Venezuela: ¿ante el principio del fin de un cuarto de siglo de hegemonía chavista?

En concreto, son cinco aspectos que retratan el momento venezolano y también el latinoamericano: 1) El voto de castigo a los gobiernos ineptos; 2) las debilidades institucionales que aprovechan algunos regímenes para mantenerse en el poder; 3) el extendido malestar social por un modelo económico ineficiente; 4) el papel predominante de la diplomacia presidencial y de Estados Unidos, en el caso venezolano, ante la ausencia de organismos regionales que puedan mediar en la crisis, y 5) los problemas de gobernabilidad e institucionalización que se avizoran, sea cual sea el resultado, a corto plazo.

De ahí, precisamente, la importancia de analizar estas elecciones presidenciales en perspectiva comparada latinoamericana, poniendo acento en estas cinco variables.

Del voto de castigo generalizado al voto de castigo selectivo a gobiernos ineptos

En primer lugar, todas las encuestas serias e independientes proyectan una clara victoria de la oposición si los comicios transcurren con normalidad. El candidato de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), figura en todas las encuestas con más de 50% de intención de voto, y aventajando entre 20 y 30 puntos a Nicolás Maduro.

Gráfica 1: Intención del voto en la carrera presidencial venezolana en 2024

Fuente: Americas Quarterly.

Esta tendencia se enmarca dentro de la corriente existente en la región hasta 2023 de voto de castigo a los oficialismos, salvo en Paraguay, donde triunfó Santiago Peña del Partido Colorado. No se ha dado, empero, en 2024 (salvo en Panamá), ya que, en las elecciones presidenciales de El Salvador, República Dominicana y México, triunfaron los oficialismos.

Los resultados de las elecciones presidenciales del súperciclo electoral latinoamericano 2021-2024 ofrecen una imagen de una región a la vez heterogénea (vota por la derecha o por la izquierda, o a favor o en contra del gobierno) y atravesada por problemas transversales que, en gran medida, explican estos resultados, si bien con causas y dinámicas diferentes de un país a otro. En El Salvador tuvo lugar, en febrero de 2024, la relección inconstitucional de Nayib Bukele con más de 84.6% de los votos. En República Dominicana, se registró el no menos arrollador triunfo de Luis Abinader en las congresuales y presidenciales de mayo (también relecto). En México, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum ganó de manera contundente gracias al apoyo de su padrino político Andrés Manuel López Obrador: rozó 60% de los votos y aventajó en más de 30% a su principal rival. La única excepción de esta ola reciente de triunfos presidenciales oficialistas fue la victoria de José Raúl Mulino en Panamá, fenómeno nada nuevo en un país en el que, desde 1994, elección tras elección, siempre pierde el oficialismo. Estos datos parecieran indicar que el electorado no está castigando a los oficialismos en general, sino a los gobiernos ineptos.

Por ello, de producirse la derrota del chavismo, esta se debería a que el gobierno de Maduro, a diferencia de los casos antes mencionados, ha sido particularmente ineficiente en este último sexenio. La recesión y la hiperinflación han provocado que en torno a siete u ocho millones de venezolanos se hayan marchado del país como exiliados económicos (25% de la población total de Venezuela), así como por causas políticas y por la inseguridad que vive el país. El país petrolero perdió entre 70% y 75% de su PIB en la segunda mitad de la década de 2010.

Gráfica 2: PIB de Venezuela en precios corrientes (en miles de millones de dólares)

https://revistafal.com/wp-content/uploads/2024/07/Zovatto-Venezuela-GRAFICA-02-300x183.png 300w" sizes="(max-width: 469px) 100vw, 469px" style="height: auto; max-width: 100%; margin: 0px auto; padding: 0px; clear: both; display: block; float: none;">Fuente: Statista.

Además, la hiperinflación que se extendió entre 2017 y 2021, dañando profundamente la estructura productiva y la social. La hiperinflación venezolana ha sido una de las más largas de la historia moderna, superada solo por la de Nicaragua (1986-1991) y la de Grecia (1941-1945). Venezuela cerró 2020 con una inflación de 2968.8% y, en 2023, cayó a 193%.

Gráfica 3: Inflación interanual en Venezuela 2021-2024

https://revistafal.com/wp-content/uploads/2024/07/Zovatto-Venezuela-GRAFICA-03-300x180.png 300w" sizes="(max-width: 424px) 100vw, 424px" style="height: auto; max-width: 100%; margin: 0px auto; padding: 0px; clear: both; display: block; float: none;">Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.

Si bien el país ha vuelto a crecer (la firma Ecoanalítica proyecta un crecimiento de 4.2% para 2024) y la inflación es alta, aunque no en el rango de hace un trienio, la pobreza en el país supera 80% y el nivel de vida solo es asumible para quienes reciben dólares del exterior o para la nueva élite económico-social surgida al calor del aparato chavista.

