Este 31 de diciembre, el TPP11 (Acuerdo Transpacífico) cumplirá dos años desde que entró en vigencia. Siete países ya lo han ratificado y nuestro Senado, de manera inexplicable, continúa sin despacharlo.
Desde sus inicios, el Acuerdo Transpacífico generó polémica y probablemente sea el acuerdo con más mitos en torno a su discusión. Luego que el Presidente Trump decidiera retirarse del acuerdo, Japón y Chile lideraron su rescate para convertirlo en el actual TPP11. Con cláusulas de inversión y propiedad intelectual suspendidas, todo hacía pensar que nuestro país lo aprobaría con celeridad; mal que mal, contaba con el apoyo de gobiernos de derechas e izquierdas. Pero eso no ha ocurrido hasta hoy.
¿Cuál es el mito de turno? Que suscribir el TPP11 impediría a los países regular para proteger materias sensibles y de interés nacional.
El TPP11, como todos los tratados, reserva expresamente la facultad a los países para fijar sus propias políticas públicas y marcos regulatorios. Distinto es si un inversionista extranjero acusa un trato discriminatorio y ejerce las acciones legales en sede internacional, como ocurre en cualquier caso inversionista-Estado contemplado en los acuerdos internacionales. El principio de no discriminación y de trato nacional a la inversión extranjera forma parte de los principios de Derecho Internacional que recogen los distintos acuerdos comerciales, la OMC y los capítulos inversión.
En los hechos, el TPP11 no ha interferido en la manera en que los países legislan. Nueva Zelanda, Canadá y Australia han impulsado este año reformas para regular la inversión extranjera directa (IED), resguardando la capacidad regulatoria de sus estados. En tanto, México aprobó una reforma laboral estableciendo mayores protecciones colectivas a los trabajadores: el TPP11 no fue una cortapisa para ello.
La nueva reforma para la Inversión Extranjera Directa en Nueva Zelanda, que establece resguardos a la seguridad nacional en inversión extranjera en sectores estratégicos, tampoco ha tenido restricciones por el hecho de haber ratificado el TPP11. Misma situación ha sucedido con las reformas a la IED en Australia y Canadá. En Singapur, desde el 2019 a la fecha, se han discutido modificaciones a las leyes de propiedad intelectual, arbitraje internacional, protección de datos personales entre otras. Por último, Japón, la mayor economía del bloque, ha implementado distintas regulaciones en 2020, como la fijación de precios de los medicamentos nuevos y bioequivalentes comercializados para facilitar su acceso en los adultos mayores.
En el texto y en los hechos, el TPP11 ha dejado claro que se mantiene intacta la soberanía y autonomía de sus miembros para implementar y modificar sus leyes, al igual que la capacidad de los gobiernos para tomar medidas ante riesgos a su interés nacional.
No dejemos que lo mitos sigan confundiendo a la opinión pública para dilatar la aprobación de un acuerdo que mejorará la inserción de Chile en Asia-Pacífico y ofrecerá nuevas oportunidades para nuestras empresas.
Fuente: La Tercera