Cierra el año con un cuadro regional convulso, volátil e inestable. El crecimiento económico es anémico: 0,1% de promedio regional; el ambiente social está crispado con estallidos sociales en varios países; la pobreza ha vuelto a crecer y se ubica en el 30,8%, y la reducción de la desigualdad se estancó.
Hay un profundo malestar con la política y de desconfianza respecto de las elites –por la falta de resultados y por as promesas incumplidas–, aunado a la existencia de numerosos presidentes débiles, con baja popularidad y que no cuentan con suficiente apoyo en los congresos.
Viejos y nuevos desafíos
Las democracias latinoamericanas tienen por delante tres antiguas asignaturas pendientes: desigualdad, inseguridad y corrupción. La región es una de las más desiguales del mundo; es, al mismo tiempo, una de las más inseguras: con apenas el ocho por ciento de la población, concentra el 35% de los homicidios del mundo. Y la corrupción representa un mal endémico en la mayoría de los países.
Los indicadores de cultura política también son preocupantes. Todas las encuestas regionales revelan el sentimiento de enojo con la política y de fatiga democrática. Esta crisis de la mediana edad –que tiene lugar justo cuando se celebran 40 años del inicio de la Tercera Ola– se caracteriza por una constante caída en el apoyo a la democracia y por un fuerte aumento de insatisfacción con esta.
A estos viejos desafíos se unen varios nuevos: los efectos de las nuevas tecnologías y de las redes sociales –fake news y campañas de desinformación– sobre la política, las elecciones y la democracia; los cambios disruptivos producidos por la cuarta Revolución Industrial; el cambio climático, y los elevados flujos migratorios.
Como era de suponer, la suma de estos factores genera frustración y enojo ciudadano, coloca a la política bajo sospecha, disminuye el apoyo a los gobiernos, impacta negativamente en la calidad de la democracia, debilita la legitimidad de sus principales instituciones y complica la gobernabilidad.
¿Qué hacer?
Lo primero que debemos hacer es estar preparados para un 2020 igual o incluso más complejo, convulso y volátil que 2019. Una economía que no crece, combinada con programas de ajuste, falta de resultados, alta desigualdad y un sistema político deslegitimado constituyen una combinación explosiva. La ciudadanía ha perdido la paciencia; es menos tolerante con sus gobernantes y más exigente con sus derechos.
Como bien acaba de advertir la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), los gobiernos deben prepararse para dar respuestas a la mayor demanda y presión que vendrá de los sectores medios por bienes públicos universales de calidad y medidas más eficaces para promover la movilidad social.
Segundo: poner en marcha una agenda renovada que siente las bases de una democracia de nueva generación dirigida a mejorar su calidad, fortalecer sus instituciones, recuperar el crecimiento económico, blindar los avances sociales, repensar el modelo de desarrollo y cumplir con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Una agenda estructurada en torno de tres objetivos prioritarios:
Uno: mejorar la calidad de la política y de la democracia, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana, aumentar los niveles de resiliencia y afianzar la gobernabilidad. Es prioritario modernizar y reforzar los partidos políticos y los congresos mediante la creación de nuevos vínculos con la ciudadanía. También prioritario es fortalecer el Estado de derecho para garantizar seguridad jurídica y luchar contra la corrupción y la impunidad. La democracia necesita de una gobernanza eficaz, transparente, que rinda cuentas y con capacidad de ofrecer a los ciudadanos políticas públicas de calidad.
Dos: recuperar niveles adecuados y sostenibles de crecimiento económico. Para ello es necesario incrementar la productividad y la competitividad, aumentar la inversión, apostar fuerte en educación, en innovación y en infraestructura, y mejorar el clima de negocios.
Tres: negociar un nuevo contrato social –que tenga como norte blindar los avances sociales–, continuar reduciendo la pobreza y la desigualdad y avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible de la ONU.
Esta es la agenda que el liderazgo político latinoamericano necesita debatir. Una agenda que combine democracias de calidad y resilientes con buen gobierno. Una agenda que le permita al liderazgo político aprovechar las oportunidades y las coyunturas favorables para sortear con éxito los acontecimientos adversos y gobernar en tiempos de alta incertidumbre. Una agenda que, como recomendaba Albert Hirschman, permita “pensar en lo posible antes que en lo probable”. No hay tiempo que perder.
Fuente: La Voz, Argentina