Gráfica 4: Pobreza general por línea de ingreso en Venezuela (2014-2021)

https://revistafal.com/wp-content/uploads/2024/07/Zovatto-Venezuela-GRAFICA-04-300x159.png 300w" sizes="(max-width: 380px) 100vw, 380px" style="height: auto; max-width: 100%; margin: 0px auto; padding: 0px; clear: both; display: block; float: none;">Fuente: Encovi.

Pese a su importancia, el régimen no ha logrado recuperar la industria petrolera, que representa un tercio de las exportaciones del país y cubre más de 60% del gasto público. El sueño de romper la monodependencia que propuso Hugo Chávez en 1998 quedó en la nada, y el país ha seguido dependiendo del petróleo a la vez que decaían la producción y, por ende, los ingresos. Las sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano han profundizado la decadencia de una industria, que tiene problemas estructurales y anteriores a las medidas promovidas por el gobierno de Washington. El país actualmente solo produce 820 000 barriles diarios frente a los 2.5 millones de la década de 1990: son, eso sí, 70 000 más que hace un año y casi 20% más que hace 2 años.

De hecho, el breve periodo de relajamiento de las sanciones tras los Acuerdos de Barbados, en octubre de 2023, mostró que la crisis del sector petrolero hunde sus raíces en el déficit de gobernanza que acompaña al país desde la enfermedad y muerte de Chávez (2011-2013). La suspensión temporal de las sanciones demostró ser un alivio insuficiente para el sector petrolero y la economía del país, destacando la profundidad y la naturaleza estructural de sus problemas.

El sector petrolero venezolano afronta, como señala un informe del Real Instituto Elcano, un triple problema que el régimen no solo no ha solucionado, sino que se ha profundizado. Primero, el crudo del Orinoco, de características extrapesadas, posee “un menor atractivo para la inversión de empresas internacionales por su elevada intensidad de dióxido de carbono y, en menor medida, mayores costos de producción”. Segundo, Petróleos de Venezuela (PDVSA), locomotora y orgullo nacional, se encuentra “deslegitimada y desarticulada operativamente tras más de 2 décadas de gestión ineficiente, corrupción y saqueo”. Finalmente, en tercer lugar, el deterioro de la infraestructura venezolana es muy profunda y requiera de “inversiones en oleoductos, mejoradores, refinación e instalaciones portuarias, que incluso se extiende al sector eléctrico y supone una barrera para la recuperación del sector”.

Como bien señala Ignacio Urbasos en el citado informe: “La capacidad de reacción de la estatal PDVSA también es limitada. Desde el intento de golpe de Estado fallido en 2002 y el paro petrolero, la empresa ha sufrido una intromisión política que ha expulsado a sus cuadros más competentes y la ha transformado en un semiministerio social. El posterior declive en la producción, fruto de una inversión insuficiente durante años, derivó en que buena parte de la infraestructura y los equipos de producción de PDVSA hayan sido progresivamente abandonados y desmantelados, incluso vendidos como chatarra al quedar en desuso ante la menor actividad. El costo de reparar los daños y reactivar los sistemas y la infraestructura desmantelados constituye un obstáculo a corto plazo para una empresa descapitalizada financiera y humanamente. PDVSA, purgada en multitud de ocasiones, padece de una corrupción endémica que ha dañado su legitimidad popular y credibilidad internacional”.

Las debilidades institucionales que aprovechan algunos regímenes para mantenerse en el poder

En 1913, Venezuela vivía una campaña electoral para elegir presidente. El entonces Jefe de Estado, Juan Vicente Gómez, que había alcanzado el poder en 1908 tras deshacerse de su compadre Cipriano Castro por medio de un golpe de Estado, gobernaba constitucionalmente desde 1910. Sin embargo, Gómez, quien no podía relegirse, no deseaba que hubiera elecciones, por lo que fabricó un peligro externo (una invasión de Castro que deseaba regresar) y suspendió las elecciones. Fue el comienzo de su dictadura que se prolongaría hasta 1935, y que solo acabaría con la muerte de Gómez en su cama.

Actualmente se planea la sombra de una alteración del proceso electoral venezolano del 28 de julio de 2024. Venezuela es un país que ha ido perdiendo su institucionalidad democrática, la que dio estabilidad al país entre las décadas de 1960 y 1990. Eso ha permitido que el régimen chavista haya ido instrumentalizando las leyes, incluso las diseñadas durante su hegemonía, para facilitar victorias de tipo plebiscitario, pero carentes de credibilidad y legitimidad, como en 2018, o generar un clima enrarecido de cara a las elecciones semicompetitivas de 2024. Un fenómeno que se ha dado en otras partes de la región, como en El Salvador en febrero de 2024 y, de forma más marcada, en la farsa electoral nicaragüense de noviembre de 2021.

