En abril de 2019, más de la mitad de los chilenos decía que nos convenía profundizar relaciones comerciales con China, según Cadem. Eran tiempos de guerra comercial entre Beijing y Washington, y la economía chilena comenzaba a sentir el efecto del enfrentamiento. ¿Qué dirían los chilenos si la medición se repitiera hoy, luego de las dudas sobre el manejo de China del Covid-19 y su creciente presencia en áreas estratégicas de nuestra economía?
Los países desarrollados dan algunas luces. La visión negativa hacia el gigante asiático supera el 70% según Pew Research Center. El ascenso económico global, la política exterior del “lobo guerrero” y sus últimas amenazas a países que le han formulado críticas, muestran a una China poderosa, pero con pésimos resultados en generación de confianzas.
La posible compra de CGE por parte State Grid transformó un tema que mirábamos a distancia en un asunto nacional. Sumado a Chilquinta, la mega-estatal china superaría el 50% del mercado de distribución eléctrica, llegando a casi cuatro millones de clientes chilenos, sumándose así a la larga lista de inversiones chinas en recursos naturales, concesiones, tierras, industria vitivinícola o salmonera. No por nada, en cinco años el gigante asiático invirtió en América Latina casi diez veces más que en las últimas dos décadas.
¿Cómo puede plantearse Chile frente a esta imparable China? ¿Debería discriminar la inversión extranjera por el solo hecho de ser empresas que dependen del poder central chino? Definitivamente, no.
Sería inconsistente respecto de muchas otras empresas estatales que han invertido y lo seguirán haciendo en sectores estratégicos chilenos, como la inversión del gigante emiratí Dubai Port en el negocio portuario chileno. Una acción de ese tipo rompería el principio básico de no discriminación sobre el cual Chile se ha abierto al mundo. Tampoco sería coherente con la defensa de nuestras inversiones en el exterior, como las de Codelco, Enap o de nuestros fondos soberanos. Las prácticas desleales de empresas estatales o su falta de transparencia se combaten con exigencias para todos, no dirigidas a un país en particular.
La discusión no se trata de cómo mejorar nuestra institucionalidad de libre competencia o de un mercado regulado en particular: es cómo Chile se protege su seguridad nacional frente a la inversión extranjera en sectores estratégicos, especialmente cuando se trata de inversiones realizadas por empresas estatales, donde un eventual conflicto diplomático sería de Estado a Estado. Esta discusión trasciende a China y nuestra creciente dependencia comercial; se trata de resguardar nuestro interés nacional sin caer en un control político y discrecional de la inversión.
Para evitar esto último, es fundamental definir qué tipo de operaciones pueden comprometer la seguridad nacional, acotar los sectores estratégicos, mirar con mayor atención cuando se trate de empresas estatales, y contar con mecanismos claros y transparentes de evaluación. Comités intersectoriales que incluyen distintos ministerios, como en Australia o EEUU, sirven para guiar un asunto complejo, plagado de trade-offs y en un contexto donde Chile debe pensar cómo atraer inversión, y no dificultarla, para la recuperación económica.
Chile no es un país proteccionista. Una respuesta apresurada para un asunto que requiere una mirada de largo plazo, puede terminar afectando precisamente lo que se busca proteger: el interés nacional.
Fuente: Diario Financiero