América Latina ha visto estas últimas semanas un inusual movimiento de expresidentes por tribunales y cárceles. Poco después de que la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, declarara a inicios de mes en una audiencia por el caso Dólar Futuro —una de diez causas contra la exmandataria—, un juez de la Corte Suprema de Brasil determinó la liberación del expresidente Lula da Silva, al anular todas las sentencias en su contra en una de las aristas del caso Lava Jato. Y mientras en Perú una magistrada decidía la posible prisión preventiva para el exmandatario Martín Vizcarra —que finalmente desechó este jueves—, en Bolivia era arrestada la expresidenta Jeanine Áñez por cargos de terrorismo y sedición, a solo cuatro meses de haber dejado el cargo.
Todos ellos, sin excepción, acusan ser víctimas de una “persecución política” de la que supuestamente formarían parte jueces y fiscales, en un fenómeno que muestra la creciente tensión entre la clase política y el Poder Judicial en la región.
“Una tendencia común en estos países tiene que ver con la judicialización de la política y consecuente- mente la politización de la justicia. Son dos caras de una misma moneda”, comenta el politólogo y jurista Daniel Zovatto, director de IDEA Internacional para América Latina, quien resalta que, aunque cada caso tiene sus especificidades, comparten el hecho de reflejar la debilidad generalizada del Estado de Derecho. “Esto es un elemento que le resta de manera sostenida calidad a la democracia latinoamericana. Es la gran asignatura pendiente y el gran talón de Aquiles de nuestra democracia. La prioridad número uno de la re- gión debe ser el fortalecimiento del Estado de Derecho y la construcción de un verdadero Poder Judicial que sea totalmente autónomo e independiente de los otros poderes”.
Según Rafael Blanco, académico de la Universidad Alberto Hurtado que ha sido consultor del PNUD sobre reformas judiciales en América Latina, todas estas investigaciones contra expresidentes parten de un nuevo escenario social e institucional: “Hay tres fenómenos que coinciden en estos países. Por una parte ha habido muchas reformas impor- tantes en los sistemas de justicia criminal en los últimos 20 años en América Latina, a los sistemas de persecución y enjuiciamiento penal, las que han empoderado a las insti- tuciones judiciales. Luego, en todos estos países ha habido un deterioro de los procesos políticos-democráticos y fuertes casos de corrupción. Y en tercer lugar hay una ciudadanía menos tolerante a la corrupción, que exige más transparencia y respuestas más inmediatas”, señala el excoordinador de la Reforma Procesal Penal en Chile, quien no necesariamente ve que esta tensión se produzca por la fragilidad de la autonomía judicial —como acusan muchos políticos—, sino precisamente porque está operando: “Cuando la política no logra cumplir con sus metas y las demandas ciudadanas, y se cometen delitos de fraude electoral o financiamiento irregular de la política, lo que los ciudadanos esperarían es que el Poder Judicial actúe. Ahora, tiene que hacerlo en un contexto de legitimidad y respetando el principio de inocencia”, agrega.
Bolivia: la “venganza” judicial del MAS
Hace apenas un año, la ONU y organismos de DD.HH. veían con preocupación los juicios que el gobierno de la entonces Presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) promovió contra el exmandatario Evo Morales (2006- 2019) y varios de sus ministros, incluyendo el actual Presidente Luis Arce. Pero ahora se ha dado vuelta la situación en un sentido opuesto: tras el retorno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) al poder en noviembre pasado, la justicia boliviana no solo ha levantado todas esas investigaciones, sino que además ha arrestado bajo cargos de terrorismo y sedición a Áñez, a dos de sus exministros —otros dos están prófugos— y busca aprehender a los principales jefes militares de su administración, en lo que parece ser una “venganza” del nuevo régimen amparada por el sistema judicial.
“El de Bolivia es un típico caso donde la justicia está instrumentalizada y al servicio del poder de turno”, señala Zovatto, quien asegura que la institucionalidad jurídica boliviana es “debilísima” y no existe voluntad política para cambiarla. “La justicia está al servicio del poder no solamente para no investigar a quien está en el gobierno, sino para ser utilizada como herramienta para atacar a sus opositores. Lo que está ocurriendo ahora, básicamente, es un cobro de facturas”. Tras su ingreso al penal de muje- res de Obrajes, Áñez fue llevada ayer a la prisión de mujeres de Miraflores, también en La Paz, debido a problemas de salud. Ahí, recibirá atención médica permanente por parte de las autoridades.
¿El retorno de Rafael Correa?
En la segunda vuelta presidencial del 11 de abril en Ecuador se juega algo más que el nuevo Presidente: si se impone el izquierdista Andrés Araúz, se da casi por hecho que volvería al país el expresidente Rafael Correa, condenado a ocho años de cárcel por un delito de cohecho y quien vive actualmente en Bélgica. Está en duda qué ocurrirá con la pena de seis años de prisión que cumple su exvicepresi- dente Jorge Glas. Y hay aún más incertidumbre respecto a si el actual mandatario, Lenin Moreno, pueda enfrentar eventuales cargos penales.
El propio Correa ha hecho eco a la teoría del “lawfare” de Cristina Fernández, y su abogado recientemente señaló que espera que la anulación de la condena a Lula da Silva se replique en otros casos similares de la región, como el de su cliente.
“Correa tiene dos opciones. Cuando alguien regresa al poder en esos términos y dice ‘yo fui perseguido, esto es lawfare’, lo primero que trata de hacer es mandar un mensaje al Poder Judicial para desmontar las causas; o se anulan o prosperan recursos que antes no lo hacían. Otra opción es la del indulto”, dice Zovatto. “Y en segundo lugar, está la opción de utilizar la Justicia para atacar a sus opositores y cobrarse revancha”.
