El fin de la institución de los senadores designados, en marzo de 2006, no solo marcó un hecho político en el país. Trajo también una serie de modificaciones en el sistema de trabajo del Congreso y en sus respectivas comisiones, y liberó una buena cantidad de recursos que habían sido aprobados el año anterior, en la Ley de Presupuestos.
Ya en esa época existía coincidencia sobre la necesidad de mejorar el sistema de asesorías legislativas, que empezaba a despertar suspicacias, y aparecían los primeros reportajes alertando sobre posibles abusos. Fue en ese marco en que surgió una propuesta que -en lugar de seguir con las contrataciones individuales de colaboradores por parte de cada congresista- buscaba instalar un cuerpo de asesores estables que prestaran apoyo técnico y político a los parlamentarios, fórmula inspirada en los conocidos staffers del Congreso de Estados Unidos. Todo, financiado con los nuevos dineros disponibles luego del fin de los designados.
Pero la idea, impulsada por el RN Sergio Romero (presidente del Senado entre marzo de 2005 y marzo de 2006), no logró entusiasmar a la mayoría de sus colegas. Cuando la expuso, algunos, liderados en ese minuto por el entonces senador Carlos Cantero, propusieron como alternativa potenciar el trabajo de asesoría legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), y establecerla como puente de intercambio de información entre el Congreso y la ciudadanía, idea parcialmente llevada a la práctica (ver recuadro).
Respecto de los staffers , sin embargo, primó el escepticismo y se optó por destinar los nuevos dineros a incrementar los recursos que cada parlamentario puede utilizar libremente para encargar las asesorías que estime: el mecanismo que hoy se encuentra en crisis, y es objeto de denuncias periodísticas y de una investigación de la fiscalía.
Elaboración de informe reunió a especialistas de todas las tendencias
Fue en conversaciones con Carl Meachan, asesor del senador republicano Richard Lugar, cuando Romero se interiorizó de la operatoria de los staffers en el Congreso estadounidense. Entonces, convocó a cuatro expertos en temas legislativos que representaban a los distintos think tanks y sensibilidades que asesoraban a los parlamentarios: Rafael Blanco (ligado a la DC), Axel Buchheister (de Libertad y Desarrollo), Eolo Díaz-Tendero (cercano al PS) y Marcelo Venegas (vinculado a RN) para que estudiaran el tema. Resultado de ese trabajo fue un informe de 800 páginas, entregado al Senado en abril de 2006.
"El objetivo es instalar un sistema que logre ser eficiente y de alto nivel en la generación de información de alta calidad, y que de manera simultánea logre ser capaz de analizar dicha información desde una óptica política, empática y consistente con las ideas que el sector parlamentario posee", reza dicho informe.
Cuerpos técnicos, como contrapeso a los del Ejecutivo
Los staffers -se planteaba allí-dependerían de los comités de parlamentarios y serían financiados con los recursos del Senado. Así, se proponía instalar en cada bancada un equipo de asesores legislativos encargados de apoyar a los congresistas en sus labores durante todo el período legislativo. El número de asesores sería en proporción a la representación de cada grupo parlamentario.
En las distintas bancadas habría un asesor jefe, cuya tarea sería coordinar y supervisar el trabajo de los demás staffers , asignando tareas. Los funcionarios tendrían un estatuto laboral especial, con derechos y deberes. Para la contratación se efectuaría un concurso público, convocado por los secretarios de la Cámara y el Senado.
En ningún caso se planteó echar abajo toda la red de apoyo que desde 1990 tienen los congresistas para ejercer su labor ni prescindir de la colaboración que prestan centros de estudio. Pero el interés apuntaba de modo concreto a regular y profesionalizar las asesorías, al punto que los staffers no participarían del trabajo que realizan los parlamentarios en terreno ni tampoco de aquellas actividades dentro de la sede del Congreso que no tuvieran estricta relación con las funciones de formación de la ley. La idea era que este cuerpo de asesores sirviera de contrapeso a los equipos técnicos del Ejecutivo.
En una estructura preliminar de costos del programa, se establecía -hace 10 años- que un jefe de Asesoría Legislativa para cada comité o bancada tendría un ingreso mensual de $3 millones de pesos (brutos). Y cada asesor legislativo tendría derecho a un ingreso mensual de $ 2,5 millones de pesos (brutos).
Este proyecto estuvo casi un año en debate hasta que finalmente se desechó.
Fuente: El Mercurio
