Un informe de la Oficina de Comercio y Política Manufacturera de Estados Unidos ha acusado a Chile, junto a otras 39 economías, de participar en un esquema de evasión de aranceles por medio del “transbordo ilegal” de mercancías de origen chino. De acuerdo con el documento, esa práctica se materializa por medio del reempaque, reetiquetado o refacturación de productos en un tercer país antes de ingresarlos a EE.UU.; de esta manera, la industria china eludiría las tarifas más elevadas que le ha impuesto la administración norteamericana.
La inclusión de Chile en la lista se produce solo tres semanas después de que la Casa Blanca estableciera un arancel del 12,5% para poco más del 40% de los envíos del país a EE.UU. —medida que incluyó a 60 países—, a pesar de la existencia de un TLC desde 2004.
En estas páginas, el exasesor internacional del Presidente Piñera y hoy académico en Nueva York, Benjamín Salas Kantor, ha subrayado que Chile no ha sido objeto de sanciones específicas, ya que las decisiones de Washington en materia comercial son de alcance global; a su juicio, algo similar ocurre, en términos de defensa y seguridad nacional, con “el revival de la doctrina Monroe”. Para el experto, en estos asuntos “no hay que pensar en clave bilateral”, pero sí “fijar bien dónde están las líneas rojas jurídicas”; en su opinión, el Gobierno “está hábilmente navegando” en un escenario internacional difícil.
La semana pasada, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, pidió a los países del Escudo de las Américas sumarse a una fuerza unificada y mando central para combatir al crimen organizado y el narcoterrorismo, reclamó incrementar el gasto militar y demandó a los miembros del bloque abandonar la Corte Penal Internacional.
Si bien el Presidente Kast asistió a la conformación del Escudo de las Américas antes de asumir, y el Gobierno adhirió después a la declaración de intenciones del grupo, el ministro de Defensa, Fernando Barros, ha precisado los límites que tendría una eventual intervención de Chile en esa alianza: en el marco de la Constitución y las leyes —y sus reglas respecto del despliegue de las FF.AA.—, priorizar la respuesta policial antes que militar ante el crimen y resguardar la soberanía de cada Estado. Barros, quien justificó la imposición unilateral de aranceles, ha recordado que “desde el punto de vista de Chile, no somos el patio trasero de nadie”.
La presión de EE.UU. en la región, en el contexto de la competencia global que libra con China, es un desafío complejo para Chile, tanto comercial como político. El director del Centro de Estudios Internacionales UC, Jorge Sahd, ha escrito que nuestro país no puede darse el lujo de escoger entre uno u otro, aunque “pretender” administrar las dos relaciones por carriles separados sería desconocer la creciente rivalidad estratégica.
Una amplia mayoría de los analistas ha coincidido que, en este cuadro, las afinidades político-ideológicas no han sido garantía de mejor trato. Los intereses permanentes y de largo plazo del país, en dimensiones como la economía y de la seguridad, requieren que las relaciones con EE.UU. y China sean manejadas con criterios de realismo, pragmatismo, flexibilidad y sentido de Estado.
“Los intereses del país requieren que las relaciones con EE.UU. y China sean manejadas con realismo, flexibilidad y sentido de Estado”.
