergente es el de regulador y árbitro del sector. Las inversiones y la responsabilidad de operar las minas deben situarse en el sector privado, que está mejor equipado para movilizar recursos y asumir los riesgos correspondientes. Los países que han instituido tales reformas han logrado resultados impresionantes en producción minera, generación de ingresos fiscales, exploraciones y crecimiento económico.
Si bien Chile ha adoptado en forma estelar las mencionadas políticas, la mera adopción de políticas similares en otros países y las dificultades de nuestra institucionalidad a asimilar nuevos temas como el medio ambiente, minimizando la discrecionalidad, han ido erosionando su posición competitiva relativa -bajando el país en el ranking de los "top 10" en 2008 al 39 lugar en encuestas de empresas mineras del Instituto Fraser en 2016-. Ello muestra algunas vulnerabilidades que merecen atención:
a) La falta de ductilidad del desarrollo institucional para asumir nuevas demandas al sector, como impactos ambientales, e implicaciones en la predictibilidad y ambiente para futuras inversiones;
b) Las posibilidades de contribución de la minería al desarrollo del país, con fondos administrados por el sector privado o sociedad civil, sin socavar mejoras de productividad del sector.
c) El apoyo menguado del sector minero, especialmente de empresas extranjeras en los ambientes políticos, que las hacen vulnerables a mayores demandas nacionales, y falta de incorporación de inversionistas chilenos que ayuden a alinear los intereses de dichas empresas a la ciudadanía.
Por ello debe ponerse creciente atención a las implicaciones de los tributos mineros en la gobernabilidad del país, ya que los ingresos provenientes de recursos naturales tienden a generarse "fácilmente", motivando gastos menos disciplinados. Ello puede generar barreras a reformas para adaptarse a situaciones globales cambiantes, socavando incentivos para la responsabilidad y eficiencia del sector público y minero.
Miguel Schloss
Ex director ejecutivo de
Transparency International
Director de Planificación Corporativa del Banco Mundial
Fuente: El Mercurio