Mucho se ha hablado sobre los beneficios que el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP, en sus siglas en inglés) representa para el comercio, nuestras empresas y emprendedores. El Tratado es una oportunidad para Chile de fortalecer sus vínculos comerciales con países que en su conjunto representan el 40% del PIB mundial y más del 25% del comercio internacional. Lo novedoso es que el TPP contiene además una serie de materias que impactarán al sector público y sus organismos ¿Estará el Estado a la altura del desafío?
Entre otras cosas, el acuerdo establece normas sobre transparencia y anticorrupción, aperturas de los portales de compras públicas para las empresas extranjeras, marco de acción para las empresas del Estado, y la promoción de la coherencia regulatoria de los distintos entes públicos. De esta manera, las normas desafían al Estado en cuanto a su nivel de gestión y funcionamiento, buenas prácticas y calidad de sus regulaciones. Esta tarea sin duda deberá ser abordada como una política de Estado hacia el futuro.
Cabe plantearse algunas preguntas. Con la apertura de los portales de compras públicas para compradores extranjeros de los Estados miembros ¿estará preparado nuestro portal para garantizar igualdad de trato a compradores nacionales y futuros compradores internacionales? ¿Debería el TPP animar a nuestros legisladores a aprobar la ley de gobiernos corporativos de las empresas del Estado? ¿Cómo se están preparando organismos como Aduanas, el SAG, el ISP o el SII para mejorar su coordinación interinstitucional y así lograr una mayor coherencia regulatoria exigida por el TPP? ¿Será el momento de promover buenas prácticas regulatorias, como son los estudios de impacto y la evaluación de la calidad de nuestras políticas públicas? ¿Tenemos una Aduanas preparada para dar cumplimiento efectivo a la facilitación del comercio? ¿Hemos pensado en nuevas medidas para seleccionar y capacitar funcionarios públicos en aquellos cargos particularmente vulnerables a la corrupción o conflictos de interés?
Como vemos, este acuerdo involucra una multiplicidad de temas que afectan el aparato administrativo y regulatorio de los Estados miembros. Así, El TPP no sólo busca derribar barreras comerciales estableciendo un denominador común para los negocios del Asia-Pacífico, sino también una base necesaria para que el Estado contribuya en la promoción el comercio, la inversión y el crecimiento económico de los países.
En los próximos meses los países deberán firmar el acuerdo, luego de lo cual habrá un plazo máximo de dos años para su discusión y aprobación en los respectivos congresos. Ese período será una inmejorable oportunidad para que el Estado y sus organismos puedan ponerse a punto en aquellos aspectos deficitarios, logrando así no sólo el éxito del TPP en su negociación y firma, sino también en su implementación.
Fuente: La Tercera