Por Gabriel de la Fuente, Subsecretario General de la Presidencia.
Los objetivos para esta agenda constituyen un compromiso permanente del Estado con el fin de lograr mayor transparencia, probidad y, por sobre todo, confianza de la ciudadanía en instituciones.
Un 11 de mayo de 2015 la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció su Agenda de Probidad. Tal vez la agenda más ambiciosa de las elaboradas en Chile sobre esta materia. Fueron más de 30 compromisos asumidos de cara al país. Algunos requerían sólo de medidas administrativas y otros de una ley. Los primeros ya se cumplieron. Los de orden legal se han ido cumpliendo dentro de los plazos establecidos y ya tenemos gran parte de ellos aprobados.
La ciudadanía es testigo del impacto de estas medidas: calles más limpias en períodos de campañas electorales; información clara y transparente del patrimonio de las autoridades públicas para prevenir los conflictos de intereses; mayor regulación del financiamiento de la política y la prohibición de aportes de empresas a partidos y candidatos; pérdida del cargo para quienes infrinjan gravemente las leyes sobre financiamiento electoral; autonomía del Servel; fortalecimiento del Servicio Civil para proveer al Estado de funcionarios públicos con las mejores capacidades y penas de cárcel para los agentes económicos que se coludan. Queda aún por terminar la tramitación de los proyectos que buscan una mejor regulación de los conflictos de intereses; el endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción y cohecho y el mejoramiento en la protección de nuestros datos personales.
Los objetivos fijados para esta agenda constituyen un compromiso permanente del Estado con el fin de lograr mayor transparencia, probidad y, por sobre todo, confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, tanto públicas como privadas. Este compromiso lo hemos asumido con la ciudadanía y también con nuestros países hermanos. Desde nuestro rol de coordinador de la Agenda de Probidad y Transparencia en la Política y los Negocios, hemos trabajado en conjunto con la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, para constituir una Red sobre Integridad Pública para América Latina y el Caribe, la cual ofrecerá una oportunidad única para reunir a los principales actores de los sistemas de integridad pública en los países de la región e intercambiar ideas, evidencia y lecciones aprendidas en la implementación de políticas públicas de integridad.