Este año será retador para América Latina. Una pandemia que no cesa, crecimiento mediocre, malestar social extendido, una agenda electoral marcada por la fragmentación y polarización, aumento de la incertidumbre y del riesgo político, una creciente erosión democrática junto a una gobernabilidad bajo presión anticipan el escenario complejo y desafiante, pero también cargado de expectativas y de oportunidades, que la región enfrentará durante los próximos doce meses. Recomendación: ajustarse el cinturón de seguridad. Atravesaremos zona de fuerte turbulencia.
El brutal impacto del Covid en América Latina durante 2020 y 2021 dejó una herencia maldita: un tercio de las muertes mundiales por el virus (más de 1.5 millones), la peor contracción del PIB regional del último siglo (un 6.8%, Cepal), la destrucción de más de 25 millones de empleos, todo agravado por el aumento de la informalidad, la desigualdad y la pobreza que hoy afecta a uno de cada tres latinoamericanos.
La pandemia también sirvió de excusa para que varios presidentes concentraran ilegalmente poder mediante el uso abusivo de los estados de excepción, debilitando la división de poderes y el Estado de Derecho, y restringiendo los derechos humanos.
Por estos días, la pandemia entra en su tercer año potenciada por la variante ómicron. Por ello, la capacidad para conseguir vacunas y administrárselas al mayor número posible de personas es crítica para controlar la crisis sanitaria, reactivar la economía y crear empleo.
En el terreno económico, las noticias son preocupantes. La Cepal proyecta una fuerte desaceleración del PIB regional, que pasaría del 6.2% del 2021 a un mediocre 2.1% en 2022, si bien con mucha heterogeneidad entre las regiones (Caribe un 6.1%, América Central un 4.5% y Sudamérica un 1.4%) y entre los países en una horquilla que va desde el 0.5% de Brasil al 7.3% de Panamá; la Argentina, 2.2%. De confirmarse estas proyecciones, América Latina será la región del mundo con el menor crecimiento. Se prevé asimismo que la inflación será más alta y menos transitoria de lo esperado, lo que se traducirá en tasas de interés más elevadas, depreciaciones cambiarias y posibles deterioros en las calificaciones crediticias soberanas.
El calendario electoral de 2022 será agitado y con fuerte impacto político regional. Arranca el 6 de febrero con elecciones generales en Costa Rica, sigue en Colombia, que tiene legislativas y primarias en marzo y presidenciales el 29 de mayo, y culmina en Brasil con las presidenciales del 2 de octubre. Habrá además tres referéndums: en Uruguay (marzo), revocatoria de mandato en México (abril), y plebiscito de salida de la nueva Constitución en Chile (segundo semestre). También hay que incluir las elecciones de medio período de Estados Unidos (noviembre), cuyos resultados, además de ser cruciales para los dos últimos años de la administración Biden, repercutirán regionalmente.
En Costa Rica, de los 27 candidatos presidenciales (inédito y absurdo nivel de atomización) lideran las encuestas el expresidente José María Figueres (Partido Liberación Nacional) y Lineth Saborío (Partido Unidad Social Cristiana). Habrá necesidad de ir a una segunda vuelta y quien llegue a la presidencia no tendrá mayoría propia en una Asamblea Legislativa muy fragmentada.
En Colombia, Gustavo Petro –exguerrillero y exalcalde de Bogotá–, candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, si bien lidera todas las encuestas, no lograría ganar en primera vuelta. El presidente derechista Iván Duque tiene vedada la reelección y su baja popularidad complica a los candidatos de su sector (coalición Equipo por Colombia). El escenario más probable es Petro compitiendo en segunda vuelta (19 de junio), con el candidato que escoja la coalición Centro Esperanza entre Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria.
Brasil anticipa en cambio una elección polarizada entre el expresidente Lula (PT, izquierda) y el presidente Jair Bolsonaro (extrema derecha). A 9 meses de el elección del 2 de octubre, Lula lidera las encuestas con una diferencia de entre 20 y 30 puntos pero sin tener garantizado el triunfo en primera vuelta. De momento, ninguno de los candidatos que buscan competir desde el centro (Sergio Moro, João Doria) pasarían al ballotage.