Ese clima se ha traducido en que haya numerosas y justificadas dudas sobre el normal desarrollo de los comicios del domingo 28 de julio de 2024: 1) se ha llegado a barajar que el régimen de Maduro, alegando un problema externo (con Guyana por la pugna sobre el Esequibo), pudiera suspender el proceso, hipótesis bastante improbable a estas alturas; 2) que pudiera proceder a inhabilitar la candidatura opositora de González Urrutia; 3) que no reconozca los resultados o cometa un fraude masivo, o 4) que pudiera  optar por la “vía guatemalteca”, es decir, aceptar los resultados, pero aprovechar el largo periodo de transición (6 meses) para dejar maniatado y sin margen de acción al futuro gobierno.

Las elecciones de 2024 son las primeras, desde 2013, en las que el régimen autoritario corre serio peligro de perder, lo que pondría fin a un cuarto de siglo de hegemonía chavista en Venezuela. Un régimen acostumbrado a las artimañas seudoconstitucionales y seudolegales para mantenerse en el poder: en 2013, en un proceso repleto de irregularidades electorales, el régimen arrebató la victoria a Henrique Capriles. Maduro sumó 50.6% frente a 49.1% de Capriles. En enero de 2016, cuando Maduro perdió la mayoría en el legislativo (como resultado de las elecciones del 6 de diciembre de 2015), el chavismo diseñó un andamiaje constituyente paralelo para bloquear y vaciar de contenido a la cámara opositora anulando la capacidad de la oposición para controlar al ejecutivo.

Ahora, de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, está desplegando una doble estrategia: apela al voto del miedo (“si gana la extrema derecha habrá una hecatombe” o “un baño de sangre” o “una guerra civil”) y acosa y amedrenta a la oposición (ha habido más de cien detenciones en el último mes).

El acoso permanente como pilar de la campaña de Maduro

El régimen utiliza el aparato del Estado y manipula la “legalidad” para convertir los comicios en unas elecciones con la cancha inclinada y desfavorable a la oposición, y no solo por haber utilizado el control que tiene sobre el sistema judicial para evitar que la figura más popular de la oposición, María Corina Machado, pudiera postularse a la presidencia.

Además, ha condenado al ostracismo a la oposición en la televisión. La candidatura de González Urrutia no tiene espacio en los medios públicos, mientras Maduro ocupa a diario horas en los medios de comunicación estatales, que transmiten sus mítines, así como otras actividades proselitistas.

También inciden a favor del régimen autoritario los millones de venezolanos que han huido a otros países —exiliados económicos y políticos, mayoritariamente antichavistas— que han enfrentado enormes obstáculos para registrarse para la votación por parte de los funcionarios venezolanos en el extranjero. De los 3.5 millones a 5.5 millones de venezolanos con derecho a voto, solo 69 000 han podido registrarse.

Asimismo, según datos de la organización no gubernamental Foro Penal, las autoridades del régimen han detenido, en 2024, a 102 personas vinculadas con la campaña del candidato presidencial de la mayor coalición opositora, González Urrutia. De estas 102 detenciones, 77 se dieron a partir del inicio formal de la campaña, el 4 de julio de 2024. Este acoso se ha extendido con detenciones de personas que han ayudado a los opositores y con trabas para los medios no oficialistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que los medios de comunicación bloqueados fueron TalCual, Runrunes, El Estímulo, así como la página de internet de la asociación civil Medianálisis.

Consecuencia de todas estas medidas e irregularidades, los niveles de transparencia e integridad electoral son muy frágiles y juegan a favor del gobierno: lo son desde el propio ejercicio del voto (por las dificultades de la oposición para acreditar sus testigos para que vigilen las mesas electorales), pasando por el hecho de que la conformación del organismo rector del proceso electoral es claramente partidista (el Consejo Nacional Electoral, CNE, carece de la independencia y neutralidad que se le exige a las autoridades electorales y es cercano a los intereses del chavismo), y acabando por la ausencia de una supervisión internacional con capacidad de poder llevar a cabo una observación integral y con amplia cobertura geográfica del proceso electoral en todas y cada una de sus etapas. De hecho, el martes 23 de julio de 2024, la PUD denunció “trabas” interpuestas por el propio CNE para la acreditación de sus testigos de mesa (interventores) para poder llevar a cabo un riguroso proceso de vigilancia del voto en las mesas electorales, un factor crítico para ejercer un control efectivo sobre la pureza del voto.

