La culminación de la protesta de los taxistas y colectiveros contra las aplicaciones Uber y Cabify del jueves, fue la entrega de una carta en la oficina de partes de La Moneda donde se denuncia lo que consideran son una serie de ilegalidades cometidas por las mentadas aplicaciones.
El gremio de los taxistas da por sentadas dichas ilegalidades y las ha pregonado a los cuatro vientos como un mantra. Pero una cosa es denunciar y otra cosa es ir a la letra chica del asunto. Por lo menos es muy distinto para el profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica Jorge Sahd.
Sahd no ve ilegalidad por ninguna parte en las aplicaciones de Uber y Cabify y para graficarlo, utiliza pasajes de la carta entregada por los propios taxistas. Dice la carta:
1.- Las actividades de Uber y Cabify 'tienen carácter de delito'.
Responde Sahd: 'El que una actividad económica, como el caso de estas plataformas tecnológicas, no esté regulada en la ley, no significa que sea ilegal. Bajo ese argumento, cualquier innovación en el mercado sería ilegal por no estar contemplada en la ley. En materia de relaciones comerciales, las personas pueden hacer todo aquello que no esté prohibido expresamente. Porque en derecho, para que una conducta sea delito, debe estar expresamente descrita en el Código Penal. Y aquí no se describe que sean delito las innovaciones en la economía. Por lo tanto no hay delito'.
2.- Uber y Cabify no cumplen las normas del Ministerio del Transportes (MTT) porque sus choferes tienen licencia clase B, sus vehículos no están sometidos a las mismas revisiones técnicas de los taxis básicos y no cuentan con seguros a choferes y pasajeros.
Sahd: 'De partida, Uber y Cabify no son un transporte público de pasajeros. No tienen patente de taxis, no pueden ir por las vías exclusivas, no tienen un color distintivo. Son un transporte privado que está regulado por el Decreto 80 del MTT del 2004 y cuyo espíritu busca mejorar la calidad del transporte público y privado. La pregunta que hay que hacerse aquí entonces es: estas plataformas, ¿están contribuyendo a mejorar la calidad del transporte público y privado? Todo apunta a que sí. Pero, claro, falta una regulación mínima para que Uber y Cabify compitan en igualdad de condiciones con los taxis. Esto es, que haya un registro de estos autos, que paguen los impuestos correspondientes, y que tengan seguros. Aunque hasta donde yo sé, Cabify sí tiene seguros comprometidos'.
3.- El sistema de recogida de utilidades de Uber y Cabify se presta para 'la evasión tributaria'.
'No me consta que eso suceda, pero de todas maneras sería algo muy fácil de solucionar. Basta que las empresas paguen por la comisión que reciben (que es un 25% de las carreras) y que los choferes declaren impuestos ante el SII. El SII puede dictar una normativa al respecto perfectamente'.
4.- Ante una mala atención, el usuario Uber 'no podría reclamar ante el Sernac porque se trata de una actividad ilegal'.
'Esto es incorrecto. Primero, lo que han dicho los usuarios es que el servicio es más barato, es seguro, es eficiente y valora que se pueda evaluar al conductor. Y si una persona se siente atropellada en su derecho de consumidor, Cabify y Uber tienen constitución legal en Chile, tienen una sede y al ser personas jurídicas, se puede reclamar ante el Sernac por un bien o servicio'.
5.- Por añadidura, y esto no lo plantean en la carta que llegó a La Moneda pero sí a viva voz, los dirigentes han exigido que se prohíba la aplicación de Uber y Cabify.
'Sería absolutamente ilegal. No hay una prohibición de generar este tipo de aplicaciones'.
Fuente: Las Ultimas Noticias