El escenario global es incierto. Todas las instituciones han visto caer sus niveles de confianza y el proteccionismo es apoyado por grupos visibles. Prácticas corruptas que en el pasado eran desconocidas o toleradas, hoy no lo son. La globalización es señalada por algunos como la culpable de la pérdida de empleos y la inmigración como un factor desestabilizador de los países. La crisis de confianza y la baja de las expectativas marcan el orden mundial.
Y el libre comercio no está ajeno a esta influencia. Si en las últimas décadas la integración económica gozaba de amplio apoyo, hoy existe mayor resistencia. Ya no basta con negocia acuerdos, si no van acompañados a una mayor conexión con la ciudadanía y un esfuerzo real de comunicar sus beneficios tangibles. Casi sin pensarlo, el reciente proyecto de ley que moderniza el Ministerio de Relaciones Exteriores nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestra política exterior y la inserción de Chile en el mundo.
En materia económica, el proyecto crea una nueva institucionalidad a través de una Subsecretaría de Relaciones Económica Internacionales (SREI). Además, establece una instancia de coordinación interministerial para priorizar las negociaciones económicas internacionales y una unidad de defensa de Chile ante los tribunales internacionales, para hacerse cargo de temas sensibles como las disputas inversionista-Estado.
La visión del proyecto en materia de relaciones económica debiera apuntar a contar una política comercial y de inversiones (PCI) integrada. En la actualidad, las negociaciones no se limitan a rebajar aranceles, sino que incluyen temas de nueva generación. Estándares laborales y medioambientales, propiedad intelectual, agenda digital, compras públicas y trnsparencia, forman parte de una larga lista de materias que no sólo tienen impacto en el comercio, sino también en reglas de juego claras y comunes que favorecen la inversión. Un buen ejemplo es la última declaración del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, donde parte importante se refirió a marcos regulatorios comunes entre los países para facilitar la inversión. La integración ya dejó de ser sólo comercial, lo es también en regulaciones y políticas públicas.
Para tener una PCI integrada, coherente y coordinada, el proyecto de ley debiera proponer que las agencias encargadas en la promoción de las exportaciones (ProChile) y fomento de las inversiones (InvestChile) estén bajo una misma dependencia. Esto podría concretarse estableciendo su dependencia en la flamante Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. A diferencia del proyecto de ley, la propuesta consistiría en convertir a la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), que en la práctica diseña políticas, en esta nueva subsecretaría. Así, no se generaría una burocracia y duplicidades innecesarias derivadas de contar con una SREI y una Direcon simultáneamente.
En nuestra propuesta, la SREI (es Direcon), sería la institución que lidere la política comercial y de inversiones, a partir de los lineamientos definidos por un comité de ministros de negociaciones internacionales. Por su parte, las agencias encargadas de promover nuestras exportaciones y de atraer inversión extranjera actuarían de manera más coordinada y eficaz, bajo una misma dependencia y aprovechando las oficinas comerciales de Chile en distintos países. Esto se haría cargo de la actual fragmentación en nuestras acciones de promoción.
Si queremos tener una PCI de primer nivel, no deberíamos descuidar otros aspectos claves que no forman parte del proyecto. Un fortalecimiento de la comisión anti distorsiones, la modernización de nuestra aduana y puertos, y la implementación de una evaluación de impacto regulatorio que promueva normas pro-inversión y comercio, podrían poner a Chile en un buen sitial. No desaprovechemos la oportunidad que nos ofrece el proyecto de ley para contar con una Política Comercial y de Inversiones integrada y moderna, que permita a Chile dar un nuevo impulso a su desarrollo.