Por otra parte, el incremento del número de centros electorales, y el hecho de que se hayan agregado 1700 nuevos centros con una sola mesa electoral, genera dudas adicionales a la posibilidad de que se produzcan irregularidades el día de la votación. Por el contrario, el sistema automatizado de voto con comprobante de papel es visto, tanto por el oficialismo como por la oposición, como una garantía del proceso. Empero, esta fortaleza no impediría un eventual intento de fraude o manipulación de los datos de parte de la autoridad electoral, ya que podría intentar informar datos falsos sin un desagregado individualizado de los mismos por centros o mesas electorales. De ahí la importancia de poder contar con suficientes testigos que permitan contar con todas las actas de escrutinio de todas las mesas electorales para cotejarlas con los resultados dados a conocer por el CNE.

Otra limitación importante de este proceso electoral es que la autoridad electoral, bajo la influencia del chavismo, ha debilitado a la observación electoral internacional. Luego de la revocación de la invitación a la Unión Europea para que envíe una misión a observar las elecciones, solo una organización independiente de importancia supervisará la votación: el Centro Carter. Pero esta institución advirtió que, por el reducido número de sus miembros, no podrá llevar a cabo una observación “integral” de los procesos de votación, conteo y tabulación, y que su observación tendrá “alcance limitado”. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas envió a un panel de expertos electorales, quienes no harán ninguna declaración pública y se limitarán a elaborarán un informe confidencial para el Secretario General de dicha Organización. A todas luces, el nivel y la calidad de la observación internacional es totalmente inadecuado para el desafío que representa este complejo proceso electoral y no cumple de manera plena con lo acordado en el punto cuatro de los Acuerdos de Barbados.

El voto del miedo como arma electoral

La oposición nucleada en torno al dúo González Urrutia y Machado atisba la victoria a la luz de los que señalan las encuestas. Un estudio demoscópico reciente de la firma Delphos y la Universidad Católica Andrés Bello, muestra que González Urrutia cuenta con una intención de voto de 59.1% frente a 24.16% de Maduro.

Pese a esta amplia diferencia en favor del candidato opositor, el régimen de Maduro tiene aún muchos ases bajo la manga: desde el acoso a la oposición a la movilización de sus seguidores que se esconden en el voto oculto, pasando por la apelación al voto del miedo. Maduro se alza como el defensor de los derechos adquiridos gracias a la “Revolución chavista”, y califica con duros epítetos a la oposición: “Patarucos —gallos cobardes—, llegarán a Marte, pero al poder en Venezuela la extrema derecha no volverá. Óiganlo bien, no volverán”.

Por su parte, el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, recientemente hizo unas declaraciones al terminar el desfile militar conmemorativo de la Batalla de Carabobo, que dio la independencia a Venezuela en 1821, en las que planteaba una encrucijada: “Tendremos que despejar el dilema de volver al colonialismo, al entreguismo, al proimperialismo, o estar del lado de la Patria insurgente, valiente, corajuda, bolivariana y antimperialista”.

Por ello, sería un error considerar que Maduro lo tiene todo perdido. Cuenta con el aparato del Estado, la aceitada red clientelar, y las jugarretas legales y constitucionales que usa para obstaculizar a los opositores. El objetivo de legitimar las elecciones llevó a que Maduro firmara con los candidatos títeres (los otros ocho candidatos a las elecciones, muchos con vínculos con el régimen) el acuerdo que obliga a reconocer el resultado que el ente rector de los comicios, el CNE anuncie tras el recuento de las votaciones, sin dejar margen para posibles reclamaciones. González Urrutia rechazó firmar el acuerdo. A estos ocho candidatos opositores se les conoce como como “alacranes”, porque tienen vínculos con el chavismo, y otros que son opositores reales pero que son funcionales al régimen al fragmentar el voto opositor.

Analistas como Luis Vicente León sostienen que el chavismo podría ganar sumando a leales —que son los que se han quedado en el país y no engrosan los siete millones de exiliados económicos y políticos—, a los trabajadores del sector público y a contratistas y allegados, lo que podría sumar casi cinco millones. Si la abstención es alta (el nivel de participación electoral es una variable clave) y no se superan los once millones de votos (el padrón electoral es de 21 millones, pero hay que recordar que alrededor de 3.5 a 5.5 millones de electores están fuera del país, y solo 69 000 de estos pudieron registrarse), Maduro, en ese contexto, tendría muchas oportunidades de ganar porque hay otros tres o cuatro opositores que no se han unido a González Urrutia, y entre todos pueden sumar uno o dos millones de votos, restándole apoyos.

https://revistafal.com/wp-content/uploads/2024/07/Zovatto-Venezuela-CUADRO-01-300x113.png 300w" sizes="(max-width: 569px) 100vw, 569px" style="height: auto; max-width: 100%; margin: 0px auto; padding: 0px; clear: both; display: block; float: none;">Fuente: Elaboración propia.

