La región está experimentando crecientes niveles de incertidumbre y volatilidad, así lo afirma el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Ceiuc) en la segunda edición de su índice Riesgo Político América Latina 2022, en el que ha identificado diez riesgos a los que los países latinoamericanos se enfrentan.
Esta decena de riesgos van desde la erosión de la democracia, el ascenso del cambio climático, el riesgo del retorno de la violencia, hasta la proliferación de economías ilícitas y ciberamenazas. El informe advierte que esta profundización de riesgos existentes y la aparición con fuerza de otros riesgos emergentes, son un desafío al que la región deberá acostumbrarse.
La segunda edición contó con la participación de 1.144 personas y adicionalmente se conformó un panel de 170 expertos de América Latina y el Caribe, que incluyó a expresidentes, autoridades regionales, líderes de opinión y académicos.
Daniel Zovatto, investigador sénior del Ceiuc y uno de los editores del informe dice que “América Latina enfrentará otro año complejo. Los niveles de incertidumbre, volatilidad, riesgo político y polarización se mantendrán altos” y que “el populismo, el sentimiento anti-élite y el nativismo xenofóbico seguirán presentes y la combinación de todo ello hará la gobernanza crecientemente compleja”.
Clasificados, en orden de importancia, el primer riesgo al que se enfrenta la región es la erosión democrática. El informe señala que hace más de 40 años se iniciaba la “tercera ola” democrática en América Latina, en la que décadas de dictaduras militares y personalistas daban paso al restablecimiento democrático y que en 2005 todos los países eran considerados democráticos, con la excepción de Cuba.
Pero que, actualmente, la tendencia mundial es de creciente deterioro y retroceso democrático, y la región no es la excepción. Según el índice de Democracia del The Economist Intelligence Unit 2020 en América Latina hay tres dictaduras consolidadas -Cuba, Venezuela y Nicaragua-, y se califican como regímenes híbridos a Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala.
El documento advierte también que, aunque durante la pandemia, el número de democracias se ha mantenido, más de la mitad de los países han experimentado erosión en sus características elementales y que un gran número de Gobiernos aprovecharon las restricciones sanitarias para debilitar el Estado de derecho, las libertades y los controles institucionales y que han desencadenado en problemas de gobernabilidad en Perú o Ecuador; ataques contra organismos electorales en Brasil, El Salvador, México y Perú; escándalos de corrupción como los Pandora Papers en Chile, Colombia o Ecuador, y las derivas populistas en El Salvador y Brasil.
Para estos inconvenientes, el informe dice que los mecanismos regionales creados para la protección de la democracia, como la Carta Democrática Interamericana, deben ser actualizados e incluir estas nuevas amenazas.
El segundo riesgo es el cambio climático y la escasez hídrica. El documento refiere que durante el 2020, mientras el mundo se paralizó a causa de la pandemia, algunas naciones apostaron a que era una oportunidad para corregir el rumbo del cambio climático. Sin embargo, no se concretaron acciones específicas y se siguen contemplando futuros escenarios de aumento de los niveles del mar, de la temperatura a nivel global que causarán olas de calor, inundaciones, sequías, entre otros.
Una eventual sequía generalizada provocaría un empeoramiento del acceso a alimentos en muchas áreas de la región. Este punto tiene un impacto directo en las capacidades de reducir la pobreza y la extrema pobreza, principalmente la rural. Así, se estima que al año 2025 la capacidad de América Latina de reducir la pobreza rural se vería severamente debilitada producto de los efectos del cambio climático.
En tercer lugar están las protestas sociales y la violencia. Según el informe, la región experimentó un quinquenio (2014-2019) económico anémico que hizo que en la segunda mitad del 2019, América Latina experimente una ola de protestas antigubernamentales que estremeció la gobernabilidad de varios países latinoamericanos. Aunque reconoce que con la llegada del COVID-19, las protestas también entraron en cuarentena debido a las restricciones sanitarias y de movilidad.
Entre las consecuencias sociales la Cepal cuenta 22 millones de nuevos pobres equivalentes al 33,7 % de la población de América Latina, un incremento de la desigualdad en 2,9 %, y una pérdida de 47 millones de empleos respecto al año 2019.
Y a pesar de los riesgos de contagio masivo, las protestas contra los Gobiernos se han reactivado en los últimos meses, muchas de ellas produciendo violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y con saldo trágico para los participantes como en Colombia, Perú y Paraguay.
