Si hay un tema en política pública que llegó para quedarse es el de la transparencia. Lo que lustros atrás parecía ser un exquisito complemento de leyes o una medida correctiva, anunciada a los cuatros vientos como el antídoto a cualquier mal que aquejaba a la administración o a algún poder público, hoy es un estándar sin domicilio sectorial específico ni fronteras determinadas, presente en cualquier nueva regulación.
Toda la región latinoamericana ha entrado al escrutinio de la transparencia, y lo ha hecho más allá del ciclo electoral particular. Este fenómeno ha traído como consecuencia generar un cierto benchmarking de políticas, a partir de diagnósticos similares, especialmente en el campo de los sistemas electorales, tan necesarios para la vitalidad democrática y legitimidad de nuestros representantes. Además, ha contribuido al nacimiento y reforzamiento de órganos de control, que han experimentado cambios importantes en la provisión de facultades, competencias, autonomías y recursos.
Motivados por este contexto, y ante la evidencia de que Chile y Panamá habían vivido procesos similares de perfeccionamiento electoral en los últimos meses, nos embarcamos en la idea de un foro que rescatara lecciones aprendidas en ambos países con el fin de poder compartirlas regionalmente y alentar su discusión con grupos de la sociedad civil, academia y otros actores públicos relevantes. Las más de las veces estos temas son tratados "puertas adentro" en nuestros países, por lo que pensamos que tomar cierta perspectiva comparada en el debate podría ayudar a desprenderse de la endogamia local y darnos cuenta de que somos capaces de arribar a respuestas regionalmente plausibles.
De este modo se dio cita en Panamá un grupo de actores públicos y académicos, convocados por el Tribunal Electoral de ese país, para hablar de aportes a campañas, propaganda electoral, rol del Estado y transparencia como bien público rector en los sistemas políticos.
Y nos dimos cuenta de que las tendencias apuntan en la misma dirección, comenzando por el mejoramiento del marco regulatorio del proceso electoral, clarificando períodos y equilibrando financiamientos públicos y privados, alentando una participación con mayor orientación programática en los contenidos y mejor rendición de cuentas.
Otro punto de convergencia fue también el fortalecimiento del rol en la institucionalidad encargada de fiscalizar las campañas, en el caso de Chile el Servel, y para Panamá el Tribunal Electoral. En ambos procesos de reformas se coincidió en que era regresivo invertir en reformas normativas sin una capacidad efectiva de hacer cumplir las nuevas reglas promovidas.
Por último, un tema novedoso para ambos países ha sido enfrentar el concepto de propaganda electoral, en tiempos de irrupción de las redes sociales, que han modificado el tiempo, espacio y lógica de nuestra comunicación. Aquí el desafío de entender sus alcances e impactos en el campo electoral es una tarea continua.
La iniciativa contó con el valioso acompañamiento del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica (CEIUC), que consolidará las discusiones sostenidas en la jornada con miras a documentar la experiencia y compartirla con agencias, organismos, profesionales o actores sociales de otros países que deseen consultarla.
En síntesis: un ejercicio de diplomacia pública que permite conectar capacidades institucionales, debates y actores diversos para construir un diálogo de largo plazo, en la convicción de que la solidez de nuestro sistema político debe ser un activo de inquietud permanente y preocupación colectiva, que no se reduce a procesos de cambio o temporada electoral. También un esfuerzo por dar a conocer nuestras políticas públicas, en tiempos donde la agenda de renovación electoral está instalada en la región, con un denominador común en la búsqueda de mayores grados de autonomía de los reguladores.
Hernán Larraín F.
Senador UDI, presidente Comisión RR.EE. del Senado
Francisco Cruz F.
Embajador de Chile en Panamá
Fuente: El Mercurio