El extendido malestar social por un modelo económico ineficiente

El favoritismo opositor, además por el desgaste propio de un régimen que ha estado en el poder durante un cuarto de siglo, hunde sus raíces en los graves problemas económicos del país. Una vez pasada la etapa hiperinflacionaria y de recesión que se prolongó desde la segunda mitad de la década de 2010 y comienzos de la de 2020, ahora el gran problema para la mayoría de la población es el alto costo de la vida y la reducción de la capacidad adquisitiva de la población.

El Banco Central de Venezuela señalaba recientemente que la inflación de junio de 2024 había sido la más baja en todo el año, de solo 1%, aunque los especialistas dudan que la cifra sea creíble. Los consumidores perciben que el costo de la vida sigue siendo demasiado alto, cuando el salario mínimo en Venezuela sigue fijado en 130 bolívares, poco más de 3 dólares. Según el centro de estudios Equilibrium Cende, 80% de la población económicamente activa del país vive con 100 dólares o menos al mes. Se calcula que solo 3% de los venezolanos gana 1000 dólares o más, en un país donde la canasta alimentaria familiar roza los 554 dólares, según estimaciones de organismos independientes.

Como señala el economista venezolano Ricardo Hausmann: “Es un país que ha tenido el peor desempeño económico en la historia de la humanidad fuera de guerras. Y peor desempeño económico que la mayoría de las guerras también, incluida la Guerra Civil española, en donde el PIB cayó 29%, o la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía alemana cayó 50%. En Venezuela ha caído 80% y han salido casi 8 millones de personas en un país de 32 millones. Una catástrofe así no se había visto antes. Esto fue causado por un rumbo político errado. Un mejor marco de políticas podría tener efectos dramáticamente positivos”.

El papel de la diplomacia presidencial y de Estados Unidos ante la ausencia de organismos regionales

Los organismos regionales no han cumplido un papel importante en estos comicios, un vacío que ha intentado llenar la diplomacia presidencial (la desplegada por Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro), así como la estrategia llevada a cabo por Catar, Estados Unidos y Noruega. Gracias a su capacidad de llegada con el régimen, al no haber roto puentes con Maduro, Lula da Silva y Petro han tenido mayor posibilidad de influir en el desarrollo de los comicios. Y Estados Unidos, que con Joseph R. Biden en la Casa Blanca ha desarrollado frente a Maduro la estrategia del palo y la zanahoria, diferente a la confrontación de la época de Donald Trump, ha conseguido que tengan lugar unos comicios semicompetitivos, con una oposición democrática unida y con opciones de ganar. Esto es lo novedoso de este proceso.

Sin esa estrategia del palo y la zanahoria de Estados Unidos, quizá no habría hoy la posibilidad de llevar a cabo unas elecciones en las que la oposición, pese a todas las irregularidades y las limitaciones, tenga posibilidades de ganar. La Casa Blanca exigía a Caracas comicios transparentes que, a cambio, buscaba el fin de las sanciones, a la vez que presionaba con el tema migratorio a Washington. La amenaza chavista consiste en que la prolongación de las sanciones profundizaría la crisis, lo que impulsaría una nueva oleada migratoria hacia Estados Unidos ante la cual Venezuela no intervendría. Y, como es sabido, el tema migratorio tiene un alto nivel de sensibilidad política electoral en los Estados Unidos en plena campaña electoral.

A finales de 2023, uno de cada cuatro inmigrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza por entrar ilegalmente en Estados Unidos a través de la frontera con México, eran venezolanos. Sumaron 1800 detenciones diarias de venezolanos que, por primera vez, superaban a los mexicanos. Y 66% de los migrantes que pasaron por el tapón de Darién en los últimos tiempos, también son de origen venezolano. De esta forma, el régimen de Caracas colocaba en una disyuntiva al gobierno de Biden: afrontar una escalada de la presión migratoria en un año electoral en Estados Unidos con el tema migratorio como principal bandera de su rival Trump.

El resultado de este cruce de estrategias fueron los Acuerdos de Barbados, de octubre de 2023. Las delegaciones del gobierno de Maduro y la PUD firmaron un documento en el que se fijaba un proceso electoral con garantías y con un cronograma claro: elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024. El penúltimo punto del acuerdo señalaba que se promovería “la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos” para participar en la elección presidencial, aunque advertía que eso será “siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley”. Este añadido era una espada de Damocles sobre Machado, quien arrastraba una inhabilitación para ser candidata. El gobierno de Maduro, por su parte, reconstruyó los puentes con Estados Unidos y logró la flexibilización de las restricciones sobre el petróleo venezolano: la primera medida de Washington fue conceder una nueva licencia para que Shell operara en el campo venezolano de Dragón. Era la flexibilización de un embargo petrolero que había estado vigente desde 2019.