De confirmarse la tendencia regional de voto de castigo a los oficialismos (desde 2019, en 11 de las 12 elecciones presidenciales perdió el oficialismo; la única excepción fue la farsa electoral nicaragüense) un triunfo de Petro y de Lula daría un nuevo impulso a la izquierda latinoamericana y produciría una reconfiguración del mapa político sudamericano, una suerte de nueva marea rosa, pero con importantes diferencias políticas entre la izquierda radical y la moderada, en condiciones económicas menos favorables a la del período anterior y, quizás, con ciclos políticos más cortos.
El escenario político regional se proyecta volátil y polarizado. El populismo, el sentimiento antiélite y el nativismo xenofóbico siguen presentes. Habrá que estar pendiente de la grave crisis en Haití y de la deriva autoritaria de El Salvador; el deterioro democrático en Guatemala y el rumbo del nuevo gobierno izquierdista de Xiomara Castro en Honduras. Hay que poner foco en la evolución de las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela sin descartar alguna sorpresa. En Nicaragua, Daniel Ortega acaba de iniciar su cuarto mandato consecutivo sin legitimidad, aislado internacionalmente y con un país en crisis. En Venezuela, habrá que ver qué impacto tendrá el triunfo de la oposición, a inicios de enero, en el Estado de Barinas –la cuna del chavismo- y si ésta buscará poner en marcha el referéndum revocatorio y reactivar el diálogo con el oficialismo en México. En Cuba, la interrogante principal es si regresarán las protestas que el año pasado tomaron por sorpresa al régimen de Díaz-Canel y fueron duramente reprimidas. En Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso muestra problemas de gobernabilidad, mientras que en Perú la presidencia de Pedro Castillo pierde apoyo y enfrenta la amenaza permanente de una moción de vacancia. En México, hay que monitorear el gradual proceso de erosión democrática que vive el país; en la Argentina poner lupa en las negociaciones con el FMI, mientras en Chile existe gran expectativa con la orientación que tome el nuevo gobierno de Gabriel Boric y el futuro del proceso constitucional.
Nuestro Índice (Riesgo Político América Latina 2022,CEI-UC, Chile) alerta acerca de un fuerte aumento del riesgo político, la incertidumbre y volatilidad, e identifica los diez principales riesgos en el siguiente orden de importancia: 1) erosión democrática; 2) cambio climático y escasez hídrica; 3) las protestas sociales y la violencia; 4) la crisis migratoria; 5) las economías ilícitas; 6) la polarización política; 7) caída de la inversión extranjera; 8) la creciente irrelevancia regional; 9) incremento de los ciberdelitos; y 10) el auge de China en la región.
La combinación de estos riesgos genera un triple desafío para los gobiernos latinoamericanos. El primero, de gobernabilidad. Más de la mitad de los países muestran señales de erosión democrática, junto con una mayor tolerancia a gobiernos “no democráticos” mientras resuelvan problemas (un 51%) y una creciente indiferencia entre gobiernos autoritarios y democráticos (un 27%), según Latinobarómetro.
El segundo, de expectativas. Las frecuentes protestas sociales (varias de ellas violentas), lideradas mayormente por jóvenes, están relacionadas con expectativas frustradas de una ciudadanía que espera más de una economía, un modelo de desarrollo y un Estado incapaces de procesar el profundo cambio social de las últimas décadas y dar respuesta. En este escenario, aumenta el riesgo de una nueva ola de malestar social.
El tercero, de certeza. La incógnita sobre el impacto de las nuevas variantes de la pandemia, los desequilibrios macroeconómicos y el menor margen fiscal aumentan los niveles de incertidumbre y de riesgo político.
Para dar respuesta positiva a este triple desafío, los mandatarios –en su mayoría con bajos niveles de popularidad y minoría en los Congresos– deberán escuchar mejor a sus ciudadanos y recuperar la confianza, reducir incertidumbre y riesgo político, hacer alianzas estratégicas con el sector privado y la sociedad civil, manejar expectativas, generar esperanza, fortalecer la gobernanza y dar resultados concretos a los problemas reales de la gente.
Fuente: La Nación