Este 2018 se cumplirá una década desde que, el 11 de agosto de 2008, se promulgara la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Son diez años en los que el uso de esta herramienta legal ha ido en constante aumento y en los que también entraron en vigencia otras normas similares, como las de Lobby y de Probidad.
De acuerdo con datos del Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que está a cargo del cumplimiento de la norma, en 2017 se registró el mayor número de recursos de ilegalidad acumulados, al llegar a las 625 acciones.
Se trata de recursos que se pueden interponer ante una Corte de Apelaciones y contra el CPLT por alguna de las decisiones que este haya tomado -tras deliberar un caso de algún usuario disconforme con una respuesta recibida-, tanto por parte de quien solicita información pública como por la institución requerida.
Generalmente, se trata de recursos interpuestos por las instituciones -o por el Consejo de Defensa del Estado, en su representación- luego que el consejo le exigiera entregar la información solicitada al ciudadano.
Durante 2017 se presentaron 134 de estos recursos, 18% más que los 114 de 2016. Considerando los 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia, las instituciones con más recursos de ilegalidad interpuestos son el Servicio de Impuestos Internos (SII) con 47, Carabineros con 32 y el Ejército con 19.
Una revisión a las sentencias de estos recursos arroja que solo en un 16,4% de los casos el consejo resultó desfavorecido, mientras que en un 63,7% terminó respaldando la postura de la institución, es decir, las cortes de Apelaciones han rechazado los recursos estimando que el organismo reclamado "debe entregar la información al solicitante".
Para Marcelo Drago, presidente del CPLT, el número de los recursos está ligado al aumento que ha habido en el uso de la ley, que cada vez suma más solicitudes.
"Si hay más peticiones, la proporción de casos que va a la Corte sube, es parte del sistema", dice Drago, quien añade que "en la gran mayoría de los casos las Cortes ratifican nuestros fallos".
Portal de Transparencia
Por otra parte, durante 2017 también se hicieron 161.103 solicitudes de información pública a través del portal habilitado para exigir este tipo de antecedentes a 761 instituciones estatales, entre ellas ministerios, municipios y universidades públicas.
La cifra representa un alza de 30% en comparación a 2016, cuando se realizaron 123.618 solicitudes. Según la información oficial, entre 2013 y 2017 el Portal de Transparencia recibió 366.856 peticiones de información pública.
¿Cuáles fueron las instituciones más requeridas? Según el balance del consejo, en 2017 la Subsecretaría de Bienes Nacionales lideró esta categoría en el portal, con 8.382 solicitudes, seguida de la Dirección del Trabajo, con 4.315, y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con 3.671.
El aumento no solo se nota en el número de peticiones, sino también en los reclamos que han llegado a las oficinas del CPLT por parte de ciudadanos disconformes con la respuesta de alguna institución. En 2017 hubo 4.601 casos, 239 más que en 2016. Entre 2009 y 2017 el consejo ha recibido 22.479 de estos procesos.
Desafíos pendientes
Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, plantea que la ley "ha ido adquiriendo cada vez más importancia y un rol clave en la actualidad, por el interés que tienen los ciudadanos de saber por qué la administración del Estado toma decisiones".
Drago coincide: "Los cuestionamientos que han habido en ámbitos de probidad, por los casos que han salido, han provocado un empoderamiento ciudadano y esta herramienta les permite acceder a esa información".
Jorge Sahd, académico de Derecho de la Universidad Católica, apunta a los desafíos que quedan por resolver para potenciar la norma. "Un tema en que es necesario avanzar es en cómo se compatibiliza el acceso a la información con la privacidad de datos de terceros", explica.
En esa línea, actualmente se discute en el Senado un proyecto de ley que busca crear una Agencia de Protección de Datos Personales. "Se hace prioritario avanzar en esta norma, para poder continuar con estas materias de probidad", afirma el experto.
Fuente: El Mercurio