El desfile de los expresidentes peruanos por los tribunales
En medio de una profunda crisis política, cuatro expresidentes peruanos —Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski— han sido procesados por causas vinculadas a Lava Jato. Las investigaciones judiciales por presunta corrupción también afectan a la líder opositora y actual candidata presidencial Keiko Fujimori, para quien la fiscalía pide una condena de 30 años de cárcel, y a exmandatario Martín Vizcarra, quien esta semana quedó momentáneamente a salvo de una solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
“Yo diría que el caso de Perú es donde se ha llevado una investigación más general, porque ahí nadie puede acusar se haya utilizado al Poder Judicial para acabar con un partido determinado, sino que los procesos han sido respecto a todos los presidentes y expresidentes”, comenta Zovatto. “Esto no descarta que no haya una politización de la justicia, porque claramente las pre-siones sobre esta han sido enormes”, añade.
Al analizar el caso peruano, Blanco apunta como uno de los grandes problemas de su sistema judicial la alta provisionalidad de sus cargos, “que cuestiona la necesaria suficiencia de independencia e inamovilidad de los jueces y fiscales”. Según comenta, de cerca de 3.300 jueces, unos 1.000 son supernumerarios, y de 6.500 fiscales, unos 2.600 son suplentes. “La provisionalidad en los cargos en el Poder Judicial genera un fuerte cuestionamiento no solo sobre su estabilidad, sino sobre su independencia”, dice el experto.
Cristina contra el supuesto “lawfare”
“El sistema judicial está podrido”, criticó Cristina Fernández en su reciente comparecencia ante el tribunal que la investiga por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar cuando era Presidenta (2007-2015). La actual vicepresidenta, investigada en una decena de causas de corrupción —la mayoría iniciadas durante el pasado gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)—, acusa ser víctima de lo que denomina el “lawfare”, una supuesta campaña que utiliza los mecanismos de la justicia y los medios de comunicación para perseguir e inhabilitar a políticos rivales, una tesis que ha sido acogida por varios dirigentes izquierdistas de la región, incluyendo el actual mandatario Alberto Fernández.
La denuncia de Cristina, quien tiene fueros que la protegen en caso de una condena, ha tomado relevancia esta semana, luego que el gobierno removiera a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y nombrara a Martín Soria, un cercano a la exmandataria que ha dicho que buscará “terminar con el lawfare” en Argentina, ha promovido investigar a Macri por supuestamente presionar políticamente a jueces y pretende impulsar una cuestionada reforma al sistema judicial.
“En Argentina hay problema en la generación de los miembros del Poder Judicial, asociado a organismos que están muy politizados como el Consejo de la Judicatura. Hay gobernadores que tienen mucho poder político y que muchas veces logran extender ese poder político en los nombramientos de los fiscales”, asegura Rafael Blanco, quien señala que uno de los desafíos del país es “mejorar los niveles de independencia de los jueces”.
En ese sentido, el experto añade que la reforma que impulsa el actual gobierno va en la “dirección equivocada”, al pro- mover iniciativas como un tribunal intermedio entre las cortes de apelaciones y la Corte Suprema y la modificación del quorum para nombrar al fiscal nacional. “Me parece que la reforma argentina debilita la autonomía del Poder Judicial y de los fiscales”, dice Blanco.
Zovatto, no obstante, ve un pequeño cambio que denota actualmente una mayor autonomía judicial: “En Argentina era un clásico que se investigaba a los gobiernos después que salieron del poder, como ocurrió con Menem, Fernández o el mismo Macri. Salvo esta oportunidad, donde todavía algunos jueces investigan a Cristina mientras está en el poder. Eso ya es un cambio”.
El expediente Lula
Desde que comenzó la investigación en 2014, la megaoperación de corrupción de Lava Jato ha provocado un terremoto político en Brasil, con unas 174 condenas a dirigentes políticos y empresarios. El más notorio de todos, el expresidente Lula da Silva (2003-2010), cuya sentencia a 12 años de cárcel —que le impidió ser candidato presidencial en las elecciones de 2018, por la llamada Ley de Ficha Limpia— fue anulada la semana pasada por un juez de la Corte Suprema, bajo el argumento de que el juez Sergio Moro —quien terminaría siendo luego ministro de Justicia de Jair Bolsonaro— no tenía competencias jurídicas para analizar su caso.
“En el caso de Lula, en este momento hay una investigación muy a fondo sobre hasta qué punto Moro, para luchar contra la corrupción —que está claro que existió— utilizó mecanismos ilegales. Como dijo uno de los jueces de la Corte Suprema: no se puede combatir al delito cometiendo delito. Y pareciera que Moro caminó una línea muy fina”, afirma Zovatto.
“Brasil tiene un sistema acusatorio y ministerios públicos bastante autónomos, y la Corte Su- prema goza de bastante legitimidad. El problema es que los fiscales tienen un poder muy grande que no necesariamente se controla adecuadamente”, señala Blanco, al explicar que no existe una separación real entre los roles de control de la investigación y de juicio. “Aun cuando los países tengan ministerios públicos muy autónomos, si esa autonomía se traduce en niveles de descontrol o falta de accountability, puede pasar que los fiscales, en medio de la crisis política que muchos países viven, pueda comenzar a generar su propia y agenda y verse a sí mismo como el ‘salvador de la democracia’. Y eso es un peligro, porque los fiscales representan uno de los intereses —el de persecución penal de la comunidad— pero no es el único que debe garantizar el proceso penal, porque sino el principio de inocencia quedaría destruido”.
Fuente: El Mercurio