Después se ubica a la crisis migratoria que experimenta la región, que ha sido calificada en repetidas ocasiones de ser “sin precedentes”. El principal patrón migratorio actual es el intrarregional, que incluye movimientos que se orientan desde países de la región hacia otros países de la misma, siendo el desplazamiento de venezolanos el más fuerte con más de cinco millones de migrantes, que dejan sus países en búsqueda de mejores oportunidades laborales y económicas.
En quinta posición de los riesgos están las economías ilícitas. La proliferación de economías ilícitas en la región es una materia de constante preocupación para los Gobiernos, pero son percibidos como actores más bien pasivos en cuanto a su control. La producción y tráfico de drogas, el tráfico de personas, entre otras, son algunas de las economías que evolucionan a una estructura de crimen organizado.
La sexta posición la ocupa la polarización política, considerada, según el informe, como una amenaza para el orden democrático. Refiere que desde mediados del siglo pasado, las dinámicas de las campañas electorales y las formas de gobernar, junto con el desembarco de las redes sociales ha marcado un giro radical en la política.
Hace énfasis en la creciente desconfianza interpersonal, y hacia las instituciones políticas principales que ha incrementado la atomización de los grupos sociales. Menciona que, según varias investigaciones, actores autoritarios externos (Rusia y China) han llevado a cabo campañas de desinformación en América Latina mediante sus estaciones televisivas estatales para aumentar la desconfianza en el sistema democrático o movilizar información falsa durante las olas de protestas.
El séptimo riesgo es la inversión extranjera que está en caída y que la reactivación económica pospandemia la hace fundamental. Según cifras de la Cepal, en 2020 ingresaron a América Latina y el Caribe (ALC) $ 105.480 millones por concepto de inversión extranjera directa (IED), el valor más bajo de la última década, con un descenso interanual del 37 %. Para el 2021 y 2022, las proyecciones sobre los niveles de IED siguen siendo inciertas, porque la magnitud de la recuperación dependerá del ritmo de recuperación de la economía global.
El octavo lugar de los riesgos lo ocupa la irrelevancia regional. El documento sostiene que la región ha sufrido con fuerza los efectos sanitarios, sociales y económicos del COVID-19 y que, a pesar de representar menos del 10 % de la población mundial, ocupa cuatro puestos entre los países con mayor número de muertes por coronavirus en el mundo: Brasil, México, Perú y Colombia y apunta que instancias de coordinación política, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la acción de los organismos financieros regionales, como el BID, fueron insuficientes.
Menciona también que organismos regionales, como Prosur no ha logrado despegar más allá de los políticos de turno y en el caso del Grupo de Lima sufrió un serio revés ante la falta de compromiso de México, Argentina y Perú y que el Mercosur no atraviesa por su mejor momento y se acentúan las críticas de Uruguay ante el lento avance del bloque y su decisión de negociar separadamente un acuerdo de libre comercio con China.
En novena posición están los ciberdelitos. Este riesgo, según el informe, está ligado al crecimiento acelerado, y algunas veces forzado, que la transformación digital tuvo el mundo durante la pandemia, que hizo que la venta de equipos electrónicos a nivel global prácticamente se duplique y con ello el aumento de usuarios. Esta nueva normalidad digital tuvo un profundo impacto tanto a nivel personal como en los sectores públicos y privado y propició una aceleración y diversificación de los ciberdelitos, según el estudio. A nivel gubernamental, el 78 % de los organismos gubernamentales a nivel global han sido víctimas de ataques cibernéticos.
Y en el último lugar de los riegos está el auge de China. El informe indica que China no solo se ha transformado en el principal socio comercial de una decena de países de la región, sino también ha aumentado significativamente su inversión en distintos sectores, incluyendo áreas estratégicas como recursos naturales, infraestructura y telecomunicaciones. La mayor presencia china se da en un contexto de una mayor confrontación estratégica con Estados Unidos, rivalidad que solo parece profundizarse.
Según el Foro Económico Mundial, el comercio de China con el hemisferio creció 26 veces entre el 2000 y 2020, esperando se duplique al 2035 a más de $ 700.000 millones.
En tanto, además de la decena de riesgos, el documento indica que en la región se ha configurado una triple crisis, de gobernabilidad, expectativas y de certezas.
Jorge Sahd, director del Ceiuc y otro de los editores del informe, manifiesta que en la región “se ha configurado una triple crisis, de gobernabilidad, con las democracias cada vez bajo mayor tensión; de expectativas, con una ciudadanía más exigente e impaciente, sin una economía que acompañe el 2022; y de certezas, con mayores niveles de incertidumbre política, la incógnita de las nuevas variantes de la pandemia y estados con menor margen fiscal”. (I)
Fuente: El Universo