Sin embargo, el régimen ha ido incumpliendo tanto el espíritu del Acuerdo como su contenido: en el Acuerdo se anunciaba, como se mencionó, “la solicitud de invitación” a misiones técnicas de observación electoral, como la de la Unión Europea, a la que finalmente no se le ha permitido participar. Otros incumplimientos fueron los obstáculos puestos a la inscripción de los votantes en el extranjero y, sobre todo, haber mantenido no solo la inhabilitación a Machado (cuyo 90% en las internas asustó al régimen), sino también haber impedido la inscripción de su sustituta, Corina Yoris. Esto llevó a que Estados Unidos suspendiera la licencia de exportación a partir de mayo de 2024, pero sin llegar a tomar medidas más radicales, ya que el régimen, bajo fuerte presión nacional e internacional, permitió la inscripción de González Urrutia como el candidato de unidad de la oposición democrática.

Además de Estados Unidos, la diplomacia presidencial de Lula da Silva y de Petro planeó sobre Venezuela. Su buena relación con Maduro les permitió tener capacidad de llegada, y sus palabras críticas hacia el régimen provocaron que este no pudiera eludir la participación de una candidatura opositora competitiva. Incluso, los presidentes de Brasil y de Colombia discutieron “la posibilidad de un plebiscito” para llegar a un “pacto democrático” entre el gobierno y la oposición venezolanas. De momento, esta última iniciativa no prosperó.

Lula da Silva y Petro presionaron al régimen para que permitiera unas elecciones competitivas. Empezaron cuestionando, en marzo de 2024, la imposibilidad de Yoris de registrar su candidatura. La Cancillería de Colombia expresó su “preocupación” por las “dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de la oposición” al intentar postular a sus candidatos. Desde Brasilia, en una comparecencia conjunta con el Presidente francés, Emmanuel Macron, Lula da Silva declaró que no había habido una explicación oficial de por qué Yoris no había podido inscribir su candidatura. El mandatario brasileño calificó de “grave” el hecho y añadió: “No tiene explicación jurídica ni política prohibir a un adversario ser candidato”. En abril de 2024, el Presidente brasileño calificó de muy positivo y “extraordinario” que la oposición hubiera lanzado la candidatura de González Urrutia. Era un mensaje indirecto al gobierno bolivariano para que no impidiera que esta candidatura se concretara. En junio, Lula da Silva subrayó la “importancia” de una amplia observación internacional en las elecciones, mientras que Petro trató de impulsar la firma de un acuerdo para que se respeten los resultados electorales. A días de las elecciones, Lula da Silva le marcó aún más la cancha al régimen: admitió haberse “asustado” cuando Maduro dijo que correría sangre en caso de ganar la oposición. Y añadió: “Maduro tiene que aprender que cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas”. En el mismo sentido se pronunció el Expresidente argentino, Alberto Fernández: “Si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar; punto, se terminó; así es la democracia”.

Una compleja gobernabilidad a futuro

A lo largo de todo 2024, las elecciones (su celebración, las condiciones del proceso electoral, sus resultados e incluso la aceptación o el rechazo de estos) han estado rodeadas por la incertidumbre. Y muchas más incertezas rodean a la futura gobernabilidad tanto si gana la oposición como si lo hace el oficialismo.

Si gana la oposición, el futuro gobierno se va a ver rodeado y acosado por un aparato del Estado, una justicia y unas fuerzas armadas completamente chavistas. El futuro gobierno va a tener poco margen de maniobra y casi 6 meses de transición (del 29 de julio de 2024 al 10 de enero de 2025) es un tiempo lo suficientemente largo para que el régimen trate de dejar todo “atado y bien atado”, e intentar estrechar la capacidad de gobernar y hacer cambios del futuro gobierno que se verá obligado a moderar sus aspiraciones de cambio y negociar con el régimen chavista gobernabilidad a cambio de inmunidad. Son varias las voces que están proponiendo que de ganar la oposición se le ofrezca a Maduro y a sus allegados una amnistía para lograr que el régimen acepte los resultados y no intente boicotear la transición.

Además, un futuro gobierno opositor corre el riesgo de tener dos almas: el que encarnaría González Urrutia y el que representa Machado. La campaña opositora ha estado marcada por dos factores: en primer lugar, por la diarquía que se vive en el antichavismo, la existencia de un candidato presidencial (González Urrutia), y una líder carismática pero inhabilitada para presentarse a las elecciones (Machado).

