Con sincero pesar nos imponemos a diario de las difíciles situaciones con que hoy se debate la institucionalidad republicana y que de no mediar una reacción decisiva de las propias entidades públicas y privadas cuestionadas, difícilmente la ciudadanía las entenderá y les devolverá el prestigio que tradicionalmente tenían.
De allí que me permito constructivamente requerir de los órganos internos de nuestro querido Senado, lugar de encuentro de los grandes acuerdos, que pongan de nuevo en la tabla de su Comisión de Administración un completo Proyecto de Asesorías Parlamentarias que propuse en mi último período como presidente del Senado (2005-2006) y que fuera encomendado a destacados profesionales de las diferentes inclinaciones políticas allí representadas.
Estas asesorías parlamentarias están propuestas en un completo informe que debiese ser puesto nuevamente encima de la Mesa de los Acuerdos. Esta consideraba el reemplazo de las actuales y controvertidas asesorías por unas que prestasen asesores (staffers, en el Senado de EE.UU.) dependientes de la propia institucionalidad de la Cámara Alta y de la Biblioteca del Congreso, que permitirían que se integrara y realizara por profesionales destacados de distintas orientaciones de pensamiento, previa y debidamente calificados, para que pudiesen asesorar y desarrollar sus funciones en una acción enteramente dependiente del Senado, a elección reglamentada de los senadores, y así evitar interpretaciones y cuestionamientos que las más de las veces afectan a quienes correcta y honestamente desempeñan la delicada y patriótica función del servicio público por algunos que lo entienden erróneamente como servicio propio.
Es esencial para la república que el prestigio de sus instituciones sea parte de las responsabilidades prioritarias de sus miembros y de quienes consideramos su acción como fundamental para el mejor desarrollo democrático del país.
Fuente: El Mercurio