La líder natural e inmensamente popular del antichavismo es Machado, quien de un radical y visceral antichavismo ha sabido ir moderando su lenguaje para atraer a otros sectores, alejados del régimen, pero más pragmáticos. El chavismo, asustado por el fenómeno político nacido en torno a Machado, como ya analizamos, consiguió impedir su candidatura, que se situaba con más de 70% de intención de voto en las encuestas de abril de 2024. En la interna de la PUD, en octubre de 2023, Machado superó 90% de apoyo. Luego, el régimen bloqueó asimismo la candidatura de su sustituta: Yoris. La idea era no dejar a la oposición otra opción que salirse de la ruta electoral y boicotear las elecciones, pero ocurrió todo lo contrario.

En medio de este complejo y desafiante escenario, la oposición fue capaz de dejar a un lado las ambiciones personales y reunirse en torno a una figura de bajo perfil, de mensaje moderado, que apelaba a la concordia y quien incluso había trabajado a las órdenes del régimen al comienzo del mandato de Chávez. El diplomático González Urrutia, de 74 años, terminó siendo el candidato de la PUD con el pleno apoyo de Machado y de figuras como el exgobernador Manuel Rosales, quien también buscaba la candidatura presidencial.

González Urrutia y Machado han conformado un excelente tándem político —por ahora unido y cohesionado— que reúne el magnetismo y un liderazgo carismático de gran arrastre popular (Machado) con un liderazgo transaccional inequívocamente democrático, como el de González Urrutia.

Ha sido la campaña del viento y el león. Combina a una Machado que encarna la fuerza de un león con González Urrutia convertido en un viento suave en las formas, pero constante, que acaba calando. Machado recorre el país en olor de multitudes y ha sido capaz de transferir gran parte de su popularidad al candidato. Machado es un fenómeno político que ha venido moderando sus posiciones: de asegurar que iba a “derrotar a la tiranía”, ahora ha pasado a asegurar que: “Si gano las primarias, lideraré un proyecto común que no va a buscar revanchas ni a pasar facturas”.

El mensaje de González Urrutia se mueve igualmente entre apelaciones a la concordia, a una transición sin venganzas, a recuperar la economía y a apostar por la institucionalización. Este operador político vinculado al Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), de tendencia socialcristiana, ha trabajado mucho tiempo en la retaguardia, ha sabido navegar en el mundo de la academia y la burocracia y ahora también ante las masas. Arropado por Machado, un veterano diplomático ha pasado de ser un gran desconocido a que se haga popular la frase “Todo el mundo con Edmundo”.

La gran duda es si ese tándem podrá durar a futuro cuando el transaccionismo de González Urrutia choque con las por ahora contenidas ideas más rupturistas de Machado quien sin duda tiene en el horizonte ser presidenta, lo cual pasa por no defraudar las expectativas que recaen sobre ella.

El otro escenario es un triunfo del gobierno, poco probable según las encuestas, pero que no hay que descartar por completo. En esta hipótesis, el chavismo va a tener que gobernar un país con una oposición empoderada, con un liderazgo nacional y potente como el de Machado, y en un contexto internacional crecientemente hostil al régimen de Maduro. En ambos casos, triunfo opositor u oficialista, la única solución es el pacto y el diálogo, como sostiene Ramón Jaúregui, “(El chavismo en caso de triunfo) no podrá desoír a la mitad del país que ha votado en su contra, ni podrá́ contar con una asamblea legislativa que en 2025 se renovará y dará lugar, seguro, a un abanico partidario plural, con el que deberá contar, en cualquier caso. Tendrá que pactar, en definitiva, porque necesita que la comunidad internacional valide las elecciones y levante las sanciones a su economía. Si gana la candidatura de González Urrutia, la transmisión de poderes, desde principios de agosto de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, en que tome posesión, será un proceso delicado y peligroso en el que tiene que producirse un desmontaje institucional del chavismo, lleno de renuncias y cesiones. Será necesario un pacto generoso de perdón colectivo para que esa transmisión se produzca lealmente”.

La duda es si existirá voluntad política para optar por ese camino (ambos sectores deberán estar dispuestos a comer “sapos” y a poner en marcha lo que en Colombia se ha llamado “justicia transicional”) o la inercia histórica de polarización y odio seguirá conduciendo al país a un empate catastrófico entre chavismo y antichavismo.

Conclusiones

La estabilidad de Venezuela y el futuro de la democracia en este país están en juego en las elecciones del domingo 28 de julio de 2024. Esto se debe a que Venezuela se enfrenta a una situación que puede oscilar entre el triunfo de un gobierno de carácter autoritario si el régimen no reconoce la victoria, o el peligro de un estallido social en caso de fraude masivo o alteración de los resultados. Unas protestas que pueden degenerar en una dura represión, ya que el gobierno de Maduro no solo tiene capacidad represiva, sino que las fuerzas armadas están comprometidas con la supervivencia de un régimen en el que han logrado prosperar y ocupar puestos de poder político e influencia institucional.

Además, en Venezuela, como en Guatemala en 2023, está en juego la supervivencia de la institucionalidad democrática. En este caso, también está en juego la posibilidad de reconstruir una institucionalidad democrática muy deteriorada y que requiere ser inclusiva. Maduro ha prometido un diálogo con la oposición para reconstruir la institucionalidad, pero su promesa no es muy creíble atendiendo a los precedentes y a cómo percibe a la oposición (más como un enemigo que como un rival). González Urrutia ha puesto como uno de los puntos claves de su gobierno la reconstrucción de la institucionalidad, pero su margen de acción va a ser muy restringido.

Asimismo, la estabilidad de Venezuela es clave a escala regional, ya que una Venezuela sumida en un permanente conflicto político con un gobierno deslegitimado o débil es un caldo de cultivo para que la crisis migratoria siga escalando, afectando tanto a los países de la región como a Estados Unidos, o para la consolidación de grupos delictivos, como el Tren de Aragua o las bandas armadas colombianas que han utilizado el territorio venezolano para su expansión.

Latinoamérica y el mundo tienen en Venezuela un enorme desafío por su capacidad para socavar la gobernabilidad regional e internacional. En poco más de una década (2013-2024), ha pasado de ejercer un cierto liderazgo latinoamericano e incluso internacional durante el periodo protagonizado por Chávez (1999-2013) a convertirse en un Estado cuasi fallido bajo la presidencia de Maduro (2013-). En estos años, se ha expulsado a millones de personas, incrementando la presión migratoria en los países vecinos (y en toda Sudamérica), Estados Unidos y España. Venezuela es una plataforma de exportación de droga a la Unión Europea a través de diversas rutas africanas. También es un santuario para diversos grupos criminales, como el colombiano Ejército de Liberación Nacional. Políticamente, ha profundizado sus tendencias iliberales y autoritarias. Desde una perspectiva geopolítica y de política internacional, se alinea con regímenes autoritarios, como los de China, Rusia e Irán. Regionalmente, apoya a Cuba y Nicaragua, y desempeña un papel desestabilizador por su presión en el Esequibo, en la frontera con Guyana.

En resumen, las elecciones venezolanas han iniciado su cuenta regresiva. No estamos ante unas elecciones democráticas y competitivas, sino semicompetitivas que tienen lugar en un régimen autoritario-competitivo. Los niveles de transparencia e integridad electoral son bajos. La cancha está claramente inclinada en favor del gobierno. Las condiciones de la competencia electoral no son equitativas: prevalece el ventajismo oficialista. El órgano electoral responde al chavismo. La libertad de expresión es muy reducida. No hay garantías de que el régimen de un manotazo a último momento, haga un fraude o desconozca los resultados si estos le son adversos. Empero, la oposición democrática está unida, cuenta con un amplio apoyo ciudadano que busca un cambio después de 25 años de chavismo y, pese a todas estas irregularidades y ventajas del oficialismo, le puede ganar. El nivel de participación electoral y la distancia entre González Urrutia y Maduro son dos cuestiones clave a tener muy en cuenta.

Se vienen días complejos, tensos y decisivos, no solo previo a las elecciones, sino, sobre todo, el día después de los comicios. Es mucho, muchísimo, lo que está en juego no solo en Venezuela, sino también para la región y la geopolítica a escala mundial. Como bien advirtió Lula da Silva: “La única manera de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo. (…) Si Maduro quiere contribuir a resolver la vuelta del crecimiento económico en Venezuela, el regreso de las personas que salieron de Venezuela, y establecer un estado de crecimiento económico, tiene que respetar el proceso democrático”.

¿Hará caso Maduro a los consejos de Lula da Silva? De momento, no hay indicios claros de cómo reaccionará el régimen en caso de perder las elecciones, tanto en relación con la aceptación de los resultados como acerca de su comportamiento durante los largos 6 meses de transición hasta la entrega del poder el 10 de enero de 2025. El que sí se pronunció, el martes 23 de julio de 2024, fue el hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, quien en una entrevista con el periódico español El País aseguró que, de producirse la derrota, el régimen la reconocería, como ya lo hizo en 2007 y 2015, y se iría a la oposición. Al cierre de este artículo, restan apenas 72 horas para el domingo 28 de julio. Todos los escenarios están abiertos.

Fuente: Foreign Affairs América Latina